Biling|ismo

PALABRAS DE D. RAMON MENENDEZ PIDAL

Biling|ismo

La opresión ling|ística que en España existió últimamente ha cesado por completo, para siempre, con la República. Las generaciones regionales educadas en la protesta contra los atropellos propenden, sin embargo, a organizarse pensando en el idioma como arma y no como instrumento.

El biling|ismo, que unos estiman riqueza espiritual y otros mero embarazo para el período educacional del individuo; el biling|ismo, ventajoso o inconveniente, es un estado natural de multitud de pueblos, un estado que no se escoge, sino que viene impuesto por la geografía, por la historia y por la ley de gravitación de los idiomas que los agrupa según sus masas. Y si es muy cierto que hay que respetar el hecho del espléndido renacimiento catalán moderno, no es menos necesario contar imprescindiblemente con el hecho magno y secular de la pacifica y perdurable penetración del castellano, desde la Edad Media, tanto en Galicia como en Cataluña y Vasconia.

Y al oír renegar de esta penetración, al oír comparar insensatamente el castellano al inglés, comprendemos que aún está muy viva la psicología del amargor; por lo cual yo no sé sino pedir a las regiones que hagan el mayor esfuerzo de apartamiento respecto a ese estado ideológico formado en la vejación pasada, y se lo pido con alguna confianza de que no me miren como un enemigo, porque soy gallego de nacimiento; porque me sumé cordialmente a la protesta contra el atropello de que fue víctima la lengua catalana y trabajé porque fuese reparado; porque he cooperado en lo que he podido a glorificar el cultivo del vasco.

En definitiva, perdura en múltiples formas la psicología de la incomprensión. ¿Se ha de estructurar bajo esta ideología la España nueva (la nueva vida que ha de proyectarse en largo provenir)? Hay que proceder con el mayor cuidado para que después de una segregación razonable de funciones en lo puramente necesario pueda la República proceder a una poderosa reintegración de los esfuerzos dispersos que levante la vida nacional al punto máxime.

(El Sol, 3 de noviembre de 1931.)

PALABRAS DE D. RAMON MENENDEZ PIDAL

Biling|ismo

La opresión ling|ística que en España existió últimamente ha cesado por completo, para siempre, con la República. Las generaciones regionales educadas en la protesta contra los atropellos propenden, sin embargo, a organizarse pensando en el idioma como arma y no como instrumento.

El biling|ismo, que unos estiman riqueza espiritual y otros mero embarazo para el período educacional del individuo; el biling|ismo, ventajoso o inconveniente, es un estado natural de multitud de pueblos, un estado que no se escoge, sino que viene impuesto por la geografía, por la historia y por la ley de gravitación de los idiomas que los agrupa según sus masas. Y si es muy cierto que hay que respetar el hecho del espléndido renacimiento catalán moderno, no es menos necesario contar imprescindiblemente con el hecho magno y secular de la pacifica y perdurable penetración del castellano, desde la Edad Media, tanto en Galicia como en Cataluña y Vasconia.

Y al oír renegar de esta penetración, al oír comparar insensatamente el castellano al inglés, comprendemos que aún está muy viva la psicología del amargor; por lo cual yo no sé sino pedir a las regiones que hagan el mayor esfuerzo de apartamiento respecto a ese estado ideológico formado en la vejación pasada, y se lo pido con alguna confianza de que no me miren como un enemigo, porque soy gallego de nacimiento; porque me sumé cordialmente a la protesta contra el atropello de que fue víctima la lengua catalana y trabajé porque fuese reparado; porque he cooperado en lo que he podido a glorificar el cultivo del vasco.

En definitiva, perdura en múltiples formas la psicología de la incomprensión. ¿Se ha de estructurar bajo esta ideología la España nueva (la nueva vida que ha de proyectarse en largo provenir)? Hay que proceder con el mayor cuidado para que después de una segregación razonable de funciones en lo puramente necesario pueda la República proceder a una poderosa reintegración de los esfuerzos dispersos que levante la vida nacional al punto máxime.

(El Sol, 3 de noviembre de 1931.)

HABLA D. JOSE ORTEGA Y GASSET

Señoras, señores: En estos días, con la aprobación del texto constitucional y la elección de Presidente, queda establecida jurídicamente la República española. Tenemos ya un cauce legal por donde pueda fluir fecundamente nuestra vida colectiva; tenemos ya bajo nuestras planteas un suelo de Derecho donde hincar los talones e iniciar la marcha histórica. Termina, pues, en estos días el primer acto de la implantación de la forma republicana en nuestra vieja, en nuestra viejísima España. No es el momento excelente. (Se promueve un incidente porque se quejan de lo deficientemente que se oye.) Perdonen ustedes, pero no estoy acostumbrado a hablar con altavoz, y acontece que mientras voy pronunciando las palabras las escucho yo mismo, y esto es demasiado: hablar y encima escucharse. (Risas.) Decía, pues, si no es el momento excelente para que hagamos un alto y recogiendo bien las riendas de la atención, miremos en rededor, percibamos claramente la situación interna de nuestro país; analicemos el próximo sábado, y sobre todo, proyectemos en grande la arquitectura de nuestro porvenir. No todo esto, porque sería demasiada tarea; pero sí algo de eso, un comienzo de esto, quisiera yo hacer ante vosotros.

Van transcurridos siete meses de vida republicana, y es hora ya de hacer un primer balance y algunas cosas más que un balance. Durante esos siete meses la República ha estado entregada a unos cuantos grupos de personas, que han hecho de ella lo que les recomendaba su espontánea inspiración. Tenían derecho a ello porque fueron la avanzada del movimiento republicano en la hora de máximo peligro. Era justo que los demás quedásemos, por de pronto, a la vera, procurando no estorbar; más aún, formando un círculo defensivo, dentro del cual esos hombres, sobre los cuales el destino había hecho caer la tremenda carga de enseñar a una República recién nacida sus primeros pasos, pudiesen actuar en plena holgura, con plena calma. Lo único que además podía exigírsenos era que si desde el principio jugábamos algo erróneo esos primeros, cuidásemos de expresar nuestra discrepancia en forma mesurada y cordial. Por mi parte, creo haber cumplido con todo rigor este complejo deber, porque durante estos meses he evitado estorbar, porque he defendido desde mi puesto excéntrico a los que gobernaban y, en fin, porque a los quince días de sobrevenida la República comencé yo a hacer señas (que éstas venían a ser mis tenues palabras en artículos periodísticos y en discursos parlamentarios), comencé a hacer señas a los de arriba para insinuarles que en mi humildísima opinión tomaban vía muerta. (Muy bien.)

Era, señores, de superior urgencia que lo antes posible existiese una ley, una figura de Estado, más o menos imperfecta, que permitiese iniciar la vida política normal, y a esta urgencia convenía supeditar todo lo demás. Pero esa ley, la Constitución, existe ya; hay ya un Estado, y ahora nuestro deber cambia de signo y nos impele precisamente a lo contrario que hasta aquí. Ahora es preciso que cada cual diga claramente lo que piensa sobre la situación histórica de nuestro país; que declare su opinión sobre el modo como ha sido planteada la vida republicana. Ya no es necesario, y, por lo mismo, no es lícito que sigan más o menos confundidas las actitudes políticas. Es preciso que se deslinden los juicios y los programas, porque es preciso también que se deslinden las responsabilidades. (Muy bien.)

Cuando la historia de un pueblo marcha ya sobre carriles añejos, sólidamente instalados, puede impunemente el individuo o el grupo concederse un margen de distracción, y aun de frivolidad en la conducta, pensando que sus actos públicos no tendrán consecuencias ni muy importantes ni muy graves; pero en una hora como ésta, en que nace para España un nuevo destino, cuando lo estatuído es algo tan tierno, tan débil, que no podemos apoyarnos en ello, sino que, al revés, el Estado tiene que ser sostenido y alimentado por nuestros propios actos, es preciso que cada uno de éstos, los míos como los vuestros, vayan inspirados por un sentido casi patético de responsabilidad. Notad que nuestra vida ahora no consiste en repetir una vez más lo que veníamos haciendo ayer o anteayer, que no vamos cómodamente embarcados en usos antiguos, sino que, por el contrario, queramos o no, estamos iniciando nuevas formas y modos de vida pública, nuevas normas y propósitos y hasta vocabulario de convivencia; en suma; señores, que estamos creando historia con cada una de las palabras, gestos y movimientos que hacemos. Es preciso que el pueblo español se dé plena cuenta de esto; que se percate del rango que para los destinos de España tienen estos meses, semanas y días, porque sólo así podrán esas palabras, esos gestos y esos movimientos nacer como rezumando sobre aquel fondo de dignidad, de elevación moral, que requiere una tarea tan enorme como ésta en que estamos sumergidos. Por eso el crimen mayor que hoy se puede cometer en España es empequeñecer el momento. (Muy bien. Varios espectadores: No se oye.) Yo ruego que me digan las personas que ocupan las localidades más remotas de mí si me oyen, porque de otra manera, con los escasos medios de mi voz, yo intentaría tomar cada palabra en la honda y lanzarla a las alturas. (Risas.)

Son, pues, instantes de rango sublime, o ¿es que creéis que podemos entrar en tan soberana faena como es organizar una nación, edificar un fuerte Estado, si seguimos los españoles como hasta aquí, con un temple de ánimo chabacano, flojas las mentes y el albedrío sin una formidable tensión de disciplina?

Diatriba contra la chabacanería y elogio de la pasión

¿De dónde va a venir el tono y calidad a nuestra historia, sino del tono y calidad que logren alcanzar nuestras vidas individuales? Como en el deporte es necesario un especial entrenamiento y hace falta seguir un régimen de vida que mantenga el cuerpo en forma, asegurando la plena elasticidad de sus facultades, para hacer historia es menester que el ciudadano, el simple ciudadano, se halle moralmente en forma, tenso el ciudadano, el simple ciudadano, se halle moralmente en forma, tenso como un arco que va a disparar su flecha hacia lo alto. Sin eso no habrá nada. Y uno de los crímenes más insistentes de la Monarquía fue el fomentar continuamente nuestra propensión a la chocarrería, el chiste envilecedor, a las ridículas disputas de casinillo. Bajo atmósfera tal, estad seguros de que las almas no pueden querer lo grande; antes bien, minusculizadas, encanalladas, miopes como ratones se perderán en el laberinto miserable de las querellas de rincón, y no podrán ver las líneas sencillas, pero gigantes, que orientan al pueblo en sus renacimientos. (Aplausos.)

