sábado, 23 de febrero de 2013

ENTREVISTA CON JULIO VALDEON .


ENTREVISTA CON JULIO VALDEON . «En la Edad Media, España ya existía como idea»
Enamorado de Castilla y defensor de una visión heterodoxa de lo castellano, en abierta oposición a la lectura imperial que de ella quiso hacer el franquismo, Julio Valdeón Baruque se especializó en Historia Medieval por influencia de Luis Suárez Fernández.
Nacido en Olmedo, Valladolid, en 1936, dentro de una familia republicana, e influido por la tradición marxista, es uno de los principales renovadores de la historiografía medieval española

ENTREVISTA CON JULIO VALDEON . «En la Edad Media, España ya existía como idea»
Entrevistado por ASUNCION DOMENECH y ARTURO ARNALTE 

PREGUNTA.- ¿Desde cuándo se puede hablar de  España?
RESPUESTA.- Si nos referimos a la nación-Estado, desde el siglo XIX. Pero la idea de España como un cuerpo político existe en la Edad Media, aunque fuera entre las minorías. Incluso algunos escritores del final del Imperio romano aluden a lo hispano no sólo como territorio, sino también como formas de vida y costumbres.

P.- La idea medieval de España, ¿la tienen sólo los cristianos?
R.- La palabra España es cristiana, pero  los musulmanes aplicaron un término referido al conjunto de la Península, Al Andalus, y los judíos hicieron lo mismo, Sefarad. Siempre se ha dicho que Al Andalus y Sefarad son sinónimos de España.

P.- ¿Ha quedado luego algo de Al Andalus y Sefarad en España?
R.- Ocho siglos de coexistencia han dejado huellas. Una muestra es la cantidad de palabras de origen árabe. Del judaísmo también hay herencia, porque muchos judíos aceptaron la conversión al cristianismo. Además, los judíos preocupaban más.

P.- ¿En qué sentido?
R.- Porque eran atacados por la Iglesia, que los llamaba «deicidas». Se les acusaba de usura, aunque sólo la practicara una minoría. En cambio, los musulmanes que quedaban eran más modestos, obreros, labradores, y preocupaban menos.

P.- ¿La convivencia entre las tres culturas fue real?
R.- Más que convivencia, habría que decir coexistencia. Alfonso X el Sabio (1221-1284) tuvo mucha relación con judíos y musulmanes en la Escuela de Traductores de Toledo. Sin embargo, en su obra Las Partidas se lee: «Los judíos están como testimonio de que mataron a Cristo y con la esperanza de que algún día se conviertan». Decir «os admitimos porque os daréis cuenta de vuestro error» no es tolerancia. Pero probablemente coexistieron más que en otros países de Europa. Cuando los cristianos llegaron a Toledo, Alfonso VI (1040-1109) firmó el decreto llamado Carta inter cristianos et judeos, que establece que hay que tratar igual a unos que a otros.

P.- ¿Cómo hay que entender los progromos de 1391?
R.- La razón principal fue la guerra entre Pedro I el Cruel y su hermano Enrique de Trastamara. Enrique, un bastardo de Alfonso XI (1311-1350) que aspira al trono, acusa a su hermano de protector de los judíos. Era una forma de ganarse al pueblo. Las matanzas de judíos de 1391 fueron consecuencia de esa guerra de tres años, que tiene muchas similitudes con la Guerra Civil. Tuvo lugar entre 1366 y 1369, o sea, múltiplos de tres, como entre 1936 y 1939. Intervinieron extranjeros en ambos bandos, igual que en la Guerra Civil. Y cuando Enrique II, antes de acabar la guerra, se proclamó rey, lo hizo en las Huelgas de Burgos, donde Franco se proclamaría jefe del Gobierno del Estado español. Enrique era un cruzado y Franco, el dirigente de la «cruzada de liberalización nacional».

P.- ¿Cómo hay que interpretar la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos?
R.- Tras el fin de la Guerra de Granada y la puesta en marcha la Inquisición, pensaron que la mejor forma de evitar que los conversos judaizaran en secreto era que no tuvieran conexión con judíos de verdad. Por eso se les conminó a convertirse o a irse.

P.- Se ha escrito que el decreto de expulsión era muy duro, precisamente para que prefiriesen convertirse.
R.- Parece que, como mucho, se fueron cien mil, entre todos los reinos: Castilla, Aragón y Navarra. Bastantes volvieron después y parece que los que se fueron, salvo excepciones, eran los más pobres.

P.- En cuanto a los musulmanes, ¿cómo valora el papel de la Reconquista como seña de identidad española?
R.- La conciencia de Reconquista sólo la tuvo una minoría, que especulaba con el retorno a la unidad de los tiempos visigodos. Pero, al principio, la presencia musulmana en la Península fue muy tolerante. La buena relación se quebró con la disgregación del Califato en las taifas y cuando llegaron invasores más integristas, los almorávides (siglo XI) y los almohades (siglo XII). P.- Los musulmanes que pasaron el Estrecho no fueron muchos y parece que la islamización se produjo con los propios habitantes de la Península. R.- A mediados del siglo X, en la época de Al Hakam II, casi el ochenta por ciento de la población cristiana había aceptado la religión musulmana. El historiador Pierre Guichard ha demostrado que hubo una islamización de las relaciones conyugales, familiares y de otros muchos aspectos, aparte de los religiosos.

P.- Si esto es así, ¿la visión de la Reconquista como una seña de identidad no se corresponde con las evidencias históricas?
R.- Siempre se trató de identificar España con la Cristiandad. Pero la islamización quizá se debió también a que la difusión del cristianismo no era muy profunda. Muchos escritos de autores visigodos hablan de paganismo rural.

P.- La repoblación siempre se ha explicado en paralelo a la Reconquista. ¿Qué fue antes?
R.- La repoblación empezó en la Cuenca del Duero y en unas zonas de Cataluña que no ocupaban ni unos ni otros, porque los musulmanes no pasaron apenas del Sistema Central y, por el Valle del Ebro, de Zaragoza. Pero la Cuenca del Duero era una especie de tierra de nadie: el poder de los reyes de Asturias no pasaba de la Cordillera Cantábrica y los musulmanes, al cruzar el Duero, pensaban que pasaban al desierto. A partir del año 800, poco a poco, gente que se había concentrado en las montañas empieza a bajar y a asentarse en el norte de León, Palencia, Burgos. O sea que en principio hay una repoblación espontánea. La dirigida llegó en el siglo XIII.

P.- ¿El avance de la Reconquista tuvo por objeto apoyar estos asentamientos?
R.- Los primeros pasos de la Reconquista se dieron sobre todo con Alfonso VI, cuando llegó a Toledo (1085), la primera gran ciudad que conquistaron en Al Andalus, que ya estaba fragmentado en taifas. Pero la idea de la Reconquista es un poco ficticia. Empezó a utilizarse a partir del siglo XIII, después de la Batalla de las Navas de Tolosa (1212), que se consideró una gran cruzada.

 P.- A principios del siglo XV, tanto en Castilla como en Aragón gobierna una misma casa, los Trastamara. ¿Podría hablarse de una primera dinastía nacional?
R.- El hecho de que una misma familia ocupe los dos principales reinos es muy importante. Aunque la unión de los herederos de ambos reinos fue una unión dinástica, era también un paso hacia la reconstrucción de la unidad de España. Lo dicen los cronistas de la época. Lo escribe Diego de Valera: «Se va a la monarquía de todas las Españas». Lo dice el obispo de Gerona Joan Margarit: «Se han unido la España Citerior y la Ulterior». También Pedro Mártir de Anglería: «Ya están unidas casi todas las Españas, sólo quedan dos dedillos, Navarra y Portugal». Con los Reyes Católicos se dio un paso más. A partir de entonces, en el extranjero, se utiliza cada vez más la expresión «reyes de España». Aquí no, porque era una unidad por arriba, basada en el poder del rey, pero por la base era una especie de federación, en la que cada reino tenía su moneda, sus aduanas y sus normas jurídicas distintas

P.- ¿Hemos vuelto a los orígenes?
R.- Sí, con las 17 comunidades autónomas, casi volvemos a los orígenes.

P.- ¿En qué medida estas señas de identidad histórica, como la Reconquista o los Reyes Católicos, son producto de la relectura de la Historia  por el franquismo?
R.- Durante el franquismo hubo una reinterpretación de los Reyes Católicos, de las ideas de la Cristiandad y de la cruzada contra los musulmanes. Recordemos canciones como aquélla de «Isabel y Fernando, el espíritu impera...». Pero aquella España era más una federación que una unión. Lo que hubo fue un abuso de la Historia por parte de un régimen político.

P.- En esa relectura franquista, parece que Castilla es la que contiene la esencia de España.
R.- Siempre se ha dicho que «Castilla hizo a España». En eso coincidieron José Ortega y Gasset y Claudio Sánchez Albornoz. Aunque Ortega decía: «Castilla hizo a España y la deshizo». Y Sánchez Albornoz: «Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla». La Corona de Castilla tuvo un fuerte papel en términos cuantitativos, por varias razones. Tenía más población y los reyes tenían más fuerza que en Aragón, donde la nobleza y la Iglesia controlaban más los procesos políticos. También a Colón lo apoyó Castilla y es a ella a la que se añaden los territorios descubiertos en América. Esto explica que el castellano terminara siendo el idioma general, no el único, de todos los españoles. Pero la Corona de Aragón aportó los dominios italianos y trajo el humanismo a España gracias a Alfonso V el Magnánimo (1396-1458).

