PUIGDEMONT, INHABILITADO
El resultado inicial del procesamiento dictado por el juez Llarena y respaldado por el Tribunal Supremo, supone la inhabilitación del presidente prófugo Carlos Puigdemont y sus compinches. A los presuntos golpistas, que intentaron un golpe de Estado en octubre del año pasado, se les va a juzgar por rebelión y otra serie de delitos. La maquinaria de la Justicia está triturando la meditada maniobra para separar a Cataluña de España, sorteando la ley.
La inhabilitación significa que ni el expresidente felón Carlos Puigdemont ni sus cómplices pueden ostentar cargos públicos ni presentarse a las elecciones ni votar. Están procesados por gravísimos delitos. Como el presidente marioneta de la Generalidad, el racista Quim Torra, que ha calificado a los españoles de “bestias carroñeras, víboras, hienas con una tara en el ADN”, ha anunciado que se resistirá a lo dispuesto por el Tribunal Supremo, el choque de trenes se hará inevitable. Pedro Sánchez deberá salir del ejercicio del marketing, al que se ha entregado con admirable entusiasmo, y enfrentarse al marrajo sobre el ruedo catalán. Otra cosa significaría fragilizar el Estado de Derecho desde la Moncloa.
Se podrá serpentear durante algún tiempo a la espera de las decisiones sobre la extradición, pero está claro que el procedimiento jurídico camina a su ritmo y que el juez Llarena es un gran jurista, independiente e impermeable a las presiones políticas. Entre el Gobierno de España y el presidente títere de la Generalidad se ha abierto un nuevo precipicio por el que no resultará fácil caminar con políticas merengosas de distención y diálogos.
Luis María ANSON
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