Yo, señores, soy un pobre hombre, con muchas menos pretensiones de las que algunos suponen; simplemente un pequeño ser que ha ligado siempre su microscópico destino individual al ancho macroscópico destino de su raza. Y que por eso, cuando ve que España va a cometer un error o, por el contrario, que puede hacer algo grande, arrostra el ser tachado de pretencioso y abandonando su habitual oscuridad, da al viento la poca cosa de su voz y lanza a sus conciudadanos una advertencia o una indicación. Nada más. Así, yo ahora, en este momento decisivo, comienzo por decir: hermanos españoles, no toleréis en vosotros ni en vuestro alrededor el triunfo de la chabacanería; mirad que por ese punto se ha ido siempre la media toda de las posibilidades españolas; ni consintáis tampoco que domine la vida pública el falso apasionamiento atropellado y pueblerino. Decía Hegel que nada importante se ha hecho nunca en el mundo si no lo ha hecho la pasión. Pero bien entendido, añade, la pasión... fría. La otra, el fácil apasionamiento que nos arrebata un momento, no ha servido nunca para nada estimable. La auténtica pasión creadora de historia es un fervor recóndito, tan seguro de sí mismo, tan firme en su designio, que no teme perder calorías por buscar el auxilio de las dos cosas más gélidas que hay en el mundo: la clara reflexión y la firme voluntad.

Por eso os pido que, juntos en este rato y cualesquiera que sean vuestras opiniones, me dejéis razonar sencillamente sobre los destinos nacionales. (Aplausos.)

La ocasión es magnífica para hacer de España un pueblo de vida contenta y plenaria, respetado por todos los extraños. ¿No es una enorme pena que se desvirtúe esta ocasión para dejar que triunfen las pequeñeces, las manías, las palabras hueras y, sobre todo, la angostura de visión histórica?

Y es evidente que algo de esto está aconteciendo. Conviene que yo evite toda exageración en el diagnóstico y hasta que me oponga a ella. Para exagerar, para desorbitar las cosas, se bastan y se sobran las mesas de café, en torno a las cuales veinte mil tertulias, desde hace cincuenta años, se complacen en desmesurar todos los hechos y descoyuntar todas las opiniones. (Muy bien.)

Nada grave, por fortuna, ni irremediable ha acontecido; pero es evidente que si se compara nuestra República en la hora feliz de su natividad con el ambiente que ahora la rodea, el balance arroja una pérdida, y no, como debiera, una ganancia. No disputemos sobre la cuantía de la pérdida, no disputemos sobre el más o el menos de esta pérdida. Lo que tenemos que hacer es reconocerla. No se han sumado nuevos quilates al entusiasmo republicano; al contrario, le han sido restados. Y si esto es indiscutible, lo será también extraer la inmediata e inexcusable consecuencia: que es preciso rectificar el perfil de la República. (Muy bien. Grandes aplausos.)

Nació esta República nuestra en forma tan ejemplar que produjo la respetuosa sorpresa de todo el mundo. Caso insólito y envidiable; acontecía un cambio de régimen, no por manejos, ni por golpes de mano, ni por subversiones parciales, sino de la manera inevitable, exuberante y sencilla, como brota la fruta en el frutal. Este modo, diríamos espontáneo, de nacer la República, nos garantiza que el grave cambio no era una ligereza, no era un capricho, no era un ataque histérico, ni era una anécdota, sino que había sido una necesidad profunda de la nación española, que se sentía forzada a sacudir de sobre sí el cuerpo extraño de la Monarquía.

Lo que no se comprende es que habiendo sobrevenido la República con tanta plenitud y tan poca discordia, sin apenas herida, ni apenas dolores, hayan bastado siete meses para que empiece a cundir por el país desazón y descontento, desánimo; en suma, tristeza. ¿Por qué nos han hecho una República triste y agria bajo la joven constelación de una República naciente? (Muy bien.)

No voy a acusar a nadie, no sólo porque repugno faena tal, sino porque además sería injusto. Conozco esos hombres que hoy dirigen la vida pública española -y me refiero no sólo a los Gobiernos, sino a muchos que militan próximos a ellos-; conozco a esos hombres y sé que la política peninsular no ha encontrado nunca tesoro mayor de buena fe y de prontitud al sacrificio. Lo que pasa es que se han equivocado, que han cometido un amplio error en el modo de plantear la vida republicana. Y aún, si luego tuviera tiempo, me atrevería a demostrar que en buena porción ese error cometido no les es imputable, sino que más bien son de él responsables las clases representantes del antiguo régimen que ahora tan enconadamente combaten a esos hombres. ¿Pues qué? ¿Se quería que después de haberlos mantenido en permanente oposición, más aún, en virtual destierro de los negocios públicos, pudiesen esos hombres de la noche a la mañana improvisar la destreza, la soltura de mano y la óptica del gobernante?

No; hay una porción de error en la actuación de esos hombres, en la de todos nosotros, que no debe avergonzarnos, porque nos viene impuesto por una realidad histórica profunda. No somos culpables de que se haya roto de modo tan total la continuidad de las fuerzas políticas españolas.

Hace diecisiete años, en 1914, en una conferencia juvenil, titulada «Vieja y nueva política», anunciaba yo que esa discontinuidad se produciría por el torpe hermetismo del régimen monárquico, que no permitía la convivencia de todas las fuerzas nacionales, sino que establecía una valla, más allá de la cual quedaban desterrados de los asuntos de España la mayor parte de los españoles.

Parecerá extraño, señores, que comience por defender a los mismos que tengo el deber de criticar; pero la República debe hacer usos nuevos, y sobre todo, nadie espere que por actuar yo ahora políticamente abandone ninguno de los imperativos que han gobernado mi vida, ni renuncie a una sola de las facetas de mi verdad. Quien busque, pues, palabras más desaforadas, o más simplistas, o más injustas, puede, como en el juego de las cuatro esquinas, ir a buscar candela en otra parte donde reluzca. (Aplausos.)

Pero digo que aun restando la dosis de error que, por ser inevitable, no se puede imputar, queda una porción, la más grave y la más sustancial.

¿Por qué? ¿Por qué en torno a la República hay hoy menos fervor que hace siete meses? Esto es lo inadmisible, lo injustificable.

Para ver claro en qué consiste ese enorme error conviene retrotraernos a aquellos días en que se preparaba el movimiento revolucionario. En esas horas de lucha, en esos instantes de batalla, las almas se hacen un poco agudas, porque se hacen un poco espadas; las potencias adquieren máxima tensión, y alerta el oído, alerta la pupila, se percibe con gran exactitud la situación histórica de la realidad política. Por eso, porque se acierta en la visión, se logra la victoria; pero luego viene el triunfo, y el triunfo es a veces un alcohol nocivo que onubila la mente de los triunfadores.

República conservadora y República burguesa

Cuando preparaban la revolución, los hombres que han aparecido al frente de la República veían con plena claridad lo que ésta tenía que ser durante la primera etapa de su historia, durante el tiempo de su consolidación. «La República que ahora triunfe, decían -notad bien: lo decían ellos entonces, no lo digo yo ahora-, la República que ahora triunfe tiene que ser una República conservadora, una República burguesa.» Algún ministro recordará los atronadores aplausos que estas palabras pronunciadas por él disparaban en el auditorio; pero yo aproveché la primera ocasión para hacer notar que ambas expresiones eran poco o nada felices.

¿Conservadora? Señores, hablemos un poco en serio, libertándonos de la tiranía que sobre nuestras mentes ejercen las palabras, las denominaciones. ¿Hay hoy en toda la anchura del mundo movimiento alguno de dimensiones apreciables que pueda calificarse de conservado, de auténticamente conservador? Podrá este o el otro individuo, en el secreto de su temperamento, allá en la intimidad de sus nostalgias, ser conservador; pero hoy no es posible en parte alguna una política conservadora. Los problemas que encuentra ante sí hoy el Estado son de tal gravedad y profundidad, que ningún pretérito puede servir de norma para atacarlos. La sustancia misma del hombre medio se ha hecho hoy tan distinta de lo tradicional, que nos obliga, ni más ni menos, como si dijéramos, a brincar de una época a otra, a abandonar todo el mundo político conocido e ingresar medrosos, atemorizados, en un mundo completamente nuevo y totalmente incógnito.

No creo que haya hoy en Europa nadie que se haga ilusiones de lo contrario: poco, muy poco y muy condicionalmente, puede conservarse del pasado, y por eso los ingleses, al acudir a unas elecciones recientes en extraña coalición jamás sospechada en sus islas, puestos a conservar no han podido conservar -ya lo veréis- más que el nombre de conservadores. (Muy bien. Aplausos.)

No hay más que un pueblo maestro en inquietudes, gran doctor en convulsiones: Francia, que por la convergencia de una serie de azares ha podido intentar hasta la fecha el sostenimiento del statu quo, que es cosa muy distinta de una política conservadora. Se trata de un equilibrio inestable, en cuya perduración nadie confía, y que en definitiva se nutre de demorar sine die las grandes cuestiones del tiempo. Inexorablemente, en una u otra jornada, llegará a ese admirable país la marea viva de los problemas actuales: el statu quo zozobrará y se disparará en él un proceso parejo al que acude a todos los demás países.

Decir, pues, que la República española debía ser una República conservadora equivale a no decir nada. Menos aún: equivale a desorientar el porvenir de nuestra República.

Pero menos afortunada todavía me parece la otra expresión: ¡República burguesa! ¡Como si no consistiese la máxima peculiaridad de nuestra historia en la relativa inexistencia, por lo menos en la anormal debilidad, de la burguesía en esta Península! Cualquiera diría que se trata de una simple anécdota, cuando es el hecho básico causante de la decadencia que ha padecido España durante toda la Edad Moderna. Porque una edad, una época, es un clima moral que vive del predominio de ciertos principios disueltos en el aire. La época moderna vivió impulsada por el racionalismo y el capitalismo, dos principios emanados de cierto tipo de hombre que ya en el siglo XV se llamaba «el burgués». Y si España se apagó al entrar en ese clima como una bujía se apaga por sí misma al ser sumergida en el aire denso de una cueva, fue sencillamente porque ese tipo de hombre era en nuestra raza escaso y endeble, y el alma racional se ahogaba en la atmósfera de aquellos principios. Y si no ha gozado España de salud durante la Edad Moderna porque era insuficientemente burguesa, ¿va a dar la casualidad de que ahora, cuando la modernidad sucumbe, y con ella la burguesía pierde la plenitud de su mando; vaya a dar la casualidad, digo, de que al renacer un Estado, este Estado se edifique como Estado propiamente burgués? No hay, ciertamente, grandes probabilidades de ello.