P.- El año 1200 es clave en la inclinación hacia Castilla de los territorios vascos, en lugar de hacia Navarra.
R.- Vizcaya fue siempre un señorío que dependió de los reyes de Castilla. Álava empezó siendo un condado de Castilla, luego se incorporó a Navarra y, en el 1200, Guipúzcoa y gran parte de Alava pasaron a ser tierras de Castilla. Si se lee a los historiadores vascos de los siglos XVI y XVII, todos escriben que preferían estar con Alfonso VIII (1155-1214) de Castilla, que con el rey de Navarra. En cuanto a Navarra, se gestó en el territorio de la montaña, donde estaban los vascones y el propio Sancho III el Mayor (¿992?-1035), pero luego se proyectó hacia la ribera del Ebro, y entró en relación con las familias reales de León,  Castilla y Aragón. Sancho el Mayor quiso ser señor de Gascuña, pero no lo consiguió. Decir hoy que Sancho el Mayor fundó el Estado vasco es incorrecto, aparte de que el concepto de Estado aplicado al siglo XI está fuera de lugar.

P.- Junto a la formación de un nacionalismo español en el siglo XIX, también a finales de ese siglo surgieron los nacionalismos periféricos, que también apelan a la Edad Media.
R.- El nacionalismo va de la mano del desarrollo económico. A partir del siglo XVIII, y sobre todo del XIX, Cataluña experimentó un fuerte auge económico, que va ligado al cultural, la llamada Renaixença catalana. Eso se tradujo en la gestación del nacionalismo catalán. En el País Vasco, intervienen otra serie de factores (la minería, la siderurgia), que le permitieron convertirse en una fuerza económica importante, lo que tuvo proyección a nivel político. Durante la Transición, en Castilla y León hasta surgió un nacionalismo segoviano que decía: «Fuimos los más demócratas de la Edad Media, porque los segovianos habíamos nacido para ser libres». Uno piensa: Ah, entonces, ¿los demás hemos nacido para ser esclavos? Para justificar los nacionalismos siempre se busca en el pasado. En el caso vasco, esto es más complejo. El pueblo vasco tiene peculiaridades propias, unas características y una lengua. Pero una lengua familiar, de caserío, que no ha sido literaria. ¿En qué están escritas las crónicas de Navarra? En castellano. Incluso contribuyó a la formación del castellano. Tenemos sólo cinco vocales por influencia del euskera.

P.- Durante mucho tiempo, el nacionalismo catalán y el vasco se han afirmado contra Castilla. ¿Cómo ve este rechazo una persona que ha defendido lo castellano como algo distinto al tópico español?
R.- Ha sido negativo para Castilla. El centralismo no tiene que ver con el pueblo castellano, que está en crisis desde el siglo XVII. Perdió la Corte, que estaba en Valladolid. La población empezó a declinar. Era el granero de España, pero no tenía actividad industrial. Y esto empeoró en tiempos de Franco. ¿Adónde iban a trabajar las gentes de esta tierra? Al País Vasco o a Cataluña. ¿Y dónde iban los ingresos que hacían en los bancos? Al País Vasco o a Cataluña.

P.- ¿En qué medida la identificación entre lo español y lo castellano tiene que ver con la Generación del 98?
R.- En mucha, y eso que no eran castellanos. Eran sevillanos, como Machado; vascos, como Unamuno; alicantinos, como Azorín. No se puede generalizar. Lo castellano es una pieza más de lo español, como el catalán, el vasco, el gallego, el andaluz, el valenciano. Somos un mosaico. Identificar lo castellano y lo español es un abuso. Madrid se ha identificado con lo castellano, pero esto es abusivo. Madrid no es una ciudad castellana, es una ciudad universal y ahora más que nunca.

P.- ¿Cree que hay unas señas específicas de identidad españolas?
R.- No hay ninguna identidad nacional estática, las identidades cambian con el tiempo.

Sobre España como nación. Ramón Menéndez Pidal






Ramón Menéndez Pidal - El Sol, 27 de agosto de 1931
Con motivo de la presentación a la Cámara del proyecto de Estatuto de Cataluña y de los votos particulares formulados por algunos diputados catalanes al proyecto de Constitución, y sobre todo al título de la misma, un redactor de EL SOL se ha acercado al insigne don Ramón Menéndez Pidal para conocer su pensamiento sobre el arduo problema y desde la elevada cima de su autoridad nos contesta el señor Menéndez Pidal de la siguiente manera:

El voto particular Xiráu-Alomar suprime en el comienzo de la Constitución la frase «nación española»; supresión lastimosa. Todo lo que el voto particular reconoce a España es mirándola como un estado, no como una nación.
Puede muy bien Cataluña afirmarse como una nación; pero sería abjurar de todo un pasado si renegase de estar incluida como tal nación, por tradición perenne, en otra más grande, la nación española, antes de venir a considerarse incluida en otra más amplia aún, la europea, de que ahora se habla con insistencia.
Leemos en los alegatos pro Estatuto comparaciones de Cataluña con Polonia, con Finlandia, con no sé qué otros países. Dentro de esta España la gran nación más homogénea en tipos raciales y lingüísticos, la más democrática, se quieren fabricar extremosos nacionalismos de imitación a los irreducibles nacionalismo incluidos en los imperios más heterogéneos y autocráticos. No es sino que esta España más homogénea es también más torpe para la asociación que ningún país. ¡La tragedia de nuestra homogeneidad! Una de las características que más unifican nuestro carácter es precisamente la que nos arrastra a nuestra desunión. Que no haya «nación española»; se quiere que España retroceda y se abandone al fenómeno racial de disgregación que se consumó en nuestra América.
Verdad que esa imitación de nacionalismo irreductible sigue una corriente muy general. La ruina de los imperios heterogéneos dio necesaria libertad a multitud de naciones antes cohibidas y ejemplo a una nación de pequeños grupos nacionales, en que Europa parece disolverse ahora que empieza a perder la dirección del mundo. Y se da el caso de que cuando la vida moderna se universaliza más los pequeños pueblos afirman o exageran más su personalidad. ¿Es que se quiere intentar la universalidad a través del máximo particularismo? Torcido camino me parece. ¿Es que la sentimentalidad local predomina, a la vez que la razón directriz se debilita y herido el pastor se descarrían los sentimientos? Lo único cierto es que cuando la fragmentación no se impone sino bastante artificialmente, nada favorece. Para cualquier contingencia del presente, para cualquier federación mundial que surgirá mañana, los pueblos que opten con una gran masa de voluntad unificada y densa serán los que harán oír la voz de sus intereses.
Y las afirmaciones de personalidad regional en esta homogénea y democrática España brotan y engruesan ahora por todas partes, como hongos, tras la lluvia republicana. Cada ciudad podría alegar sus características individuales; cada aldea, el hecho diferencial que engríe a Coterujo de Abajo contra Coterujo de Arriba.
Junto al entusiasmo en su afirmación personal, tan legítimo, las regiones o naciones periféricas jamás afirman la España que las abarca.
¿Cuántas veces ahora en Madrid se habló con leal comprensión, execrando los propios desaciertos para las regiones, estimando con efusiva simpatía todas las excelencias de las mismas? En cambio, no he leído ahora en ningún escritor de la España periférica un solo reconocimiento de cualquier título histórico de la España nuclear, por ejemplo, de cómo tuvo ésta visión más clara para los grandes hechos colectivos, gracias a la cual fue hegemónica por justicia histórica y no por arbitrario acaso, o bien de cómo las mayores elevaciones en la curva cultural de España se produjeron sobre esta meseta central desde la Edad Media, sin que en esa curva haya habido depresiones prolongadas, esas vacaciones seculares que se han tomado todas las culturas periféricas hermanas.
Lejos de ningún reconocimiento así, se quiere borrar la idea de nación española, dejar sólo el Estado español, y no producen negaciones hasta de las cosas que tienen evidencia de peso y medida. La gran difusión del castellano como título en que se sustenta el bilingüismo regional la desestiman diciendo: La difusión del inglés es mayor, y a ella debiéramos entonces acogernos. Esta respuesta, varias veces escrita al Occidente y al Oriente, indica bien el rencor viejo que perturba los ánimos.
Y a esto llegamos porque España abandonó del todo sus afirmaciones (tan vacuas patrioterías habían llegado a ser). Pero es preciso ya, sin no hemos de aniquilarnos en la disgregación, que sin perder nuestro buen espíritu de autocrítica, sin olvidar jamás la simpatía por lo mucho admirable de las regiones, se formulen categóricamente las afirmaciones más conscientes y sólidas de la España una, y mejor que formularlas, realizarlas y vivirlas en actos eficaces que consoliden la amortiguada fraternidad.
Veo en la «Deutsche Allgemeine Zeitung», en la descripción de un mitin, pro Estatuto, consignado un hecho de cuyo semejante todos tenemos noticia: «El lenguaje español, al revés de lo que antes sucedía, no se oye; aun a los alemanes que no conocen sino el español, no se les quiere hablar más que en catalán». Hermanos catalanes: no sois nada justos con la España de que formáis parte favorecida, si no sentís que, así como en otros países cuyo idioma es de corto alcance usan por necesidad, como supletorio, el inglés o el alemán, vosotros debéis conservar con plena simpatía el español que tenéis en la entraña por convivencia eterna. Las afirmaciones españolas, el sentimiento de la España una, han de venir a hacer que no pueda escamotearse el multisecular fenómeno de la compenetración de todas las culturas peninsulares, de la fusión de esas lenguas periféricas desde sus primeros balbuceos con la lengua central: los rasgos lingüísticos del catalán y los del aragonéscastellano se interpenetran, entrelazan y escalonan sobre el suelo de las provincias de Lérida y Huesca exactamente igual que las del gallego con el leonés en las provincias de Lugo y León; y así, no se puede marcar el límite del catalán con el español en una línea tajante como la que separa dos lenguas heterogéneas, el galés o el irlandés con el inglés, por ejemplo, sino en una ancha zona de bordes imprecisos, como la que separa el asturiano del leonés, es decir, que el catalán y el español tienen escrita sobre el suelo de España la historia de su infancia fraternal. Además, el catalán limita en Francia con el languedociano por una línea casi tajante, como entre dos lenguas heterogéneas, ¡y, sin embargo, muchos catalanes gustan dar por resuelto que su catalán es una lengua de «oc», no una lengua hispánica, sin reparar siquiera que su partícula afirmativa no es «oc» ni «oui», como en Francia, sino «sí», como en España! Invidencia para con el idioma de su nación,

