miércoles, 4 de julio de 2018

Detenidos 39 políticos, jefes policiales y empresarios por amañar contratos Casi 600 agentes de la UDEF participaron ayer en los registros y detenciones practicadas por todo el país / Efe

Macrorredada contra el fraude de las cámaras de tráfico

Detenidos 39 políticos, jefes policiales y empresarios por amañar contratos

  • Casi 600 agentes de la UDEF participaron ayer en los registros y detenciones practicadas por todo el país / Efe
    Casi 600 agentes de la UDEF participaron ayer en los registros y detenciones practicadas por todo el país / Efe

Madrid.
  • @_llalvarez
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Hace 9 horas
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La Unidad de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional junto con la Fiscalía Anticorrupción y bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), llevó a cabo ayer la primera fase de la «operación Enredadera», contra el fraude en la adjudicación de contratos públicos para la implantación de sistemas informáticos de gestión policial y control de cámaras de tráfico en vía pública. Casi 600 agentes se afanaron desde primera hora de la mañana de ayer en practicar multitud de registros en sedes de distintas administraciones (ayuntamientos, diputaciones y dependencias de Policía Local), así como para practicar detenciones de mandos policiales, alcaldes, técnicos y empresarios. Al cierre de esta edición, ya se habían practicado 39 detenciones, aunque no se descartan más en los próximos días y, sobre todo, a medida de que los imputados vayan declarando e implicando a más gente. Los registros practicados ascendían ayer a 92 y afectan a administraciones gobernadas por PP, PSOE Y Ciudadanos. Entre los arrestados, destacan el alcalde de la localidad madrileña de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, el empresario José Luis Ulibarri –también encausado en Gürtel– y los jefes de Policía Local de Fuenlabrada (Madrid), José Francisco Cano de la Vega y el «número dos» de Alcobendas, Julio Villegas.
Macrorredada contra el fraude de las cámaras de tráfico
Dos responsables de la empresa que habría logrado «colar» la implantación de su producto en las corporaciones locales también han sido arrestados. Se trata de Aplicaciones Gespol, S. L. una filial de Sacyr, que ya investiga de forma interna lo sucedido. Según ha podido saber este periódico, Gespol estaba instalado en multitud de ayuntamientos de España. La Policía ha acudido, por el momento, a los que se ha detectado una contratación irregular o anómala, pero es probable que investigue en otros ayuntamientos que también lo tengan implantado. Gespol es un sistema informático que comenzó a comercializarse sobre 2009 para el control de las jefaturas de Policía Local. En el sistema se introducían todo tipo de parámetros, ordenanzas, multas de tráfico por calles, seguridad vial, robos en vehículos, en domicilio... De tal forma que condensa todo el trabajo policial y es muy sencillo sacar estadísticas o recuento de determinados delitos con solo pulsar un botón. «Todos los ayuntamientos tienen algo similar en su Policía Local. Gespol se coló en muchos porque estaba muy bien, te hacía enseguida el resumen de la semana o del mes y, además lo avalaba la Comunidad de Madrid y quien era el responsable en aquella época del área de Interior: Francisco Granados», explica un ex jefe policial madrileño. El sistema, por tanto, era muy eficaz, el problema estaba en la contratación del mismo, que se habría producido son un sobrecoste intencionado, sin pasar por concurso público y a cambio, al parecer, de comisiones a políticos y a responsables policiales que daban el «ok» al sistema. Entre los policías destaca el jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, José Francisco Cano de la Vega, que también promocionaba Gespol desde su puesto directivo en Unijepol (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local) junto con Julio Villegas (2º jefe policial de Alcobendas y también detenido en esta operación). También ha sido arrestado el subinespector de la Policía Local de Pinto en funciones de jefe.
Pero además del sistema informático, la empresa proporcionaba el sistema de pantallas de videovigilancia en las dependencias policiales, desde donde se controla en tiempo real las principales calles de una localidad, el tráfico, así como cámaras instaladas en semáforos y radares. De hecho, los investigadores sospechan que, además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria, manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta con finalidad puramente recaudatoria.
A los investigados les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación, entre otros.

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