El magnífico movimiento ascensional de las clases obreras

Importa, pues, mucho en materias graves, como ésta, cuando se trata nada menos que de empujar a todo un pueblo en cierta dirección hacia la línea azul de su horizonte, que cuidemos el uso de las palabras, porque son los déspotas más duros que la humanidad padece. El vocablo que se ha apoderado de nosotros, que en nosotros prende, nos lleva ya luego al estricote hasta sus últimas consecuencias; consecuencias que son las suyas, pero que no son las nuestras. Se reconocerá no haber grandes probabilidades de que en el mundo actual, al acontecer un cambio de régimen, el nuevo Estado que nazca sea, hablando con propiedad, un Estado burgués. Y como yo voy ha hacer un llamamiento a todas las fuerzas eficaces del país, entre ellas a las llamadas burguesas, especialmente a las capitalistas, y quiero que este llamamiento mío sea entusiasta, pero a la vez serio y riguroso, me interesa que quedan claras ciertas cosas elementales. Una de ellas, ésta: cualesquiera que sean las diferencias políticas que existen o puedan existir mañana en nuestra vida pública, es preciso que nadie cometa la estupidez de desconocer que desde hace sesenta años el más enérgico factor de la historia universal es el magnífico movimiento ascensional de las clases obreras. Se trata de una corriente tan profunda y sustancial, que tiene la grandeza e incoercibilidad de los hechos geológicos. Toda política, pues, inspírela uno u otro temperamento, tendrá que ir a la postre inscrita dentro de este formidable influjo. Tiene que contar con él y aceptarlo, como se acepta el avance de nuestro sistema solar hacia la constelación de Hércules. (Muy bien. Aplausos.)

No se hable, pues, de ningún rincón planetario de política burguesa; pero, viceversa, no cabe tampoco confundir ese movimiento ascensional de la humanidad obrera con el laborismo, socialismo, sindicalismo o comunismo, que son meras fórmulas, propagandas, ensayos, todo lo importantes que se quiera, pero que a la postre no representan sino interpretaciones transitorias y relativamente superficiales de aquella realidad, mucho más profunda e inexorable. (Aplausos.)

De modo que no es hoy posible, imaginable, política alguna que en una de sus dimensiones no sea política obrerista, que en su sesgo no acompañe a esa tremenda corriente marina que empuja a la historia actual. Pero, a la par, ningún credo o partido obrerista puede pretender significar la modulación única, definitiva e infalible de esa realidad sustantiva de nuestro tiempo. Bastará comparar la situación del socialismo o sindicalismo en Europa veinte años hace y hoy para convencerse de ello.

Para no desorientarnos evitemos, pues, hablar de política conservadora y de política burguesa. Pero si yo rechazo ambas fórmulas en cuanto que pretendan tener un significado preciso, reconozco, en cambio, que cuando fueron pronunciadas en la hora de preparar la revolución, los que las emitían querían decir con ellas otra cosa mucho más certera y completamente oportuna; ésta, sencillamente ésta: que la República, durante su primera etapa, debía ser sólo República, radical cambio en la forma del Estado, una liberación del Poder público, detentado por unos cuantos grupos; en suma: que el triunfo de la República no podía ser el triunfo de ningún determinado partido o combinación de ellos, sino la entrega del Poder público a la totalidad cordial de los españoles. (Grandes aplausos.)

Lo que significó el cambio de régimen

Porque no se ha hecho eso, o para hablar con más cautela y tal vez con más justicia, porque se ha dado la impresión de que no se hacía eso, sino que se aprovechaba ese triunfo espontáneo y nacional de la República para arropar en él propósitos, preferencias, credos políticos particulares, que no eran coincidencia nacional, es por lo que resulta que al cabo de siete meses ha caído la temperatura del entusiasmo republicano y trota España, entristecida, por ruta a la deriva. Y eso es lo que hay que rectificar.

Apenas sobrevenido su triunfo comienza ya a falsearse. Gentes atropelladas comenzaron a decir: ¿Cómo? ¿No se ha hecho más que cambiar la forma de gobierno? Con lo cual no hacían sino descubrir su inconsciencia y revelar que no tenían una idea clara de lo que era la Monarquía en España, cuando su simple ausencia y su sustitución por un régimen opuesto se les antojaba a esos señores parva mutación. Les parecía poco el cambio de régimen, y en cambio les parecía mucho media docena de reformas verbalistas que habían capturado en los archivos de una vetusta y agotada democracia. (Muy bien.) Esta agitación formó un círculo de inquietud en torno a los gobernantes, la mayor parte de los cuales -estoy seguro- no simpatizaba con ella, veía perfectamente su vanidad, pero no acertó a recibirla.

Ahí es nada que España haya dejado de vivir bajo la Monarquía de Sagunto y aliente hoy bajo la figura de una República. ¿Es que se sabe, se sabe lo que esa Monarquía significaba más allá de todo detalle, más allá de todos los abusos particulares, por su esencia misma, lo que significaba para los destinos españoles?

La Monarquía era una Sociedad de socorros mutuos

España es el país, entre todos los conocidos, donde el Poder público, una vez afirmado, tiene mayor influjo, tiene un influjo incontrastable, porque, desgraciadamente, nuestra espontaneidad social ha sido siempre increíblemente débil frente a él. Pues bien: la Monarquía era una Sociedad de socorros mutuos que habían formado unos cuantos grupos para usar del Poder público. Esos grupos representaban una porción mínima de la nación: eran los grandes capitales, la alta jerarquía del Ejército, la aristocracia de sangre, la Iglesia.

No voy a proferir ninguna palabra enojosa para las personas que integraban estos grupos, dueños hasta hace poco del Poder y hoy en derrota. Digo de ellos aquí lo mismo que no pocas veces les he dicho a ellos mismos, lo propio que me comprometería a decir ante una academia de historiadores y sociólogos, donde mis palabras fuesen con todo rigor científico oídas, interpretadas y juzgadas; en realidad lo he hecho constar hace tiempo en lugares del extranjero muy exigentes por lo que toca a la precisión de las ideas, y donde, por tanto, exponía la seriedad de mi oficio intelectual. Mi idea es ésta: no entro a juzgar ni a suponer intenciones buenas o malas, que no importa al caso; pero el hecho es que esa realidad histórica llamada Monarquía de Sagunto, y que llena sesenta años de la existencia española, consistía en la asociación de aquellos mínimos grupos para uso del Poder público. El Monarca era el gerente de esa Sociedad, nada más, pero tampoco nada menos. Cuando el interés real o aparente del país coincidía con el de esos grupos, hacían éstos grandes gesticulaciones de patriotismo; pero si la necesidad nacional entraba en colisión con la conveniencia de algunos de ellos, acudían al socorro todos los demás, y era la nación quien tenía que ceder, padecer y anularse para que el grupo amenazado no sufriera erosión.

Dicho en otra forma: los grandes capitales, el alto ejército, la vieja aristocracia, la Iglesia, no se sentían nunca supeditados a la nación, fundidos con ella en radical comunidad de destinos, sino que era la nación quien, en hora decisiva, tenía que concluir por supeditarse a sus intereses particulares. ¿Resultado? Que el pueblo español, el alto, medio o ínfimo, parte de esos exiguos grupos, no ha podido nunca vivir de sí mismo y por sí mismo, no se le ha dejado franquía a su propio intransferible destino; no ha podido hacer la historia que germinaba en su interior, sino que era una y otra vez y siempre frenado, deformado, paralizado por ese poder público, no fundido con él, yuxtapuesto constantemente; ha estado sobre él o sobrepuesto a la nación por intereses divergentes de los sagrados intereses españoles, y les llamo sagrados porque la historia de un pueblo, su misterioso destino y emigración por el tiempo, señores, es siempre historia sagrada. En ello va algo tan profundo, tan imprevisible y tan respetable, que trasciende de la voluntad y del criterio de los individuos. Por eso los grandes hechos claros de un pueblo tienen que ser profundamente respetados y nunca desvirtuados. Esta es la tesis principal de mi discurso. De un lado, señores, iba, mejor dicho, pugnaba por ir a la nación; del otro, marchaba a su ventaja el Poder público. En suma, que la Monarquía era el Poder pública desnacionalizado, que irremediablemente falsificaba la vida de nuestro pueblo, desviándola sin cesar de su espontánea trayectoria. El caso más claro de esta desfiguración a que era sometida la realidad española nos la ofrece la Iglesia. Colocada por el Estado en situación de superlativo favor, gozando de extemporáneos privilegios, aparecía poseyendo un enorme poder social sobre nuestro pueblo; pero ese poderío no era, en verdad, suyo, suscitado y mantenido exclusivamente por sus fuerzas, que entonces sería absolutamente respetable, sino que la venía del Estado como un regalo que el Poder público le había puesto a su servicio. Con lo cual se falsificaba la efectiva ecuación de las fuerzas sociales de España, y de paso la Iglesia, viviendo en falso, y esto es lo triste, viviendo en falso, se desmoralizaba ella misma gravemente. (Grandes aplausos.)

No concibo que ningún católico consciente pueda desear la perduración de régimen parejo, en que el uso mismo era ya un abuso, con lo cual no está dicho, ni mucho menos, que la situación recientemente creada me parezca en su detalle n perfecta ni deseable. Mas, por lo tanto, hay que acatarla sin más. El Estado tiene que ser perfectamente y rigurosamente laico; tal vez ha debido detenerse en esto y no hacer ningún gesto de agresión. Yo no soy católico, y desde mi mocedad he procurado que hasta los humildes detalles oficiales de mi vida privada queden formalizados acatólicamente; pero no estoy dispuesto a dejarme imponer por los mascarones de proa de un arcaico anticlericalismo. (Aplausos.)