Del bel paese l` dove il si suona.
Que no se escamotee más el carácter apolítico de la penetración del idioma central en las regiones: los poetas catalanes empiezan a escribir en español bastante antes de la unión política con Castilla, por la cual suspiraban ya cuando ofrecían a Enrique IV el trono de Aragón. Que no pueda dejarse a un lado el hecho de que Galicia nunca fue sino una parte del reino de León; que Vizcaya nunca fue sino parte del reino de Asturias o de Castilla, salvo poco tiempo intermedio que fue Navarra: que Cataluña, ni bajo este nombre existía siquiera antes del siglo en que se unió a Aragón. ¡No ha vivido un momento sola en la Historia! Que no pueda hablarse más en serio en Irlanda y de Polonia, las regiones o subnaciones hispánicas no hallarán semejanza aproximada sino en las de Francia (aunque aquí más complejas: bretones, vascos, provenzales, catalanes, picardos...), y ya sabemos cómo en Francia han resuelto este problema.
El voto particular Xiráu-Alomar, después de borrada la «nación española», pide para las regiones la enseñanza y hasta la concesión de títulos en catalán valederos para toda España. ¿Qué espíritu reina bajo esta petición?
En mi última visita a Barcelona pude lamentar el hecho de que a los niños catalanes se diese toda la enseñanza en castellano, con daño para su formación y con ofensa para el espíritu regional, e hice en Madrid gestiones a fin de que la escuela fuese para esos niños catalana en párvulos y bilingüe en primaria, según había convenido con mi querido y admirado acompañante allá el Sr. Nicoláu d4Olwer. Se publicó después por el Gobierno de la República el decreto disponiendo que en las escuelas de Cataluña «la enseñanza se dará en la lengua materna catalana o castellana». Pero ahora recibo quejas de que en Barcelona, de donde hay tantísimos niños no catalanes, pensó la Comisión de la Cultura, con buen acuerdo, consultar a los padres de los niños mayores de seis años, en los centros donde ya se empieza a aplicar el nuevo decreto, si quieren enseñanza castellana; pero se cumple tan mal este propósito, que mi comunicante refiere que de cinco familias no catalanas que él conoce, sólo una fue consultada... ¡pero no atendida! Otro me dice que un grupo de niñas pidió en una escuela no se les enseñase en catalán, que no entendían, y tampoco se les hizo caso. Y en cuanto a los niños menores de seis años, esos «son considerados todos de la lengua catalana», aunque pertenezcan a familias aragonesas, murcianas, alicantinas, y no comprendan una palabra de catalán.
Así resulta que la injusticia para con los niños catalanes que lamenté, al visitar hace poco más de un año las escuelas de Barcelona, ahora, al recibir estas quejas, la he de lamentar por los niños castellanos, que experimentan daño más grave. Ya el niño catalán enseñado en castellano vivía libremente dentro de su medio catalán mientras al niño castellano se le aprisiona en un medio que no es el suyo. El asimilismo castellano, tan censurado antes por los catalanes y por los que no lo éramos se convierte rápidamente en asimilismo catalán antes que Cataluña tenga su autonomía. Averigüen estos hechos los que tienen el deber, averigüen con el más firme deseo de acierto, y no para cumplir formulariamente.
Digo esto sin la menor acritud, no más que repetir que la psicología vieja del desamor y de la incomprensión perdura y que el idioma se sigue empleando como un arma y no como un instrumento. Era para mí un deber dar al público las quejas recibidas; quizá hagan reflexionar a la Comisión de Cultura barcelonesa (en ella veo la garantía de amigos ilustres, llenos de doctrina y de rectitud), y a esa Comisión las someto en primer lugar. Publico además esas quejas como ocasión para apoyar la doctrina constitucional de que la enseñanza no puede ser triturada en regiones autónomas, dada nuestra inveterada torpeza de asociación.
El robustecer la conciencia hispana mediante la enseñanza es un deber del Estado absolutamente indeclinable entre nosotros, dada esa cortedad de visión para la anchura del horizonte nacional propia de las regiones. Misión intransferible; que no va menos en ello que la consolidación o el desmoronamiento de la «nación española», que se tambalea para convertirse en simple «Estado».
Mientras no se resuelva equitativamente el problema de la personalidad de las regiones no habrá paz espiritual en España. Pero es que tampoco habrá otra paz que la del sepulcro, la de la disgregación cadavérica, mientras que no se resuelva en justicia el mayor problema de la personalidad de España, esta magna realidad que debemos afirmar cada día.
La República tiene que tratar la enseñanza infinitamente mejor que lo hizo la Monarquía. Tiene que poner todos sus entusiasmos y esfuerzos en el Ministerio de Instrucción Pública, sustrayendo la parte técnica del mismo al genio inventivo de cada ministro y entregándola a un organismo eficiente, donde disfrutasen amplia intervención las regiones para garantía de sus aspiraciones culturales en aquella actividad que el Estado tiene el deber de realizar dentro de ellas. El lema de la República no debiera de ser sino «Cultura», ilustración de las grandes posibilidades vitales. Todos los demás grandes problemas que nos apremian se encarrilarían mejor una vez enfocado el de la reconstrucción de nuestra cultura integral, necesidad primaria de la España nueva.
Pues bien: yo admiro en la moderna España catalana su amor a la cultura, más vivo que en Castilla.
Ese amor se ha hecho allá algo difuso y popular al calor de la lucha pasada; en Castilla, no; y ya sabemos que en España, hasta que una cosa no se hace popular no se realiza. Reconozco en cambio para esta España nuclear un mayor poder de atracción asimiladora de los talentos más privilegiados de las regiones, por apartadas que sean, lo cual la hacen indisputable sede del moderno movimiento intelectual y artístico, por el que nuestra nación quiere tomar puesto en el mundo. ¿No podrían sumarse estas dos fuerzas? ¿No podrían los catalanes dirigentes preocuparse de algo más que de su cultura íntima y aplicar el entusiasmo de que están rodeados a impulsar la de España toda? ¿No encerrarse en sus centros culturales y no echar por dentro el cerrojo idiomático para que allí no entre nadie? ¿No podrían sentirse fuertes para no ser egoístas? La tarea es espléndida. La masa tiene ya su magnífica levadura, y está esperando quien la hiña y caldee el horno para sacar el alimento de que todos los pueblos españoles están hambrientos.



¡Maldita sea!



¡Maldita sea!

IÑAKI EZKERRA

Lo que más me chocó fue la teatral alusión de Rubalcaba a los desahucios: «¡Maldita sea, por qué no arreglamos aquello!»

DEL debate sobre el estado de la Nación lo que más me chocó fue la teatral alusión de Rubalcaba a la cuestión de los desahucios: «¡Maldita sea, por qué no arreglamos aquello!». Es el comentario de quién todo lo hubiera hecho bien, pero se quedó con una sola asignatura pendiente. Y es también el desliz verbal de quien tiene tan ridículamente asumida e interiorizada la «patrimonialización de los sentimientos» que le reprochó Rajoy, que comete la pornográfica osadía de asombrarse en público de su descuido. Es la exclamación obscena de quien, en virtud de no sé qué dogma proclamado por no sé quién, se considera a sí mismo la encarnación de la sensibilidad social; la máxima autoridad moral en la denuncia de la injusticia económica; el propietario del copyright de la solidaridad y el santo, en fin, que no se pudiera perdonar semejante pecadillo: ¿Cómo yo, que soy el que más sufre por los pobres, no solucioné ese problema de mi especialidad exclusiva?



Hay frases que dicen más de lo que quisieran decir; que contienen fugas, lapsus, sobrentendidos reveladores. Rubalcaba podía haber dicho con modestia «¿por qué no supimos arreglar aquello?», pero ese sobrado «¿por qué no lo arreglamos?» implica que lo podían haber hecho y no lo hicieron porque no quisieron; porque estaban en otras cosas. La respuesta se la puede dar cualquiera que mire las hemerotecas. Los desahucios comenzaron en 2007. Hablamos de cuando los socialistas tenían cinco años de poder por delante y de cuando Pepiño triunfaba como portavoz al grito de «¡ya les gustaría a Alemania y a Francia tener nuestra economía!». Hablamos de la época en que el zapaterismo flotaba en su nube de tómbolas y memorias históricas. Aún era un proyecto el Ministerio de Igualdad. ¿Por qué no arreglaron aquello ni entonces ni después? Porque estaban más preocupados por la eutanasia, las fosas de la Guerra Civil y el aborto, o sea por los muertos, por los que se iban a morir y por los que no habían nacido ni tendrían oportunidad de nacer; porque el zapaterismo no fue nunca un proyecto para los vivos sino pura necrofilia y porque la solución para los españoles que se quedaban sin casa no fue nunca su prioridad ni la de Rubalcaba. El lamento de éste anteayer pretendía ser un arrebato de sinceridad y lo fue de cinismo. Se preguntaba en voz alta por qué no lo arregló como si hubiera sido una cosa fácil que ahora le pide explicaciones incómodas. Como quien se pregunta por qué se dejó en casa el móvil o las llaves.

 ¡Maldita sea! Es el lamento de todos los que han perdido el poder. Hoy es el de Rubalcaba y mañana será el de Rajoy si no logra traer la transparencia a este país ni dar el tajo que necesita la Administración central y autonómica ni acabar con esas tediosas y cansinas fracciones internas de su partido que son más temibles que el PSOE. La ventaja estará en que ese «maldita sea» se lo dirá a sí mismo en privado. La derecha, con sus pecados y sus confesiones, siempre es más pudorosa.

viernes, 22 de febrero de 2013

El asesinato de Dato




La sesión del Senado había terminado.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato Iradier, de 65 años, acompañado por el marqués de Santa Cruz, se reunió en el despacho de ministros con algunos consejeros (Guerra, Gracia y Justicia, etc.) por espacio de diez minutos.
Era el 8 de marzo de 1921.
A la salida, Dato, también jefe del partido conservador, fue entretenido por dos periodistas, con los que mantuvo una breve charla mientras se dirigía hacia su automóvil.
Poco después se despedía de sus acompañantes, a la vez que ordenaba al chófer que le llevara a su casa. El vehículo tomó por la calle Encarnación hacia Arenal para enderezar camino del domicilio del presidente, situado en Lagasca, 4.
Eran alrededor de las ocho de la noche.
Al llegar a la plaza de la Independencia, entre Olózaga y Alcalá, junto a la Puerta de Alcalá, una motocicleta con sidecar en el lado derecho, ocupada por tres individuos, se aproximó a toda velocidad al coche de Dato, que iba recostado en la parte de atrás. En el vehículo del presidente no viajaba ningún escolta.
Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, abrieron fuego.
Dos de ellos disparaban con una pistola en cada mano; el otro guiaba la moto. Una auténtica lluvia de balas barrió el asiento del presidente. Algunos dirían que se hicieron más de cuarenta disparos. En la parte de atrás podían contarse catorce, agrupados en las proximidades de la ventana.
Tres balas hirieron mortalmente a Dato. Uno de los proyectiles le penetró por la región parietal izquierda, con salida por la región occipital; otro, con orificio de entrada por la región mastoidea, le salió por la región malar. El tercer proyectil, con orificio de entrada por la región frontal izquierda, no presentaba orificio de salida. La cartera que Dato llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta quedó atravesada por un disparo.
Pasaban unos minutos de las ocho. El chófer se dio cuenta en seguida de la gravedad de lo ocurrido, por lo que sin pérdida de tiempo, mientras los asesinos escapaban en la moto por la calle Serrano, giró el coche en dirección a la Casa de Socorro del distrito de Buenavista, situada en la calle Olózaga.
Al llegar requirió los servicios de los médicos de guardia, que al examinar el cuerpo encontraron que no daba señales de vida.
Los médicos trasladaron a Dato a la mesa de operaciones, donde no pudieron hacer otra cosa que certificar la muerte. Un sentimiento de impotencia y confusión se apoderó de todos los presentes. El jefe médico telefoneó a la Dirección de Seguridad.
Quince minutos más tarde la noticia de que el presidente del Consejo de Ministros había sido asesinado circulaba por todo Madrid. Algunos cines la anunciaron a su público. En la sala Royalty, por ejemplo, se supo antes de que terminara el espectáculo.
Entre tanto, curiosos y personalidades comenzaron a arremolinarse en la Casa de Socorro de Olózaga, donde permanecía el cadáver.
Antonio Maura fue de los primeros en llegar, y al comprobar que era cierto lo que le habían dicho quedó tan profundamente afectado que sufrió un desvanecimiento. Inmediatamente llegaron allí otros personajes políticos de gran relieve: Bergamín, Sánchez Guerra, García Prieto, el conde de Romanones, el conde de Plasencia... También se presentó el yerno de Dato, Eugenio Espinosa de los Monteros, quien al comprobar que su padre político había sido asesinado sufrió un síncope con pérdida del conocimiento, del que se recuperó para entrar en una profunda crisis nerviosa, de la que tuvo que ser atendido por los médicos.
Minutos después, Sánchez Guerra y el propio Espinosa de los Monteros decidieron comunicar a la esposa de Dato lo ocurrido, aunque atenuando la gravedad. La primera en acudir fue una de las hijas mayores, precisamente la esposa de Espinosa de los Monteros, que se abrazó a su marido y le preguntó si su padre aún vivía. Acto seguido penetró, transida de dolor en la sala de operaciones, arrojándose con gritos desgarradores sobre el cadáver, cubierto por una sábana. Todos los presentes se dejaron llevar por la emoción.
Aún no estaban repuestos cuando llegó la esposa de Dato, acompañada por sus otras dos hijas. Antonio Maura se dirigió a ellas tratando de llevarles consuelo y resaltando que el presidente había muerto por la patria. La ilustre viuda iba vestida con traje de casa, tal como la sorprendió la noticia. No podía evitar que le desbordara el dolor. Entre sollozos, le dijo a Maura: "Ya se lo tenía yo pronosticado a Eduardo. Se empeñaba en ir siempre solo. Esto le ha costado la vida".

Poco antes, Dato había tenido graves presentimientos de que su fin estaba próximo.
El último domingo de febrero lo había pasado con su entrañable amigo el conde Bugallal, ministro de la Gobernación, quien habría de encargarse interinamente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sostuvo con él una conversación confidencial en la que le hizo partícipe de sus temores. Tan preocupado llegó a estar que redactó una cuartilla con las disposiciones para su entierro. Aunque con posterioridad esta cuartilla fue rota, mostrándose Dato tan sereno como siempre, no dejó por ello de insistir en la transmisión de sus previsiones en caso de muerte en conversaciones con sus familiares.

El Rey se enteró del fallecimiento de Dato cuando se encontraba en el Teatro Real. La noticia le produjo una honda impresión. Inmediatamente se dirigió a palacio, desde donde mandó a sus ayudantes para recabar todo tipo de información sobre el suceso.
Un testigo presencial, llamado Junquera, que viajaba en un tranvía en la misma dirección que el automóvil del presidente, declaró que la moto desde la que se efectuaron los disparos venía siguiendo a aquél.
Era una Indian con sidecar, en la que viajaban tres individuos, que se adelantó para que sus ocupantes pudieran asegurarse del lugar exacto en que viajaba la víctima. El que guiaba era un hombre corpulento que llevaba una pelliza gris oscuro, boina y gafas. En el soporte iba un individuo que no llevaba nada en la cabeza. Era alto, rubio, delgado, con nariz aguileña. Al ocupante del sidecar no pudo verlo bien, por estar al lado contrario del tranvía.
El 10 de marzo, dos días después del atentado, con los ecos de la grandiosa manifestación que se había desarrollado en Madrid, y mientras aleteaba la gran conmoción nacional que había provocado el crimen, la policía estaba en el punto de mira de todas las críticas. Se le acusaba tanto de no haber prevenido el golpe de los asesinos como de encontrarse desorientada en la búsqueda de los mismos. Al tiempo que en toda España se registraban constantes manifestaciones de protesta por el abominable crimen, los periódicos daban una esperada noticia; éste era uno de sus titulares: "El director general de Seguridad dimite al fin".
Horas más tarde la Guardia Civil rastreaba una pista segura: enterado el suboficial Maté de que un carretero había hecho comentarios, con unos amigos en un bar, acerca de que la noche en que fue asesinado Dato estuvo a punto de ser atropellado por una moto en la que viajaban tres individuos, comenzó indagaciones que le llevaron, efectivamente, a determinar que los sospechosos se habían ocultado en el número 77 de la calle Arturo Soria, junto a la granja avícola La Asunción.

 Aquella casa tenía varios pabellones. Para descubrir la moto en uno de ellos el suboficial Maté se vio obligado a saltar por una ventana. Dentro encontró lo que buscaba: una motocicleta marca Indian, pintada de color chocolate, casi nueva. Observó que tenía el faro partido por medio. El sidecar también estaba muy deteriorado. En su interior se hallaban cinco pistolas: dos Star, una Mauser, una Bregman y una Martian. Asimismo había tres cargadores vacíos, junto a gran cantidad de cápsulas. En la bolsa del sidecar había una gorra color café, unas gafas, alicates, cuatro cargadores Bergman, recortes de periódicos madrileños, un ejemplar de La Vanguardia del 9 de febrero, un día después del crimen... Pero ni en aquel pabellón ni en el resto del edificio se encontró pista alguna que llevara hasta los asesinos.

El domingo 13 de marzo los inspectores encargados del caso lograron saber que los criminales tenían alquilado un cuarto en el número 164 de la calle Alcalá. Siete policías se encargaron de la tensa espera. A las cuatro de la tarde se presentó un individuo de complexión robusta, de unos 27 años, bajo de estatura, ojos vivos, mirada enérgica: era el anarquista Pedro Matehu. Aunque iba armado con una pistola, no ofreció resistencia en el momento de la detención.

Las investigaciones policiales establecieron que la muerte de Dato se debió a un atentado anarquista que la organización justificaba como una venganza por la represión del anarcosindicalismo en Barcelona. La investigación también estableció que los autores materiales del asesinato fueron Pedro Matehu, Juan Casanellas y Luis Nicolau. Este último escapó a Alemania, donde fue detenido. Más tarde el Gobierno consiguió su extradición. Por el contrario, Casanellas se refugió en la URSS, escapando al castigo.