¿Cómo iban a marchar así bien las cosas? El Estado contemporáneo exige una constante y omnímoda colaboración de todos sus individuos, y esto, no por razones de justicia política, sino por ineludible forzosidad. Las necesidades del Estado actual son de tal cuantía y tan varias, que necesita la permanente prestación de todos sus miembros, y por eso, en la actualidad, gobernar es contar con todos. Por tal necesidad, que inexorablemente imponen las condiciones de la vida moderna, Estado y nación tienen que estar fundidos en uno; esta fusión se llama democracia. Es decir, que la democracia ha dejado de ser una teoría y un credo político que unos cuantos agitan para convertirse en la anatomía inevitable de la época actual. Por tanto, es inútil discutir sobre ella; la democracia es el presente, no es que en el presente haya demócratas. (Aplausos.)

Es necesario nacionalizar la República

Pues bien, señores: la República significa nada menos que la posibilidad de nacionalizar el Poder público, de fundirlo con la nación, de que nuestro pueblo vague libremente a su destino, de dejarlo fare da se, que se organice a su gusto; que elija su camino sobre el área imprevisible del futuro, que viva a su modo y según su interna inspiración. Yo he venido a la República, como otros muchos, movido por la entusiasta esperanza de que, por fin, al cabo de centurias se iba a permitir a nuestro pueblo, a la espontaneidad nacional, corregir su propia fortuna, regularse a sí mismo, como hace todo organismo sano; rearticular sus impulsos en plena holgura, sin violencia de nadie, de suerte, que en nuestra sociedad cada individuo y cada grupo fuesen auténticamente lo que son, sin quedar, por la presión o el favor, deformada su sincera realidad.

Eso es lo que significaba para mí eso que algunos llaman «simple cambio de forma de gobierno», y que es, a mi juicio, transformación mucho más honda y sustanciosa que todos los aditamentos espectaculares que quieran añadirle los arbitrarios y angostos programas de angostísimos partidos.

Y el error que en estos meses se ha cometido, ignoro por culpa de quién, tal vez sin culpa de nadie, pero que se ha cometido, es que al cabo de ellos, cuando debíamos todos sentirnos embalados en un alegre y ascendente destino común, sea preciso reclamar la nacionalización de la República, que la República cuente con todos y que todos se acojan a la República. Al día siguiente de sobrevenido el triunfo (no se olvide que en unas elecciones, no en una barricada) puedo elegir el Gobierno, en pleno albedrío, entre una de estas dos cosas: o seguir siendo el antiguo Comité revolucionario o declararse representante de una nueva y rigurosa legalidad que iniciaba su constitución. Al preferir lo primero, por lo menos al preferirlo más bien que lo otro, quedó ya en su raíz desvirtuada la originalidad del cambio de régimen, de ese hecho histórico esencial que ha emanado directamente de nuestro pueblo entero como un acto de su colectiva aspiración: ese hecho que no es de ningún grupo, ni grande ni pequeño, sino de la totalidad del pueblo español, hecho al cual debiera volver su atención y debiera atenerse todo el que no quiera equivocarse en el próximo porvenir. Este hecho es la verdad de España, superior a todo capricho, y que aplastará cualquier frívola intención de interpretarlo arbitrariamente. Aquella conducta del pueblo español es el texto fundamental de que nuestra política tiene que ser el pulcro y fiel comentario. Y esa conducta significaba un ansia de orden nuevo y un asco del desorden en que había ido cayendo la Monarquía: primero, el desorden pícaro de los viejos partidos, sin fe en el futuro de España; luego, el desorden petulante y sin unción de la Dictadura. (Aplausos.)

Los perturbadores de la República

A esa unidad de la voluntad nacional que la República tiene que significar es preciso que volvamos, porque hay a la puerta de la República, instalados en hilera, unos hombres que perturban la obra de los gobernantes e impiden el ingreso en la República del buen español, pacífico y mesurado. Hacen ellos grandes aspavientos de revolución, la cual podrá en alguno ser sentimiento sincero; pero revolución que hoy en España sería no buena o mala, sino algo más definitivo: históricamente falsa. Exigen esos hombres pruebas de pureza de sangre republicana y se dedican a recitar sin parar las más decrépitas antífonas de la caduca beatería democrática. Urge salvar a la República de esa vieja democracia que amenaza arrastrarla cien años atrás; urge salvarla en nombre de una nueva democracia más sobria y magra, más constructiva y eficaz; en suma: la democracia de la juventud. Esta tenemos que constituirla.

La composición del Gobierno provisional era un documento de carne y hueso que acreditaba y simbolizaba el carácter nacional, y no particular o partidista, del cambio de régimen. Era natural que existiesen elementos dispuestos a tergiversar su sentido y pretender que eran ellos quienes habían traído la República, y en consecuencia, que la República había venido en beneficio de ellos. El Gobierno no debió tolerar ni un minuto este falseamiento del gran hecho nacional.

Muy pocas veces acontece, señores, que la voluntad prácticamente integral de un pueblo se concentre en unánime decisión para dar una embestida sobre el horizonte, abriendo en él ancho portillo hacia al futuro. Por lo mismo, cuando esto acontece, es un radical deber impedir por todos los medios que esa unificación maravillosa de la vida colectiva quede sin fértil aprovechamiento y recaiga demasiado pronto en la habitual disociación. Es menester conservar este tesoro de unidad, y a los quince días del triunfo, dueño de los resortes más imprescindibles del Poder público, debió el Gobierno declarar que empezaba a constituirse un Estado integral superior a todo partidismo, riguroso frente a toda ambición arbitraria. Hubiera podido hacerlo perfectamente; hubiera podido, aprovechando la mágica ocasión, lanzar al país, en mole solidaria, hacia un plan de sistemáticas reformas dirigido desde arriba, el cual ofrecería a cada uno la ilusión de un nuevo quehacer. Por ejemplo, para no referirme sino al orden de la vida pública, que es el más agudo en todas partes, pudo crear, desde luego, un Consejo de Economía, que rápidamente dictaminase ante el país sobre la situación de nuestra riqueza, sobre los peligros o dificultades probables, sobre lo que se podía esperar y lo que se debía evitar. De esta suerte, cobrando el país conciencia de su situación material, se evitaban muchos apetitos parciales e inconexos, que han deprimido, no diré que gravemente, pero sí en dosis injustificadas, la economía española. (Muy bien.)

En vez de una política unitaria, nacional, dejó el Gobierno que cada ministro saliese por la mañana, la escopeta al brazo, resuelto a cazar al revuelo algún decreto vistoso, como un faisán, con el cual contentar la apetencia de su grupo, de su partido o de su masa cliente. (Muy bien. Grandes aplausos y bravos.)

No es razón que abone esta conducta decir que los decretos fulminados por el Gobierno provisional habían sido convenidos de antemano, cuando se preparaba la revolución, porque entre el uno y el otro hecho se había intercalado aquella magnífica reacción de nuestro pueblo, que anulaba las previsiones revolucionarias. (Nuevos y prolongados aplausos.)

De esta suerte quedó la República a merced de demandas particulares, y a veces del chantaje que sobre ella quisiera ejercer cualquier grupo díscolo; es decir, que se esfumó la supremacía del Estado, representante de la nación frente y contra todo partidismo.

Por fortuna, el daño no ha sido excesivo, porque existía dentro del Gobierno una calidad intelectual y moral en las personas que condensaba en parte las consecuencias de ese error cometido al plantear la vida republicana. Porque no se hagan ilusiones las fuerzas antirrepublicanas, que acostumbradas a mandar sobre España tascan el freno de su soberbia derrocada... (Muy bien. Grandes aplausos.) No se hagan ilusiones cuando tan acerbamente combaten a esos ministros. Una cosa es que hayan cometido un error genérico en esta hora difícil, y otra, que no posean muchos de ellos excelentes condiciones de gobernantes, que aun al través de su error trasparecen. La verdad aquí, como muchas veces, tiene dos vertientes, y es verdad que parcialmente se han equivocado; pero es verdad también que no pocos de ellos ofrecen para España, en lo futuro, grandes posibilidades de dotes de hombres de gobierno. (Muy bien. Grandes aplausos.)

Rectificación necesaria. La creación de un gran partido nacional

Mas lo que no queda dudoso, señores, es que es preciso rectificar el perfil y el tono de la República, y para ello es menester que surja un gran movimiento político en el país, un partido gigante que anude de la manera más expresa con aquel ejemplar hecho de solidaridad nacional portador de la República, que interprete ésta como un instrumento de todos y de nadie para forjar una nueva nación, haciendo de ella un cuerpo ágil, diestro, solidario, actualísimo, capaz de dar su buen brinco sobre las grupas de la Fortuna histórica, animal fabuloso que pasa ante los pueblos siempre muy a la carrera. En suma, señores, que frente a los particularismos de todo jaez urge suscitar un partido de amplitud nacional; de otro modo, el Estado naciente vivirá en continuo peligro y a merced de que cualquiera banda de aventureros le amedrente e imponga su capricho.

¿Qué puede entenderse por un partido de amplitud nacional? ¿Qué principio puede inspirarlo? Muy sencillo; éste: la nación es el punto de vista en el cual queda integrada la vida colectiva por encima de todos los intereses parciales de clase, de grupo o de individuo; es la afirmación del Estado nacionalizado, frente a las tiranías de todo género y frente a las insolencias de toda catadura; es el principio que en todas partes está haciendo triunfar la joven democracia; es la nación, en suma, algo que está más allá de los individuos, de los grupos y de las clases; es la obra gigantesca que tenemos que hacer, que fabricar, con nuestras voluntades y con nuestras manos; es, en fin, la unidad de nuestro destino y de nuestro porvenir. Tiene ella sus exigencias, tiene sus imperativos propios, que se imponen al arbitrio privado, frente a todo afán exclusivo de esta o de la otra clase.

El mejor ejemplo de ese partido de amplitud nacional se dibuja en el orden económico. De ordinario, no se ve de la economía sino una pululación de intereses múltiples que divergen y que se contraponen: se habla del interés del capitalista, del interés obrero, del industrial, del comerciante; pero no se advierte que todos esos intereses viven espumando una realidad más amplia que hay tras ellos, distinta de cada uno de ellos: la realidad objetiva de la economía nacional; es decir, el sistema de la riqueza efectiva y posible de un país, dados su clima y su suelo, dadas las condiciones de saber técnico de sus habitantes, las virtudes y los vicios de su carácter.

Los partidos socialistas de Alemania e Inglaterra han creído que podrían intentar impunemente i sin límites sangrar en beneficio del obrero ese cuerpo objetivo de la economía nacional. El ensayo ha concluído con la derrota de ambos partidos, cuya política contribuía a dispara la terrible crisis mundial; pero no canten victoria los capitalistas, porque esa crisis mundial no procede sólo -ni mucho menos- de la política obrera, sino que alarga una de sus más gruesas raíces hasta la gran guerra europea, que fue una operación capitalista. Por tanto, la terrible experiencia de Europa marca hoy el fracaso parejo del capitalismo y colectivismo, y se resume en una invitación e evadirnos de todos los «ismos» y a reconocer que la economía nacional tiene su estructura y su ley propia, que todo interés parcial necesita respetar, so pena de ser él mismo el aplastado. (Aplausos.)

El beneficio del obrero no puede venir de la renta del capitalismo

Por eso en mis primeras palabras en el Parlamento pedía yo al partido socialista español, que es sin duda un excelente, un admirable educador de multitudes, aunque a veces las excite sin mesura, como, por ejemplo, en la última propaganda electoral; pedía yo al partido socialista español que enseñase a los obreros algo que es perogrullesco, una verdad incontrovertible: que para ser ellos menos pobres tenían que ayudar a hacer una España más rica. (Muy bien.)

El beneficio del obrero no puede venir de la renta del capitalismo. Así lo proclamaba el socialista Wissel, que fue ministro de Trabajo en Alemania. «La participación de los obreros no puede crecer -decía- sino en la medida en que crezca el rendimiento total de la economía nacional.» (Muy bien.) Por eso añado yo: un partido de amplitud nacional que acepte ese movimiento ascendente de la humanidad jornalera y que cuide de que sus empresas tengan la seriedad que garantiza el cumplimiento llevará en su programa el máximo aventajamiento del obrero, pero sólo el compatible con la integridad de la economía nacional. (Grandes aplausos.)

Para colaborar en el engrandecimiento de esta economía bajo el régimen republicano se llama desde aquí a las clases productoras españolas. Todo el mundo advierte que, habida cuenta de las condiciones de nuestro suelo, del retraso de nuestra técnica, es nuestro país el que en más breve tiempo y con más facilidad puede lograr un progreso relativo mayor. Todo está por hacer: en la técnica de la producción y en la técnica de la administración.

No hace muchos días me refería alguien que en más de una provincia española el modo de recaudar la contribución territorial es éste tiene que ir el propietario con el recaudador a casa del herrero, para que éste haga constar cuántas calzas de arado ha vendido al labrador. Es decir, la Administración a ojo de buen cubero más extremada que se pueda imaginar, tan ruda, tan primigenia, que a no hablarse en la anécdota de hierro y de agricultura habría que pensar en la época neolítica.

Está, pues, todo por hacer. Tarea posible es para encender la ilusión de todo el que no sea un inerte, sobre todo si la República consigue contaminar a los españoles de entusiasmo por la técnica.

Para esa gran obra de enriquecimiento nacional se llama desde aquí a los capitalistas españoles. Pero este llamamiento, que es hecho con toda efusión, tiene que ir perfilado con estricta severidad. Se llama al capitalista para que denodadamente sirva a la nación, y no al revés.

No se le llama para poner un partido al servicio del particular de la clase capitalista; se le llama como una forma de trabajo, para trabajar en la planificación de España. Quede claro, pues, que hoy el capitalista en España tiene que aprender una disciplina de sacrificio; pero bien entendido que también es menester que se le tranquilice sobre el sentido, límites y fertilidad en ese sacrificio. De aquí que sea de extrema urgencia un magno proyecto, un plan íntegro de reformas en la economía nacional. Yo no sé si los capitalistas españoles acudirán a este llamamiento. Confieso sinceramente que a mí mismo me sorprende un poco que tenga que ser hecho. No debía ser necesario llamarlos, sino que debían estar ya ahí, desde el primer instante, y sin llamamiento alguno. Porque no tiene sentido condicionar la adhesión a un Estado nacional; otra cosa equivale a moralmente desterrarse, a salirse de la nación, a enajenarse. Si ellos se creían injustamente vejados, pudieron, reuniéndose en fuerza política, acometer al Gobierno, pero sin dejar ni durante una fracción de segundo de actuar según su deber y su ser de capitalistas en la vida nacional, impidiendo en lo posible la paralización de la producción y del crédito.

Lo que pasa es que los capitalistas españoles no están bien acostumbrados. Yo, que ahora los llamo a colaborar, quiero lealmente hacerles esta advertencia. Si se exceptúan los propietarios andaluces y de alguna otra gleba, que han sido, preciso es reconocerlo, insoportablemente tratados, los demás capitalistas españoles no tienen derecho a quejarse de la República. Y si dan una vuelta por el planeta traerán algo que contar (Aplausos.)

Lo que ocurre es que estaban mal acostumbrados; no estaban hechos a luchar por sí mismos, como acontece a sus parejos en las otras naciones, sino que se habían habituado, como la iglesia, a vivir bajo el amparo y el mimo del Estado. Esto explica que habiendo padecido tan poco de la política social, el capitalismo español, sólo con unos cuantos gestos y unos cuantos vocablos ariscos de los gobernantes, ha caído en el pavor. Recuerdo a este propósito una ingenua anécdota que hace muchos años leí en las memorias de una princesa rusa. Había gran fiesta en la Corte, y toda ella bajaba la escalinata de palacio. De pronto se oyen gritos de ¡fuego! Prodúcese la natural confusión, todo el mundo desaparece, vacando cada cual a su salvación. Queda la pobre princesa sola en medio de la escalinata y ante un terrible conflicto: tener que bajar sola la escalera, cosa que no había hecho en su vida, porque siempre había encontrado el oportuno apoyo del brazo de un gentilhombre o de la mano de un chambelán. Es decir, que lo que para cualquiera de nosotros es la operación más sencilla descender una escalera, era para esta pobre criatura atrofiada por privilegios un conflicto casi trágico. (Risas.)

Las dos potencias de la humana actividad

Es preciso, pues, que sin desánimo, las fuerzas favorecidas antes por el Estado se acostumbren a vivir bravamente a la intemperie; creedme que la intemperie es cosa sana: tonifica el músculo y aligera la cabeza. (Grandes aplausos.)

Si vienen a este movimiento político, sepan que lo van a hallar previamente constituído por la gente del trabajo, trabajadores de la mente y trabajadores de la mano, que con ellos ha de colaborar; que a esos trabajadores se llama aquí a concurso antes que a nadie, porque la vida de un pueblo es sustancialmente esas dos cosas: manufactura y mentefactura. Esas dos potencias de humana actividad tienen que dar el tono en el nuevo partido posible. Esas dos y esta tercera: la juventud.

Pero a este llamamiento puede dirigirse una objeción justísima, fundada en la escasa capacidad de acción política que padece quien lo hace. Sin embargo, pienso que la tarea a emprender es tan integral, que en ella pueden aprovecharse no sólo las virtudes, sino también los vicios, y yo creo que algunos de los míos son explotables, y que ellos precisamente indican que sea yo quien levante ante el país esta bandera. Pero repito que la objeción es justísima, y como quiero cuentas limpias con mis conciudadanos, advierto desde ahora que no consideraré como existente el movimiento si no acuden a él hombres dinámicos, políticos en el sentido más estricto, que se hallen ya en la brecha, aptos para todo combate, y que compensen con su eficacia lo inválido de mi persona.

Palabras finales

Yo quisiera convencerlos de que van a hacer muy poco si extenúan su esfuerzo, como hasta ahora, en pura dispersión. La República nueva necesita un nuevo partido de dimensión enorme, de rigurosa disciplina, que sea capaz de imponerse, de defenderse frente a todo partido partidista. Por eso me da pena ver cómo en este mismo Parlamento actual pierden la mayor parte de su energía viviendo en grupos dislocados, cuando no en singularidad solitaria, atractiva y grácil, sin duda, pero inoperante.

Hay algún grupo compuesto por hombres excelentes, dirigido por personas que han dado ya pruebas de sus dones de mando, de su aptitud para la política más difícil, que es la política quirúrgica, y que no podrá dar todo su rendimiento al país si no acude a colaborar en un gran partido de rigurosa disciplina, como el que yo he venido aquí a postular. Hay también alguna personalidad, hoy señera, todo brío y nervio, en quien todos ven una admirable vocación de político, y a quien tanto debe la República, que sólo con rasparse los residuos de un vocabulario extemporáneo derechista, incompatible con su temperamento y el estilo actual de su figura, podría destacar sobre el fondo de este partido y cuajar en gran gobernante.

(Gran ovación, que se hace extensiva a D. Miguel Maura, que ocupa uno de los palcos.)

Piensen, les digo, que la obra por hacer es ingente, y tiene que serla también el instrumento; se trata de tomar a la República en la mano para que sirva de cincel con el cual labrar la estatua de esta nueva España; para urdir la nueva nación, no sólo en sus líneas e hilos mayores, sino en el amoroso detalle de cada villa y de cada aldea. Se trata, señores, de innumerables cosas egregias que pod

ríamos hacer juntos y que se resumen todas ellas en esto: organizar la alegría de la República española. (Grande y prolongada ovación.)

(El Sol, 8 de noviembre)

El episcopado español define en una Pastoral su disgusto ante varios preceptos constitucionales.

Quienes conozcan la santa dignidad de la Iglesia católica no habrán extrañado la actitud contenida y paciente con que han obrado la Sede Apostólica y el Episcopado, durante la primera etapa constituyente de la República española. Deferentes con el régimen y sus representantes, les ha guardado las consideraciones y respetos a que es acreedor todo Gobierno constituído. Ante multiplicadas disposiciones ministeriales que inmutaban unilateralmente el statu quo legal de la Iglesia, elevaron las debidas protestas en la forma más conducente al mantenimiento de las buenas relaciones entre ambas potestades. Iniciado el proceso deliberativo de las Cortes constituyentes para dar a España su nueva Ley fundamental, no dejaron las diversas provincias eclesiásticas, y en general las organizaciones católicas, de exponer directamente al poder legislativo del Estado los principios doctrinales, los derechos sagrados y los anhelos prácticos de la Iglesia, en la confianza de que habrían de ser tenidos en cuenta al formularse los preceptos definitivos de carácter religioso. En todo momento, por difícil y apasionado que fuese, la Iglesia ha dado pruebas videntes y abnegadas de moderación, de paciencia y de generosidad, evitando con exquisita prudencia cuanto pudiera parecer un acto de hostilidad a la República. Aun aprobado el art. 24, en el texto definitivo, art. 26, la dolorida y alta protesta del Papa, a la que se adhirió fervorosamente el Episcopado, debió ser considerada por todos como una lección ejemplar de dignidad serenísima.