Matehu y Nicolau fueron juzgados y condenados a muerte, pero Alfonso XIII les salvó del patíbulo. Conmutada la pena por 30 años de prisión, al proclamarse la República fueron favorecidos por un indulto, por lo que los dos asesinos quedaron en libertad.

domingo, 3 de febrero de 2013

La invasión partidista de la cajas de ahorro ha sido ruinosa e ilegal



La invasión partidista de la cajas de ahorro ha sido ruinosa e ilegal
Joaquin Leguina  20 julio 2012 Tribuna El País.
Uno de los mayores disparates cometidos contra el prestigio de la democracia en España ha venido de la mano de los partidos políticos, que han invadido la actividad de órganos legalmente autónomos (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial…), entre los que se incluye la ruinosa invasión partidista de la cajas de ahorro.
Lo más bochornoso del caso ha consistido en aprobar leyes que hacían impecablemente autónomos a esos órganos para, de inmediato, incumplir esas leyes y entrar a saco en las instituciones sin que nadie —ni dentro ni fuera de los partidos— lo denunciara por ilegal. Mas ahora, cuando el desastre de, por ejemplo, Caja Madrid, ha entrado en la vía judicial, parece llegado el momento de cobrar la cuenta de tan larga fiesta a quienes han sido responsables de decisiones no solo indecentes desde el punto de vista de la economía de la empresa, también desde el punto de vista moral y legal.
Y conviene no equivocarse ni en las personas ni en el tiempo, porque la ruina de Caja Madrid no comenzó ni con la crisis ni con la salida de Bankia a bolsa. Se inició con el pacto firmado el 6 de septiembre de 1996 entre el Partido Popular y Comisiones Obreras que llevó a Miguel Blesa a la presidencia de la Caja. Comenzaba así:
No existe en el mundo una sola organización que admita que se le dicte lo que debe hacer desde fuera de sus propios órganos
“Reunidos D. Ricardo Romero de Tejada, secretario general del Partido Popular de Madrid, y D. Francisco Javier López, secretario de Política Institucional de la Unión Sindical de Madrid-Región de Comisiones Obreras, actuando ambos en nombre y representación, tanto de sus respectivas organizaciones regionales, como del conjunto de consejeros que por parte del Partido Popular y de CC OO forman parte de los órganos de gobierno de la Caja de Madrid, Acuerdan…”
El Sr. Romero de Tejada y el Sr. López actuaron simultánea y respectivamente como representantes del PP y de CC OO, haciéndolo en asuntos que afectaban directamente a la administración, gestión financiera y representación de la Institución, declarando actuar —así está escrito— en representación del PP y de los miembros del Consejo nombrados a propuesta del partido político y del sindicato. Una delegación que era y es ilegal. Fue así como desbancaron a toda prisa de la presidencia de la Caja a quien había sido elegido para ese cargo por unanimidad tan solo unos meses antes de ese pacto. ¿Por qué fue ilegal ese acuerdo?
Porque la ley de Cajas de la Comunidad de Madrid entonces vigente (también la actual) recogía en el artículo 22.2 lo siguiente:
“Los miembros de los Órganos de Gobierno actuarán con plena independencia respecto de las entidades y colectivos que los hubieran elegido o designado, los cuales no podrán impartirles instrucciones sobre el modo de ejercer sus funciones. Solo responderán de sus actos ante el órgano al que pertenezcan y, en todo caso, ante la Asamblea General”.
Los actuales estatutos de la Caja reproducen en su artículo 7.2 este principio legal y lo mismo hacían los anteriores estatutos en su artículo 10.
Un consejero no podía —ni puede— comprometerse u obligarse con nadie, tampoco con su partido político ni con su sindicato, respecto de su actuación en el Consejo de Administración, pues atentaba (y atenta) contra la independencia y autonomía de la Caja y subvierte los principios de su buen gobierno. Estamos ante una perversión descomunal que el mínimo respeto a las instituciones y a las leyes hubiera debido impedir. No existe en el mundo una sola organización que admita que se le dicte lo que debe hacer desde fuera de sus propios órganos y eso es, precisamente, lo que ha pasado en las Cajas, en general, y con la de Madrid, en particular.
El Consejo de Administración de la Caja, como órgano colegiado, no conoció aquel pacto y por ello no pudo debatir ni acordar acerca de su contenido, pero, eso sí, se ha visto sometido a esa ilegalidad permanentemente. Una acción capitaneada por el señor Blesa y secundada por su leal escudero José A. Moral Santín, de Izquierda Unida.
No menos chocante, dentro de esta conspiración, ha sido el hecho de que los órganos de control de la propia Caja, los de la Comunidad de Madrid y los del Banco de España no hayan intervenido nunca para impedir esa tropelía continuada. Estas prácticas ilegales de los dos grandes sindicatos (UGT también entró en ese juego) y del tándem IU-PP deberían haber sido cortadas de raíz.
Por lo tanto, si se quiere aclarar este gravísimo asunto de Caja Madrid y castigar, si fueran constitutivas de delito, algunas conductas, el juez Andreu y el Parlamento tendrían que empezar por el principio y por las dos personas que han llevado a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad hasta la ruina: Miguel Blesa y José A. Moral Santín.
Y si alguien me recuerda que fui presidente de la Comunidad de Madrid, ha de saber que los consejeros cooptados por el PSOE o los sucesivos presidentes de la Caja de aquella época jamás recibieron de mí orden alguna. Eran los tiempos en que la Caja estaba gobernada con solvencia profesional y ganaba mucho dinero.
Joaquín Leguina es economista y fue presidente de la Comunidad de Madrid.

Azaña y los republicanos



Azaña y los republicanos
Cuando fracasó el golpe militar con que los republicanos pensaban imponer la república, en diciembre de 1930, Azaña se escondió, y así seguía después de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, hurtándose a cualquier actividad conspirativa.

Fue Maura, seguro de la quiebra moral de la monarquía, quien le buscó y le llevó, casi a rastras, a tomar el poder en el Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol de Madrid, el día 14. No tuvo, por tanto, parte alguna en los sucesos que trajeron el nuevo régimen.
Tampoco era un republicano, y menos un republicano activo, de larga trayectoria. Tras el golpe de Primo de Rivera había roto con la monarquía, pero pocos sabían de esa ruptura, y su actividad de oposición a la dictadura había sido mínima.
A lo largo de 1930 había pronunciado algunos discursos que atrajeron una fugaz atención sobre su persona, pero políticamente seguía siendo un desconocido, y sus pocos conocedores le recordaban más bien por sus obras literarias y de crítica en revistas. Era sólo un escritor con pocos lectores, pese al indudable mérito de, por ejemplo, El jardín de los frailes, y a menudo se sentía fracasado.

Sin embargo, a partir del 14 de abril del 31, en muy poco tiempo se convertiría en el principal personaje del nuevo régimen, en “la revelación”, o la “encarnación de la república”. La raíz de esta súbita elevación no se encuentra en intrigas ni en conspiraciones, sino en el sorprendido reconocimiento que le tributaron sus correligionarios por su inteligencia y calidad razonadora, unidas a su resolución para llevar a la práctica sus medidas reformadoras.
Casi todos vieron y, lo más asombroso, aceptaron un tanto admirados, su notable superioridad política e intelectual, pese a tacharle al mismo tiempo de hombre adusto y algo hiriente.
Pero si en un sentido suena asombrosa esa admiración, en otro no tanto: la tradición de los republicanos españoles, en general, apenas si cabe calificarla de pintoresca. Una tradición de muy escasa sustancia intelectual, bravucona, sin apenas noción de la responsabilidad política y con proclividad a la violencia y a las divisiones reyertas entre sus partidos.
No sólo políticos de derecha, como Cambó, manifiestan un convencido desprecio hacia ellos, los mismos socialistas los miraban como personas y partidos insolventes desde cualquier ángulo que se les considerase.
En este sentido, pudieron estar encantados de hallar entre ellos a un personaje de mucha más talla.

Azaña, desde luego, percibía la calidad no muy alta de sus correligionarios, pero no se desanimó, debido a la extraordinaria autoconfianza adquirida en los primeros tiempos del nuevo régimen.
Desde el primer momento miró con una mezcla de condescendencia e irritación a sus correligionarios.
A los militares republicanos los trata en ocasiones de botarates, y no mejor a los partidos. Así describe un congreso del principal partido republicano, el Radical Socialista, que transcurría en medio de continuas trifulcas y amenazas de unos y otros políticos de destapar corruptelas y de escindirse (y se escindiría, en efecto): “Llevan tres días, mañana, tarde y noche, desgañitándose.
Y lo grave del caso es que de allí puede salir una revolución que cambie la política de la república”.
Se descubrió que los delegados de Murcia iban con representación de miles de votos inexistentes, pero después de mucho escándalo, se les admitió ante la amenaza de los murcianos de “destapar” otros asuntos de los escandalizados.
Y por fin, “después de tan feroces discusiones, se han echado a llorar oyendo el discurso de Domingo; se han abrazado y besado, han gritado… Gente impresionable, ligera, sentimental y de poca chaveta. Están redactando una propuesta que podrán votar todos, y hasta otra”.
Calificativos semejantes, si bien con menos intensidad, podían aplicarse quizá a sus partidarios de Izquierda Republicana.
Cuando Azaña pasó a la presidencia de la república, tras haber destituido a Alcalá-Zamora, los azañistas se resistían a que abandonase la jefatura del partido, como era obligado, al no percibir otro jefe de su talla.
La resistencia fue vencida en una escena vista así por Azaña: “Llorera general… Explosión de entusiasmo, abrazos, promesas, juramentos cívicos… En fin, muy bien. Es posible que ahora lo destrocen todo”.

La concepción, por así decir, estratégica de Azaña con vistas a realizar sus proyectos políticos consistía en orientar la energía de “los gruesos batallones populares” –principalmente las grandes organizaciones sindicales– bajo el influjo de la “inteligencia republicana”.
Pronto comprendería que esa inteligencia era todo menos abundante, y si su confianza inicial en sí mismo le llevó al principio a mencionarla con una especie de desdén amable, como cuando señala la incapacidad de los diputados para percibir un sarcasmo o una ironía algo finos, pronto acumuló una impaciencia y un fastidio próximos a la desesperación: “Veo muchas torpezas y mucha mezquindad, y ningunos hombres con capacidad y grandeza bastantes para poder confiar en ellos ¿Tendremos que resignarnos a que España caiga en una política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta?” Cuando, en verano de 1933, suspendió las vacaciones de las Cortes a fin de aprobar unas leyes a su juicio muy importantes, suspensión muy mal llevada por los diputados, fulmina contra la “terquedad, suficiencia y palabrería” de los suyos: “No saben qué decir, no saben argumentar. No se ha visto más notable encarnación de la necedad. Lo que están haciendo me ha hecho pensar, por vez primera, desde que hay República, en la del 73. Así debieron de acabar con ella. El espectáculo era estomagante. Diríase que estaban llamando al general ignoto que emulando a Pavía restableciera el orden”.

Y son sobradamente conocidos sus comentarios mordaces sobre personajes diversos, como Domingo, Albornoz, Gordón Ordás, Companys, etc. donde reluce su poca estima hacia sus colaboradores, actitud identificada a menudo con la soberbia. Pero cabe la duda de si tales sarcasmos no estarían justificados.

En algunos momentos parece a punto de tirar la toalla: “¿Estoy obligado a acomodarme con la zafiedad, con la politiquería, con las ruines intenciones, con las gentes que conciben el presente y el porvenir de España según los dictan el interés personal y la preparación de caciques o la ambición de serlo? Obligado no estoy. Gusto, tampoco lo tengo. Entonces ¿qué hago yo aquí?”.

Expresiones semejantes abundan en su primera época de gobierno, de 1931 a 1933. Y sin embargo, una vez perdido el poder intentará recuperarlo, con sorprendente irresponsabilidad, mediante la alianza entre la casi inexistente “inteligencia republicana” y los “batallones populares”, en condiciones mucho peores que en el primer bienio. Sus discursos de 1935, origen del Frente Popular, revelan su conciencia de estar despertando un “torrente popular que se nos viene encima”. Pero, con incomprensible optimismo, asegura que para encauzarlo “nunca nos habrán de faltar hombres”. Pocos meses después, ya en el poder, volverá a su vieja lamentación: “No existe el centenar de personas que se necesita para los puestos de mando”. Peor aún, la talla moral e intelectual “ha bajado tanto que hombres muy modestos se ofenden si se les ofrece un Gobierno civil”. Nadie parecía contentarse con menos de un Ministerio.

Los diarios de Azaña alumbran una de las claves, casi siempre desestimada por los historiadores, del fracaso de la república: la escasez de hombres capaces y de miras elevadas, y la abundancia de demagogos ambiciosos e ineptos. No sin despecho llega el político que encarnó aquel régimen a atribuir al conjunto de los españoles una inteligencia escasa, o una aptitud limitada para utilizar el cerebro. Creo que se trata de una extrapolación ilegítima, a partir de su experiencia con sus correligionarios, no muy representativos del conjunto del pueblo.

El piloto del cambio


La Ley de Sucesión de 1947 y el principio VII de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, establecieron como forma del Estado español, “la Monarquía tradicional, católica, social y representativa”.
Para Franco, desde 1947, el sucesor sería el primogénito de don Juan de Borbón y éste debía formarse como heredero en España.
“Así pues -explicó Franco ante las Cortes en julio de 1969-, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del Príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen, se halla estrechamente vinculado a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos veinte años ha sido perfectamente preparado para la alta misión a la que podía ser llamado... estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas, como persona llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada formación para su alta misión, y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino, y en el que concurren las demás condiciones establecidas por el artículo noveno de la Ley de Sucesión”.

Franco presentó un Príncipe que había sido especialmente preparado por él para su tarea; vinculado al Ejército, pero que es más que cualquier militar (por ello obligaría al Príncipe a retirar de su discurso la expresión “como soldado”); un heredero leal tanto a los Principios del Movimiento como a las Leyes Fundamentales, dos elementos constitucionales distintos, siendo los primeros de orden jurídico superior. Franco entendió siempre que el único régimen político posible para España era la Monarquía (virtualizada, expurgada de los errores pasados, alejada de los cortesanos y de los intereses de clase a los que siempre había estado vinculada y asentada sobre un marco social y económico estable que impidiera una nueva caída de la institución, haciéndola así perdurable).
          
La transmisión de la legitimidad.
La cuestión monárquica y su proceso instituyente fue siempre un ámbito de decisión que Franco se reservó en exclusiva. Dejó que todos opinaran, que todos actuaran a favor o en contra, pero en ningún momento dejó de controlar el proceso.
Y se inclinó por una Monarquía que, a su juicio, debía de conservar importantes poderes, cuando en la mayoría de las monarquías occidentales el monarca o carecía de los mismos o eran muy limitados.
Franco se propuso devolver la Corona a la Jefatura del Estado en un país donde los monárquicos eran una exigua minoría y la coalición política que, en cierto modo, acaudillaba desde la guerra, no era significativamente monárquica.
Hizo de Juan Carlos primero y de sus sucesores, sus sucesores naturales.
No le interesaba tanto que el sucesor se ganara a la aristocracia, a los sectores económicos o a la clase política como al pueblo; impulsó a los Príncipes a llevar a cabo una auténtica campaña de popularización, de contacto con el pueblo, como las que él mismo solía hacer en los años cuarenta o cincuenta, cuyos beneficiarios eran mucho más que la institución la pareja que formaban Juan Carlos y Sofía.
En 1964 Franco realizó, con un gesto, la primera designación popular de don Juan Carlos al presidir a su lado el desfile conmemorativo de la Victoria.
Franco se preocupó, además, de que su sucesor contara si no con sus poderes y su carisma, algo imposible de transmitir, si con la transmisión de su legitimidad personal. A la muerte de Franco no se produjo la sustitución de un poder de hecho por otro distinto, sino que se producirá una continuidad natural en el poder, atendiendo a la norma constitucional vigente. Fue para los españoles una transmisión normal. Esa transmisión de su legitimidad personal fue muy importante para poder llevar a cabo la transición en dos sectores básicos: en una parte importantísima de la clase política del régimen y en el Ejército.

En su testamento político dejo escrito: “por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y rodéis al futuro Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”. Palabras suyas, escritas de puño y letra.
En sus confidencias a José Luis de Villalonga, Juan Carlos afirma: “en los días que siguieron a la muerte de Franco, el ejército hubiera podido hacer lo que le diera la gana. Pero obedeció al Rey. Y seamos claros, le obedeció porque yo había sido nombrado por Franco y en el ejército las órdenes de Franco, incluso después de muerto, no se discutían”.
Franco transmitir a su sucesor un poder especial, superior al contenido en la Constitución del Régimen; poder que es el que le permite proceder a su demolición.
Joaquín Bardavío, escribe: “muerto Franco, al franquismo se le invitó a suicidarse y lo hizo con patriotismo y obediencia al heredero de todos los poderes”, al heredero de Franco.

Las circunstancias geopolíticas.
Transformar el régimen de Franco en un sistema democrático al modo occidental no obedeció sólo a razones de ideológicas o internas. En ella intervinieron las circunstancias geopolíticas del momento.
 Terminada la II Guerra Mundial, los aliados decidieron acabar con el régimen condenándolo al ostracismo al descartar una posible intervención militar.
No era un sistema democrático pero tampoco lo eran infinidad de países miembros de las Naciones Unidas, el Régimen de Franco tampoco era un Régimen impuesto a los españoles por las potencias derrotadas y menos constituía una amenaza para la paz mundial.
Franco, que ya había denunciado el entreguismo occidental al avance y la previsión de la Guerra Fría, reaccionó afirmando su régimen político. España era, según declaró a la Associated Press, un “país de constitución abierta” que seguiría el camino trazado de perfeccionamiento institucional sin abrir “periodos constituyentes de interinidad”.
A partir de 1947, EE.UU. consideró oportuno de “modificar su política hacia España”, constatando además que en España no existía una oposición cohesionada capaz de hacerse con el poder. La situación previsible de una retirada de Franco podía conducir al caos.
Lo único conseguido con el aislamiento había sido “reforzar el régimen de Franco, impedir la reconstrucción económica de España y operar contra el mantenimiento de una atmósfera pacífica en España en caso de conflicto internacional”.
Lo deseable: la evolución del régimen de Franco de una forma ordenada hacia un régimen democrático, pero para ello será necesario ir convenciendo a “los elementos derechistas que apoyan al régimen, al ejército y a la Iglesia”.

Los Estados Unidos hicieron llegar a Madrid su idea de que a Franco debería sucederle, conservando siempre el orden y la estabilidad en la evolución, un sistema basado en la alternancia de dos fuerzas moderadas: una de centro derecha y otra de centro izquierda.
Independientemente de los deseos exteriores, Franco continuó fiel a su idea de poner en marcha un Nuevo Estado (cerrado en 1967 con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado); La institucionalización final estuvo más para el sucesor que para el propio Franco.