Promulgada la Constitución española y organizados jurídicamente los Poderes del Estado, éntrase en una nueva etapa de la República, y ha llegado el momento de que el Episcopado dé forma solemne a su actitud ante los hechos y alecciona a los fieles para señalarles su conducta futura. Lo debemos a nuestra misión sagrada de Obispos que nos obliga a sostener la doctrina y los derechos de la Iglesia, nos lo impone nuestra condición de ciudadanos que no consiente mostrarnos indiferentes al bien público de la Patria. Con aquella libertad de espíritu con que a todo ciudadano ha sido respetada la exposición de sus ideas, pero con la firmeza y mansedumbre evangélicas propias de Obispos, en que por nadie debemos ser superados, hemos de publicar nuestro pensamiento, que un imperativo de conciencia nos veda contener en la intimidad de nuestro ministerio pastoral.

El privilegio constitucional de la excepción y el oprobio.- Los principios y preceptos constitucionales en materia confesional no sólo no responden al mínimum de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de la Iglesia que hacían esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino que, inspirados por un criterio sectario, representan una verdadera oposición agresiva aun a aquellas mínimas exigencias.

Hubiérase creído oportuna la modificación del statu quo tradicional para atemperarlo al cambio político del país, y a la Iglesia, que se hace cargo maternalmente del grave peso de la humana flaqueza, y no ignora el curso de los ánimos y de los hechos por donde va pasando nuestro siglo, no le hubiera faltado la debida condescendencia, aun no concediendo derecho alguno sino a lo verdadero y honesto, para no oponerse a que la autoridad pública tolerase algunas cosas ajenas a la verdad y justicia con el fin de evitar un mayor mal o de obtener o conservar un mayor bien. Mas, en lugar de diálogo fecundo y comprensivo, se ha prescindido de la Iglesia, resolviendo unilateralmente las cuestiones que a la misma afectan.

La Iglesia, excluída de la vida pública.- Más radicalmente todavía se ha cometido el grande y funesto error de excluir a la Iglesia de la vida pública y activa de la nación, de las leyes, de la educación de la juventud, de la misma sociedad doméstica, con grave menosprecio de sus derechos sagrados y de la conciencia cristiana del país, así como en daño manifiesto de la elevación espiritual de las costumbres y de las instituciones públicas. De semejante separación violenta e injusta, de tan absoluto laicismo del Estado, la Iglesia no puede dejar de lamentarse y protestar, convencida como está de que las sociedades humanas no pueden conducirse, sin lesión de deberes fundamentales, como si Dios no existiera, o desatender a la Religión, como si ésta fuere un cuerpo extraño a ellas o cosa inútil y nociva.

En tal situación de cosas, era lógico, a lo menos, reconocer a la Iglesia su plena independencia y dejarla gozar en paz de la libertad y del derecho común de que disfrutan, como derechos constitucionales, todo ciudadano y cualquier asociación ordenada a un fin justo y honesto. Y en lugar de tal independencia, hásela sometido, a Ella y a sus instituciones, a medidas de excepción y a ordenamientos restrictivos, con que se la pone injustamente bajo la dominación del poder civil y se invaden materias de exclusiva competencia eclesiástica.

Una negación de libertades y derechos.- Derecho y libertad en todo y para todos, tal parece ser la inspiración formulativa de los preceptos constitucionales, con excepción de la Iglesia.

Derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión; y el ejercicio de la católica, única profesada en la nación, que le debe sus glorias históricas, su patrimonio de civilización y de cultura y su actual conciencia religiosa, es rodeado de recelos y hostilidades comprensivos de sus legítimos y libres movimientos.

Libertad a todas las asociaciones, aún a las más subversivas; y se preceptúan extremas precauciones limitativas para las Congregaciones religiosas, que se consagran a la perfección austerísima de sus miembros, a la caridad social, a la enseñanza generosa, a los ministerios sacerdotales.

Libertad de opinión, aun para los sistemas más absurdos y antisociales; y a la Iglesia, en sus propios establecimientos, se la sujeta a la inspección del Estado para la enseñanza de su doctrina.

Derecho de reunión pacífica y de manifestación; y las procesiones católicas no podrán salir de los edificios sagrados sin especial autorización del Gobierno, que cualquier arbitrariedad, temor ficticio o audacia sectaria pueden ser ocasión de que fácilmente se niegue.

Libertad de elegir profesión; y es mermado este derecho a los religiosos, que quedan sometidos a una ley especial, variamente prohibitiva.

Libertad de cátedra y de enseñanza para todo ciudadano y para la defensa y propaganda de cualquier sistema y error; y se impone como obligatorio el laicismo en las escuelas oficiales, y a las Ordenes religiosas les es prohibido enseñar.

El Estado y las corporaciones públicas podrán subvencionar toda asociación, cualesquiera que sean sus objetivos y actuaciones; sólo la Iglesia y sus instituciones, que sirven la más alta finalidad de la vida humana, no podrán ser auxiliadas ni favorecidas.

Es permitida cualquier manifestación cultural o social en los establecimientos beenéficos y en otros centros análogos dependientes del Estado y de las corporaciones públicas; no obstante, un radical espíritu de secularización rodea en ellos de obstáculos y suspicacias el ejercicio del culto y la asistencia espiritual; aun respecto de los cementerios, extensión sagrada de los mismos templos, y  perenne expresión de culto, se le niega a la Iglesia el derecho de adquirir nueva propiedad funeraria y la plena jurisdicción.

Se reconoce el derecho de propiedad y se dan garantías para su uso y socialización posible; y los bienes de la Iglesia están sometidos a restricciones abusivas, se tiene a las Ordenes religiosas bajo continua amenaza de incautación, y la propiedad de las Ordenes cuya disolución se decreta, es afectada a fines docentes o benéficos, aun sin la garantía de respetar el carácter religioso de su origen y de sus fines fundacionales.

Parece, en suma, que la igualdad de los españoles ante la ley y la indiferencia de la confesión religiosa para la personalidad civil y política sólo existan, en orden a la Iglesia y a sus instituciones, a fin de hacer más patente que se les crea el privilegio constitucional de la excepción y del agravio.

El presupuesto de culto y clero.- En un punto, por lo menos, era de esperar ecuanimidad generosa, siquiera para evidenciar que aun el más rígido doctrinarismo laico sabía abstenerse de perseguir ni vejar a nadie. La separación de la Iglesia y el Estado no siempre excluye las relaciones amistosas entre ambas potestades, ni el que sean justamente respetados los sagrados derechos de aquélla. Tampoco impide la subvención del culto y clero en méritos del reconocido valor social de la Religión, y menos puede justificar que se desatiendan la cancelación y rescate de obligaciones de justicia anteriormente contraídas. En España, la supresión del presupuesto eclesiástico decrétase casi tajante, prescindiendo de su carácter de compensación desamortizadora, dando a los derechos adquiridos del clero un trato de desigualdad notoria en relación con los de otros estamentos en esto análogos, dejando de tener toda consideración a quienes, por su bienhechora ejemplaridad son dignos de la magistratura moral y social que desempeñan para la elevación espiritual del pueblo, y que, aun desde el solo punto de vista de la civilización, a nadie puede ser indiferente.

Doloroso es confesarlo, la Constitución española no ha acertado a colocarse ni en el tipo medio del derecho constitucional contemporáneo, y no ha sabido auscultar el respetuoso movimiento de comprensión religiosa en que se inspiran los más nobles pueblos que después de la guerra ha debido dar su ley fundamental a las nuevas democracias.

II. La enseñanza, el matrimonio y las Ordenes religiosas.- No menos dolorida hemos de exhalar nuestra voz pastoral, si nos detenemos a considerar los derroteros que se apresta a seguir la legislación española en lo concerniente a la enseñanza, al matrimonio y a las Ordenes religiosas.

Frente al monopolio docente del Estado y a la descristianización de la juventud, no podemos menos de ser firmes en sostener a una los derechos de la familia, de la Iglesia y del poder civil en la convivencia armoniosa que exigen la razón, el sentido jurídico y el bien común.

Derechos docentes de los padres y de la Iglesia.- No se puede, sin violación del derecho natural, impedir a los padres de familia atender a la educación de sus hijos, expresión y prolongación viviente de sí mismos, con la debida libertad de elegir escuela y maestros para ellos, de determinar y controlar la forma educacional en conformidad a sus creencias, deberes, justos designios y legítimas preferencias. No se puede, sin atentar a la propia maternidad espiritual de la Iglesia, desconocer u obstaculizar su derecho docente, a cuyo ejercicio debe la civilización su perfección y su historia, por el que no es lícito sustraerle los fieles, desde su tierna infancia, para la formación cristiana de su mentalidad, de su carácter y de su conciencia en escuelas propias y aun en las escuelas públicas. No se puede, sin deformar la indefensa y reverenciable conciencia de los niños y adolescentes, negarles su derecho estricto a precibir una enseñanza conforme a la doctrina de la Iglesia, a la cual pertenecen por la incorporación sacramental del bautismo, y, todavía menos, someterlos a aquella mutilación del hombre por la escuela neutra, que así fue ésta enérgicamente definida por los egregios doctor Torras y Bagés y Menéndez Pelayo.

Aplauso y colaboración habrá de merecer todo cuanto haga el Estado para el fomento de la cultura popular, si no se deja llevar por el exceso de estatificar la enseñanza y se atiene a estas dos ormas: Es ilícito todo monopolio docente que, directa o indirectamente, obligue a las familias a enviar sus hijos a las escuelas del Estado, contrariando las obligaciones de su conciencia o aun sus legítimas preferencias. Sin una buena formación religiosa y moral, toda cultura de los espíritus será malsana; los jóvenes no educados en el respeto de Dios serán reacios a soportar disciplina alguna para la honestidad de la vida, y avezados a no negar nada a sus concupiscencias, serán llevados fácilmente a agitar la misma paz del Estado.