Años sesenta: la desideologización del régimen
Cuando entro en vigor la Ley Orgánica, una parte importante de la clase política del régimen había dejado de creer en el mismo y orientaba su acción política hacia la futura homologación del sistema con occidente; había un consenso casi unánime  de que tal homologación política solamente alcanzaría entidad real una vez proclamado el sucesor y con la progresiva desaparición de Franco de la escena política.
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El proyecto del sucesor.
El príncipe Juan Carlos pronto fue consciente de que más tarde o más temprano tendría que enfrentarse políticamente a su padre y a la Corte de Estéril; pronto asumió que, para ser rey, debería ganarse la voluntad de Franco, aceptando su proyecto instaurador. Don Juan Carlos se ganó esa voluntad.
Franco cuidó hasta los límites más insospechados de su sucesor.  Preparó sus estudios, vigiló su formación, hablaba con unos y con otros, hacía pequeñas indicaciones, bloqueaba cualquier información que él consideraba que podía dañar su imagen.
Se reunía con el Príncipe, al que hablaba de su experiencia, dándole lecciones de comportamiento y de conducta: un rey no debía tener, su existencia fue una de las causas de la caída de la Monarquía; el rey no debía tener amigos públicos; la Monarquía debía enterrar a la Corte y ganarse al pueblo.
 Pemán dejó constancia de que Franco veía en el Príncipe a un hijo, y que Juan Carlos asumía esta relación como la del abuelo con el nieto. Doña Sofía también estima que Franco vio a su esposo “como el hijo que no había tenido”.
El médico privado de Franco, doctor Vicente Pozuelo, dejó escrito que consideraba a los Príncipes como parte de su propia familia.

La Ley y los Principios: controversias sobre la idea de la Ley a la Ley.
La Ley de Sucesión de 1947, en su artículo noveno, fijaba la obligatoriedad de que el sucesor jurara lealtad a las dos realidades jurídicas que formaban el entramado constitucional del régimen:
*.- Las Leyes Fundamentales del Reino.
*.- Los  “Principios que informan el Movimiento Nacional”. (Pero esos principios no estaban precisados, salvo que se entendiera como tales, a través del Decreto de Unificación, los puntos programáticos de Falange).
Una de las batallas políticas de José Luis de Arrese fue la de fijar esos Principios que aseguraran la permanencia de la ideología que animaba al régimen, sin mención a la Monarquía y se aseguraba la pervivencia del Movimiento.
El equipo de López Rodó, una vez frenados los proyectos de Arrese, preparó una nueva redacción, obra, en gran medida, de Fernández de la Mora, que sería la promulgada en 1958.

Los Principios Fundamentales eran los inspiradores de las leyes, de la acción política y del ejercicio de la misma en el Régimen (un corpus ideológico no negociable, no sujeto al debate político en el que se subsumían los principios del Tradicionalismo, del Derecho Público Cristiano y los conceptos joseantonianos. Estos principios no podían ser vulnerados ni modificados por el sistema constitucional que informaban; quizás sólo pudieran ser ampliados o matizados a través de un sistema de enmiendas siguiendo el modelo americano).
En el ordenamiento constitucional español, ante los Principios, las Leyes Fundamentales quedaban en un rango inferior. El juramento de fidelidad exigido al Jefe del Estado le convertía en el encargado de mantenerlas, observarlas y defenderlas. Como el propio Franco precisaría, no se trataba de un juramente único sino de un juramento doble y diferenciado.

Eliminada del ordenamiento la fórmula de reaseguro preconizada por Arrese al exigir que “la redacción de las leyes deba evitar que queden (los Principios y el Movimiento) a merced de los caprichos y de las veleidades posibles de los hombres teniendo como objetivo lograr la continuidad política fijando las facultades y funciones, dentro de un sistema de garantías políticas, que aseguren la adecuación de la gestión de gobierno a esos principios inmutables”.
El problema político de la redacción final era que todas las garantías consistían en la lealtad a un juramento. Para Francisco Franco, era imposible que un Rey no cumpliera lo que jurara, porque teniendo presente lo expuesto es evidente que prestar el mismo con cualquier tipo de reserva mental constituiría un engaño o una traición.
En la Ley de Principios, los tres artículos que acompañaban a la Declaración de Principios eran muy claros en su intención: los Principios inspiran las leyes; son de obligado cumplimiento para todos los cargos públicos; cualquier ley o disposición que los vulneren o simplemente eviten su cumplimiento en lo más mínimo serían nulas.

La Ley Orgánica del Estado cerró el entramado constitucional del régimen de Franco, en su artículo tercero, volvía a situar, por encima de la misma, a los Principios Fundamentales, que son “por su propia naturaleza, permanentes e inalterables”.
Algo que se reiteraría en la refundición en un solo documento de las Leyes Fundamentales del Reino, publicado unos meses después.
En su exposición indicaba que la refundición mantenía la “permanencia e ineltarabilidad de los principios que las inspiran”, volviéndolos a situar en un plano distinto y superior a las leyes. La insistencia en la importancia de la correcta observación de los Principios resulta en la Ley Orgánica reiterativa.
El artículo sexto de la Ley obliga al Jefe del Estado a la “más exacta observancia de los principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional”.
Leyendo la ley, difícilmente, desde su óptica, si se aceptaba el juramento de las leyes, se podía promover una acción contra lo que precisamente se había encomendado.

La Ley Orgánica, también limitaba los poderes del Jefe del Estado, cuyas decisiones necesitaban el refrendo del presidente del gobierno, del ministro correspondiente o del presidente del Consejo del Reino según los casos.
Además, al Consejo Nacional se le encomendaba la misión de “defender la integridad de los Principios del Movimiento Nacional”, correspondiéndole velar porque las leyes se ajusten a los mismos y puedan ejercer, en caso contrario, el recurso de contrafuero.

La Transición (la reforma-ruptura realizada por don Juan Carlos, a través de Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda) fue “un pequeño golpe de estado legal”, el artículo 59 de la Ley era determinante y no abierto a interpretación al afirmar en su apartado primero: “es contrafuero todo acto legislativo o disposición del gobierno que vulnere los Principios del Movimiento Nacional o las demás Leyes Fundamentales del Reino”.
Además, en la refundición de las leyes se recordaba de forma taxativa que “serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier clase que vulneren o menoscaben los Principios proclamados en la presente Ley Fundamental del Reino”.

De con las leyes del Régimen, la Ley de la Reforma Política era en derecho nula y el axioma de ir de la “Ley a la Ley” una justificación, porque la reforma lo que en realidad implicaba era una ruptura realizada desde el poder. Fue en realidad, si nos ceñimos a lo dispuesto en las leyes, un golpe de estado legislativo. Josep Meliá, un hombre de la Reforma, escribió: “con arreglo a derecho, Blas Piñar y todos los ultras tienen razón. Porque el proyecto de Ley de Reforma Política incurre en contrafuero”.

 La redacción definitiva de las leyes logró un complejo sistema de relaciones orgánicas entre los poderes e instituciones del Estado, que incluía un fuerte sistema de seguridades que, en teoría, hacía imposible que las leyes vulnerasen la filosofía del Régimen.
Tenía, en este sentido, razón Franco cuando afirmaba que “todo estaba atado y bien atado”: ni el Presidente del Gobierno, ni el de las Cortes, ni el Consejo del Reino, ni las propias Cortes o el Jefe del Estado podían pasar por encima de los Principios, a no ser, claro está, que todos estuvieran de acuerdo en vulnerar las leyes, pero esto era algo impensable para Franco.
Lograr la aceptación de esas instituciones, de un modo u otro, al impulso del Jefe del Estado, se basó la primera fase de la Transición que condujo a la Ley de Reforma Política.

Las leyes obligaban a todos, desde el Jefe del Estado hasta el último de los procuradores y consejeros nacionales, a la defensa activa de los principios y a evitar su vulneración.
Ahora bien, el sistema legal de seguros estaba pensado en función de posibles actos gubernativos. Frente a éstos estaba la capacidad del Consejo Nacional para operar como Tribunal Constitucional. Lo que no estaba previsto es que el Consejo Nacional no ejerciera esa misión a través de los vericuetos legales, porque la hipótesis que Franco nunca barajó fue que el Jefe del Estado, la pieza clave, se convirtiera en el elemento activo que impulsara la conculcación de los Principios.
Para ello, Juan Carlos se benefició de los poderes de Franco. Poderes que aunque legalmente no heredaba, si quedaban en su acervo personal por la inercia propia de la situación. Esta legitimidad le abrió las puertas de las instituciones del régimen para su demolición. Para ello fue necesario controlar las instituciones mediante hombres vinculados a sus propósitos de cambio.

El compromiso de 1969.
Lo que se produce en julio de 1969, de acuerdo con la legislación vigente, es una instauración convertida en reinstauración por el hecho de que el sucesor es heredero directo de la rama reinante hasta 1931.
No es una restauración porque no se vuelve a la legitimidad de 1876, sino que se llega al trono a partir de la realidad engendrada por el 18 de julio. Es lo que el Príncipe afirma en su discurso: “quiero expresar, en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos tristes, pero necesarios, para que nuestra Patria encauzase su nuevo destino”.
Después recordará que “pertenece por línea directa a la Casa Real Española”, ¿reivindicando que su legitimidad venía de más allá del Régimen?.

El al final reitera, “estoy seguro de que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar”.