La potestad judicial eclesiástica.- Infausto para la juridicidad del Estado fue el decreto provisional con que se precipitó la nueva legislación acerca del matrimonio, negando la potestad judiciaria de la Iglesia en las causas matrimoniales y suspendiendo los efectos civiles de las ejecutorias sobre divorcio o nulidad de matrimonio emanadas de las tribunales eclesiásticos desde el advenimiento de la República. Incalificable atentado jurídico, que sólo una ofuscación sectaria pudo producir, porque no se puede obligar a comparecer en causa canónica ante el tribunal civil a quienes su confesión religiosa se lo veda en conciencia para tales causas; no es lícito dar efectos retroactivos obligatorios a leyes civiles posteriores sin exigencias indeclinables del bien público, y no cabe sustraer los matrimonios contraídos canónicamente a la norma innegable de que tales contratos han de regirse perpetuamente por la ley que los regulaba cuando tuvieron efecto. No es de extrañar que tan rápidamente se haya presentado el proyecto de la ley del divorcio vincular con la radicalísima e insólita admisión del mutuo disenso como causa disolvente y se pretenda aplicarla a todo matrimonio, cualquiera que sea la forma de su celebración; no habrán de extrañar tampoco las previsibles imposiciones de la anunciada ley del matrimonio civil.

Concepción estatista del matrimonio.- Materia delicada como pocas la legislación matrimonial. El matrimonio es padre y no hijo de la sociedd civil, y por este solo concepto habrían de merecer de ésta los máximos respetos y su intrínseco carácter religioso y la anterioridad de sus claros privilegios, que proceden del derecho natural y divino, y no de la gratuita concesión de la potestad humana.

Inseparable como es el contrato nupcial del sacramento en el matrimonio cristiano, toda pretensión del legislador a regir el mismo vínculo conyugal de los bautizados implica arrogarse el derecho de decidir si una cosa es sacramento, contraría la ordenación de Dios y constituye una inicua invasión en la soberanía espiritual de la Iglesia, que en virtud de la ley divina y por la naturaleza misma del matrimonio cristiano a ella corresponde exclusivamente. La ley civil debe reconocer la validez o invalidez del matrimonio entre católicos según la Iglesia la haya determinado, y las formalidades legales sólo deben ordenarse a que sean atribuídos efectos civiles al matrimonio que coram Ecclesiae sea debidamente celebrado.

Con esto no se pretende atribuir al matrimonio católico una situación civil privilegiada, sino simplemente reivindicar para los fieles el derecho a casarse siguiendo la obligada disciplina de su religión, evitándose de esta suerte el hecho inexplicable de que el Estado imponga a los ciudadanos una celebración nupcial a la que ellos no atribuyen ningún valor, en virtud de un más alto imperativo espiritual. El mismo principio de la justa libertad de las conciencias obliga al legislador, obliga al Estado a abandonar sus pretensiones secularizadoras del matrimonio. El matrimonio civil y la legislación divorcista laica es una concepción estatista del matrimonio, otro de los excesos de esa omnicompetencia del Estado, que tan funesta es para la libre expansión de la personalidad humana y la dignidad de las instituciones que no deben a él su existencia, ni sus fines, ni sus derechos esenciales.

Reivindicaciones canónicas de la Iglesia.- Frente a tales demasías, la Iglesia no cesará de reivindicar, en un país católico como el nuestro, el reconocimiento oficial de su competencia, el acuerdo de la legislación canónica y civil y la supresión del divorcio, segura de que labora eficazmente por la salud misma de la República, librándola de la depravación de las costumbres públicas, impidiendo la inmerecida humillación de la mujer, expósita y víctima segura de tales viciosas emancipaciones, enfrenando el culto de la carne, a que conduce la práctica fácil y el deseo mórbido del divorcio, y ofreciéndole, en cambio, por matrimonio cristiano una raza de ciudadanos que, animados de sentimientos honestos y educados en el respeto y el amor de Dios, se considerarán obligados a obedecer a los que justa y legítimamente imperan, a amar a sus prójimos y a respetar todo derecho de sus conciudadanos.

Las excelencias de las Ordenes religiosas.- Muy afligido ha de mostrarse nuestro ánimo cuando nos vemos obligados a lamentarnos gravemente de los peligros que amenazan a las Congregaciones religiosas, que todo católico considera como expresión social de su más elevado idealidad religiosa, que la Iglesia mira como instituciones inseparables de su vida evangélica y de su apostolado, y a las cuales la sociedad civil ha de agradecer ejemplos de virtud incomparable, misericordias de heroica caridad, eficacias de sólida enseñanza y de muy alta espiritual educación, bienes generosísimos de que han disfrutado luengas generaciones y que son el más rico patrimonio moral de los hijos del pueblo. No creemos, empero, no queremos creer que el Estado español llegue a desconocer tales excelencias de las Ordenes religiosas, y las someta a una ley que pueda ser triste recuerdo de despóticas legislaciones creadoras del llamado delito de Congregación.

La Compañía de Jesús.- Amarguísimo y aflictivo sobremanera se nos hace el referirnos a la subsistencia constitucional del precepto que, según autorizadas declaraciones, se refiere directamente a la Compañía de Jesús. No salimos de nuestro asombro de que haya podido sostenerse tal iniquidad y de que persista el absurdo moral y jurídico de su motivación, que si para la Compañía vuélvese gloriosa, para el Estado es humillante. De ser válido el motivo alegado, implicaría la persecución radical de todo religioso y de todo católico, porque el cuarto voto de los jesuítas, en lo que tenga de realidad, sólo representa la perfección de aquella obediencia que todos los católicos, y por disciplina más rigurosa los religiosos deben al Papa; y significa, en todo caso, un ultraje al más alto poder espiritual del mundo, al venerado e inerme Soberano de la institución ecuménica superior, y por consiguiente no ligada por principios nacionales, a la sagrada autoridad del Jerarca supremo de la Iglesia, cuya soberanía en el orden religioso es tan legítima a lo menos como la del Estado en su esfera propia, y que no ha de considerarse extraño a un país donde es reverenciado y obedecido por millones de ciudadanos.

Inverosímil por su motivo absurdo y antijurídico, la disolución de la Compañía de Jesús, como de cualquier otra congregación, representa además una violación de derecho, una ofensa a la Iglesia, una ingratitud del pueblo español y un daño considerable para la vida civil de la República.

Contra el Derecho internacional.- Con tal medida sectaria se atenta a las normas del Derecho internacional público declaradas Derecho positivo español, son violadas las garantías individuales y políticas proclamadas en la Constitución, que se derivan de la libertad de asociación y de la igualdad de todos los españoles ante la Ley y es desconocido el derecho elemental de no ser nadie castigado sin ser oído, ni sentenciado sin previa y probada formación de causa, conforme a los trámites legales.

La Iglesia aparece atacada y ofendida en una de sus instituciones más queridas y expresivas de su apostolado intelectual y social, sin atención además al derecho innegable con que puede reclamar de todo Estado que le sea respetada su plena personalidad jurídica y libertad de actuación por medio de las instituticones inseparables de ella; mucho más en este caso, porque la sola consideración del motivo alegado arguye inexistencia de razón fundamental y de justificable inculpación.

Que la disolución de la Compañía, creación del genio religioso y humano de un Santo español, sea una ingratitud de nuestro pueblo representado por el Parlamento y el Gobierno, no debe probarse ante su larga, fecunda y conocida actuación en pro de la cultura superior y formación científica de la enseñanza en general, de los ministerios sacerdotales y de toda suerte de obras e instituciones sociales, sin que pueda omitirse su poderosa influencia en conservar y extender el espíritu y la cultura españolas en todos los países hispanoamericanos.

A nadie, finalmente, ha de ocultarse el daño que va a sufrir la República si con la disolución de la Compañía quedan desatendidas las obras e instituciones que ella dirige, incumplidos los fines de las donaciones con que tantas familias piadosas han contribuiído al establecimiento y vida de aquéllas, y ofendidos en su conciencia de creyentes y carácter de ciudadanos los católicos españoles que sienten como propia la injusticia con ella cometida y han de sufrir la ingrata correspondencia con que la Constitución misma, estímulo y garantía de convivencia civil, trata a beneméritos y amados compatriotas, dignos al menos de todo respeto por su cooperación a la vida pública del Estado.

III. Protesta y reprobación de la Constitución promulgada.- Ante los excesos e injusticias que en materia religiosa se contienen en la Constitución, de diversos lados, y según los respectivos puntos de vista particulares, se han formulado críticas severísimas y justificadas. Aun personalidades ecuánimes de significación católica la han reputado agresiva y la tienen como una solución de venganza; quien es hoy el más alto magistrado de la Nación, en su noble afán de volverla justa y conciliadora, proclamó ante el Parlamento que no era la fórmula de la democracia, ni el criterio de libertad, ni el dictado de la justicia. ¿Podían callar los obispos, sobre quienes recae la responsabilidad de la misma Iglesia, que habrá de sufrir los efectos de tales agravios, excesos e injusticias?

Queda, pues, manifestado el juicio que nos merece la nueva situación legal creada a la Iglesia en España, y a la cual no podemos prestar nuestra conformidad por lesiva de los derechos de la Religión, que son los derechos de Dios y de las almas, atentatoria a los principios fundamentales del derecho público, contradictoria con las propias normas y garantías establecidas en la misma Constitución para todo ciudadano libre y toda institución honesta, inmerecida e injusta en daño de la eficacia social y de la independencia espiritual de una sociedad religiosa perfecta y soberana en su orden, que, así como no aspira a entrometerse en la soberanía propia del Estado, tiene derecho a ser respetada plenamente por él en su misión propia y a ser reconocida como la primera e incomparable institución moral y civilizadora de España. Ni los derechos internacionales del hombre y del ciudadano, que la conciencia jurídica del mundo civilizado considera inviolables por los Estados, han sido aplicados a los que profesan la religión católica, ni colectivamente a la Iglesia se le ha concedido siquiera el trato de minoría religiosa que los tratados internacionales otorgan aún a los grupos confesionales sin posible comparación con lo que ha sido y es la Iglesia en nuestro país, a la cual pertenece la mayoría de los españoles como religión única profesada por sus ciudadanos.