 Hay testimonios que indican que el ya Príncipe de España no tenía intención de preservar esos Principios Fundamentales, sino hacer evolucionar el sistema hacia formas democráticas (lo difícil el cómo y en qué forma se podría realizar semejante operación política y si tendría que conservar alguna de las aportaciones del Régimen).
Conocía la posibilidad de cambiar el régimen desde la legalidad, evitando la oposición de las instituciones. Según testimonia doña Sofía, a Juan Carlos le preocupaba la fórmula del juramento: “no quería ser perjuro. Ni que alguien pudiera llamarle perjuro”.El propio rey ha dicho: “son muy pocos los que hablan de lo mal que lo pasé yo antes de prestar un juramento de fidelidad a unos Principios que yo sabía que no podía respetar”.

 El 18 de julio de 1969 tuvo lugar la célebre conversación entre don Juan Carlos y Fernández Miranda, en la que, de algún modo, se selló el mecanismo de la Transición. El profesor tranquilizó su conciencia con el siguiente razonamiento: “al jurar las Leyes Fundamentales, las juráis en su totalidad; por lo tanto, también juráis el artículo 20 de la Ley de Sucesión, que dice que las leyes pueden ser derogadas y reformadas. Luego aceptáis desde ellas mismas esa posibilidad de reforma”.
Para Fernández Miranda, los Principios no era una realidad distinta a las Leyes Fundamentales sino parte de las mismas y por tanto modificables.
La reforma era posible si se hacía de acuerdo con lo establecido por las leyes y ese camino evitaría el continuo empezar de nuevo de la anterior historia de España desde las Cortes de Cádiz. Lo que en realidad había encontrado era un vericueto legal, una trampa jurídica que él sabía contraria tanto a la inspiración como a la intención de las leyes y a la propia filosofía política del régimen.
Torcuato no ignoraba que los Principios estaban situados en un rango superior. El argumento, en definitiva, era válido tan solo en la medida en que se quisiera compartir; porque, como ya hemos apuntado, éstos no eran, como sostiene el profesor del Príncipe, síntesis de las leyes sino inspiradores de las mismas. No eran resumen de su filosofía sino la filosofía que las impregnaba.
Torcuato tuvo, además, buen cuidado de no hacer referencia al artículo tercero de la Ley de Principios que declaraba nula cualquier ley que entrara en colisión con los mismos. Y el recurso de contrafuero era práctica parlamentaria habitual en la época.

Don Juan Carlos, años después comentaría, “aquello que me decía Torcuato de que toda ley lleva en sí misma el principio de su reforma y que nada es eterno y que todo se puede cambiar por la vía de la legalidad sonaba muy bonito, pero una cosa es hablar de ello y otra hacerlo”.

El piloto del cambio.
 En “Todo un Rey” se dice: “cuando Franco le nombró Príncipe de España, Juan Carlos programó cada minuto de su vida para preparar la Transición en el momento oportuno. Sin perder nunca el respeto personal a Franco”.

Nicolás de Cotoner, marqués de Mondéjar, en el prólogo a la obra de los familiares de Fernández Miranda, significativamente titulada “Lo que el rey me ha pedido”, dice “que nuestro Rey ha sido el motor del cambio, el empresario de la obra y el piloto que manejó con pulso firme la nave del Estado en su travesía hacia la orilla democrática”. Pero tras el juramento y la decisión de cambiar el régimen no existía certeza sobre el cómo hacerlo.
Lo que sí se puede afirmar es que en 1969 don Juan Carlos debió moverse en la órbita de los sectores aperturistas del régimen.

Entre 1969 y 1975 el Príncipe fue adquiriendo el compromiso de no ser el continuador de la obra política de Franco, sin que esto significase que renegar o poner en tela de juicio la legitimidad que le había hecho rey.

En el período que va desde 1969 a 1975 dos tiempos en la acción del motor del cambio:
*.- En el primero, el Príncipe juega con la hipótesis de ser rey en vida de Franco. En ese marco, los cambios por fuerza deberían ser muy lentos y dentro de los límites de lo que se venía denominando el reformismo del régimen, en el que militaba una joven generación de burócratas del Movimiento.
*.-  El segundo tiempo vendrá determinado por la asunción del hecho de que no sería rey en vida de Franco. Ante el después de Franco se dedicaría a dar a conocer cuál era su proyecto tanto a la oposición como a los ambientes internacionales.

El Gobierno formado en octubre de 1969, el gobierno del Príncipe, hechura de Laureano López Rodó, estaba destinado a presidir la proclamación de Juan Carlos como rey. En el mismo figuraba, como Ministro Secretario General del Movimiento, un hombre de la confianza del Príncipe, Torcuato Fernández Miranda.
Un gobierno que se movía dentro de la órbita reformista y aperturista del momento que en cierto modo trataba de ir sentando las bases para un cambio. Torcuato se proponía consumar, bajo la aparente ortodoxia de las palabras, la desfalangistización del Movimiento para convertirlo en una estructura de apoyo a la Monarquía.
Las denuncias contra este gobierno por parte de los sectores más militantes del régimen, acusado de querer desmantelar el régimen y socavar el prestigio de Franco arreciaron y finalmente tanto Franco como Carrero se hicieron eco de las mismas. Mientras, el Príncipe continuaba dando muestras de lealtad a Franco y a los Principios Fundamentales en los primeros discursos públicos que pronuncia. Es el hombre que mide las palabras para no despertar recelos.
Apoya el proceso de desmantelamiento del Movimiento que muchos pretenden incluso desde el Gobierno o sus aledaños, conclusión lógica de parte de la política de los sesenta; como otros, cree que la estrategia acertada es que el Movimiento se vaya diluyendo; se muestra partidario de que se produzca la separación de la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno; quiere las asociaciones políticas porque ellas abrirán las puertas a los partidos.
Su opción parece ser la evolución lenta, quizás conservando algunos elementos del régimen. Probablemente está en la órbita de lo que desde hace años ha planteado la política exterior americana como salida al régimen de Franco: un sistema con dos grandes fuerzas que no cuestionen el orden.
 Cuando esté próxima la muerte de Franco se planteará impulsar la formación de esas fuerzas.
El presidente Nixon, al conocer sus propósitos durante su visita a los EEUU en 1971, le recomendó tranquilidad en un camino donde lo importante era conservar el orden y la estabilidad.
Pero también en esos años hizo llegar a los centros de opinión internacionales su intención de hacer cambiar el sistema. En 1970, el prestigioso articulista, Richard Eder publicó un importante artículo bajo el título de “Juan Carlos quiere una España democrática”.
Conforme avancen los años setenta y la decadencia de Franco se haga más evidente mayor será la actividad del piloto del cambio.
En 1971 visitó los EEUU, en 1972 la República Federal Alemana. Después, a través de colaboradores, buscó convencer a la oposición de sus deseos de cambio. A través de José Mario Armero llegó hasta Felipe González. También enlazará con Luis Yañez y Luis Solana. En el maletero de Puig de la Bellacasa llegan a la Zarzuela hombres como Jordi Pujol o Leopoldo Torres.

En 1972, Herrero de Miñón publicó en Cuadernos para el Diálogo su trabajo “El Principio Monárquico”, en el niega la inmutabilidad de los Principios e indica que la clave está en la utilización del artículo 10 de la Ley de Sucesión, confiando a la Corona, gracias a su poder soberano, la misión de poner en marcha el cambio.
En 1974, Rafael Arias Salgado, había defendido que el cambio debería ser obra de un gobierno liberalizador.
Jorge Esteban publica la obra “Desarrollo Político y Constitución Española” y Fernández Miranda “Estado y Constitución”, defendiendo su idea de que “el único camino para erradicar las leyes que no nos gustan es trabajar para conseguir cambiarlas desde los mecanismos de reforma en ellas establecidos.

  En 1973, Franco decidió separar la Presidencia del Gobierno de la Jefatura del Estado nombrando presidente a un hombre leal, Luis Carrero Blanco. El gobierno está también pensado de cara al momento de la sucesión real pero es muy distinto al de 1969. Carrero supone la continuidad del régimen y un escollo para un cambio absoluto, pero lo corta un atentado terrorista de ETA.
El propio don Juan Carlos ha precisado que de vivir el Almirante, un hombre que en silencio había trabajado por la restauración de la Monarquía y por don Juan Carlos, no hubiera podido desmantelar el régimen tan rápidamente, aunque creía que Carrero, finalmente, no se le hubiera opuesto presentándole su dimisión.
Don Juan Carlos ya trabajaba abiertamente para el cambio político, quedaba diseñar el camino legal.
 Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Probablemente era consciente de que su régimen no le sobreviviría. En su última conversación con el hombre al que, en definitiva, le había hecho rey, ya en la Ciudad Sanitaria de La Paz, sólo pidió al Príncipe una cosa: que preservara la unidad de España: “la última vez que le ví ya no se encontraba en estado de hablar. La última frase coherente que salió de su boca, cuando ya se hallaba prácticamente en la agonía, es la que he mencionado ya, referida a la unidad de España. Más que sus palabras, lo que me sorprendió sobre todo fue la fuerza con que sus manos apretaron las mías para decirme que lo único que me pedía era que preservara la unidad de España. La fuerza de sus manos y la intensidad de su mirada. Era muy impresionante. La unidad de España era su obsesión. Franco era un militar para quien había cosas con las que no se podía bromear. La unidad de España era una de ellas”.
Esa España que, como afirma el propio Rey, es la que le permitió llevar a cabo la Transición: “todo lo que hice cuando me vi con las manos libres pude hacerlo porque antes habíamos tenido cuarenta años de paz. Una paz, estoy de acuerdo, que no era del gusto de todo el mundo, pero que de todos modos, fue una paz que me transmitió unas estructuras en las que me pude apoyar”.