Derecho a una reparación legislativa.- Sea, por tanto, pública y notoria la firme protesta y reprobación colectiva del Episcopado por el atentado jurídico que contra la Iglesia significa la Constitución promulgada, y reste proclamado su derecho imprescriptible a una reparación legislativa, por la cual claman a una la justicia violada, la dignidad de la religión ofendida y el bien general de la misma sociedad española, y que confiamos habrán de procurar los propios gobernantes, aun para el prestigio del poder civil, la convivencia libre y pacífica de todos los españoles y la progresiva consolidación del régimen.

No es sólo nuestra conciencia de obispos la que nos obliga a elevar esta protesta y formular estos votos en bien de la Iglesia; nos impele también el nobilísimo deber de ciudadanos, cuyo más grande amor, después del de Dios y de las almas, es el bien y la prosperidad de la Patria.

IV. Espíritu y carácter de la actuación de los católicos.- No sería perfecto el cumplimiento de nuestra misión de obispos si nos limitásemos a la anterior declaración, plenamente justificada y necesaria. Después de considerar los hechos presentes a la faz de toda la nación y proclamar el juicio que nos merecen, nos incumbe dirigir la mirada al interior de la Iglesia y señalar a los fieles cuál deba ser el espíritu y el carácter de su actuación en roden a las realidades y problemas que nos rodean.

Por ello, en forma precisa, teniendo presentes, como es debido, las directivas pontificias, y transmitiéndoos aún el propio acento de su auténtica palabra, atendiendo inmediatamente a las exigencias del estado actual de cosas y a la más congruente actuación con que los católicos han de tratarlo, venimos, amados fieles e hijos en el Señor, a señalaros las siguientes normas y orientaciones para regir vuestra conducta en lo porvenir.

Devoción y obediencia al Papa.- 1. Todos los fieles pondrán especial empeño en intensificar su mentalidad y conciencia cristiana a fin de pensar y sentir acordes con la Iglesia jerárquica y obrar siempre según sus mandatos y orientaciones. Aumentarán, por tanto, su devoción al Papa y le mostrarán la obediencia pronta y cordial que le es debida como Vicario de Jesucristo, centro de la unidad de la fe y del sacerdocio, autoridad suprema y legítima, con potestad de jurisdicción ordinaria e inmediata sobre todas y cada una de las diócesis y sobre todos y cada uno de los obispos y de los fieles. A tal fin exhortamos a todos, asociaciones y particulares, a que se promueva el sólido conocimiento y la amplia difusión de las enseñanzas pontificias, en especial de las Encíclicas y Letras apostólicas del Papa León XIII, que constituyen como la teología social de la Iglesia, y las del actual Pontífice, Pío XI, singularmente las que versan sobre la educación cristiana de la juventud, el matrimonio cristiano y la restauración del orden social, donde se contienen las direcciones precisas y prácticas que mejor convienen al renacimiento católico de España.

Concurso leal a la vida civil y pública.- 2. Cuanto más difícil aparezca la situación de la cosa pública en nuestro país, más habrán de redoblar los fieles su celo y esfuerzo en defensa de la fe católica, y al mismo tiempo de la patria, dos deberes fundamentales a cuyo cumplimento ninguno de ellos puede sustraerse. En consecuencia, aportarán su leal concurso a la vida civil y pública, con tanta más razón porque los católicos, por la virtualidad misma de la doctrina que profesan, están obligados a cumplir tal deber con toda integridad y conciencia; y aunque no puedan aprobar lo que haya actualmente de censurable en las instituciones políticas, no deben dejar de coadyuvar a que estas mismas instituciones, cuanto sea posible, sirvan para el verdadero y legítimo bien público, proponiéndose infundir en todas las venas del Estado, como savia salubérrima, la orientación y la virtud de la religión católica. Un buen católico, en razón de la misma religión por él profesada, ha de ser el mejor de los ciudadanos, fiel a su patria, lealmente sumiso, dentro de la esfera de su jurisdicción, a la autoridad civil legítimamente establecida, cualquiera que sea la forma de gobierno.

Acatamiento y obediencia al Poder constituído 3.- La Iglesia, custodio de la más cierta y alta noción de la soberanía política, puesto que la hace derivar de Dios, origen y fundamento de toda autoridad, jamás deja de inculcar el acatamiento y obediencia debidos al Poder constituído, aun en los días en que sus depositarios y representantes abusen del mismo en contra de ella, privándose de esta suerte del más poderoso sotén de su autoridad y del medio más eficaz para obtener del pueblo la obediencia a sus leyes. Con aquella lealtad, pues, que corresponde a un cristiano, los católicos españoles acatarán el poder civil en la forma con que de hecho existía y, dentro de la legalidad constituída, practicarán todos los derechos y deberes del buen ciudadano. Una distinción, empero, habrán de tener presente en su actuación: la importantísima distinción que debe establecerse entre «poder constituído» y «legislación». Hasta tal punto esta distinción es obvia, que nadie deja de ver cómo bajo un régimen cuya forma sea la más excelente, la legislación puede ser detestable, y, al revés, bajo un régimen de forma muy imperfecta puede darse una excelente legislación. La aceptación del primero no implica, por tanto, de ningún modo la conformidad, menos aún la obediencia, a la segunda en aquello que esté en oposición con la ley de Dios y de la Iglesia. Pero las naciones son sanables; las legislaciones, perfectibles. Sin mengua, pues, ni atenuación del respeto que al poder constituído se debe, todos los católicos considerarán como un deber religioso y civil desplegar perseverante actividad y usar de toda su influencia para contener los abusos progresivos de la legislación y cambiar en bien las leyes injustas y nocivas dadas hasta el presente, seguros de que obrando con rectitud y prudencia, darán con ello pruebas de inteligente y esforzado amor a la patria, sin que nadie pueda con razón acusarles de sombra de hostitilidad hacia los poderes encargados de regir la cosa pública.

Intensidad de vida religiosa personal y colectiva 4.- Dada la nueva situación legal creada a la Iglesia en España, y por grandes que puedan ser las esperanzas cifradas en la eficacia del movimiento reparador de la legislación, a que precedentemente les hemos instado, no deben los católicos perder de vista la realidad actual para situarse debidamente y sacar de ella, y a pesar de ella, el mayor provecho. Es necesaria, como fundamento de toda otra actuación, la mayor intensidad de vida religiosa, personal y colectiva, dentro de los templos y fuera de ellos, en el culto, interno y externo, más digno y fervoroso que hemos de dar a Dios, y en el apostolado más consciente y activo con que hemos de reavivar las tradiciones religiosas y restaurar el espíritu cristiano en el pueblo. Cuanto no sea esta obra primordial de actuar en pronfundidad la fe, el sentimiento y el apostolado católicos en la cultura y la vida individual, familiar y social, será edificar sin base y reincidir en métodos inadecuados. Hemos de sostener la fuerza e independencia de la Iglesia, cultiplicar su ministerio espiritual en la sociedad, mostrarla cada día más pujante, viva y apostólica, aun en bien de aquellos mismos que quisieran verla menguada y proscrita de la vida pública de nuestra patria. Y ello no se logrará si el mismo estado presente de cosas no se convierte desde luego en estímulo poderoso para que todos, sacerdotes y fieles, robustezcamos nuestra mentalidad y nuestra conciencia de católicos y alcancemos aquella renovación interior de idealismo religioso y de elevación sobrenatural que en la santificación propia y en la expiación paciente preparan las futuras energías con que ha de procurarse la restauración cristiana de nuestra sociedad, recobrándonos de tantos sopores y negligencias con que hartas veces se ha descuidado el ahogar el mal con la abundancia del bien. Consecuencia inmediata de esta orientación ha de ser una plena participación en el ejercicio de todos los deberes religiosos privados y sociales, aportando cada uno el máximo concurso a la parroquia, al sostenimiento económico del culto y clero, al fomento de la prensa católica, a las asociaciones piadosas y de apostolado intelectual y social, a la recta organización de los factores de producción y distribución de la riqueza, y armónica y caritativa solución de los problemas entre los mismos existentes, a la defensa de las Ordenes y Congregaciones religiosas, en especial las más atacadas y perseguidas; en suma, a todos los fines y actividades de la Acción Católica, que es la participación de los seglares en el mismo apostolado jerárquico de la Iglesia.

Reivindicaciones escolares.- 5. No obraría como buen católico quien, en los actuales momentos, no colaborase en las reivindicaciones escolares, que constituyen un punto capital del programa restaurador de la legalidad española, para la defensa del derecho natural de los padres a escoger y dirigir la educación de los hijos, del derecho de los mismos hijos a que la formación religiosa y moral ocupe en su educación el primer lugar, del consiguiente derecho de la Iglesia a educar religiosamente, sin trabas, a sus fieles, aun en la escuela pública; de la justa ibertad de enseñanza, sin la cual aquellos derechos no podrían ser efectivos, y de la repartición escolar proporcional que la justicia distributiva exige para que la escuela pública y privada rivalicen noblemente en la elevación progresiva de la cultura popular. Nunca los católicos se ocuparán lo bastante, aun a costa de los más grandes sacrificios, en sostener y defender sus escuelas, así como en obtener leyes justas en materia de enseñanza; sus éxitos en este orden serán su mayor gloria y la mayor eficacia de sus actuaciones, como lo han sido de los católicos belgas, que pueden servir de modelo en esta obra renovadora y constructiva.

Contra la enseñanza laica.- 6. No menor esfuerzo han de poner en combatir la enseñanza laica, trabajar por la modificación de las leyes que la imponen y bajo ningún concepto contribuir voluntariamente a las instituciones que en ella se inspiren o la promuevan. Así como procurando tener escuela católica para sus hijos, aun creándola propia si es preciso y hay de ello posibilidades, los católicos no realizan de ninguna manera obra de partido, sino obra religiosa indispensable a la paz de su conciencia, ni se proponen separar a sus hijos del cuerpo y del espíritu de su nación, sino al contrario, darles la educación más perfecta y más capaz de contribuir a la prosperidad del país, así tamibén, oponiéndose a los avances de la escuela laica, obra del Estado, impedirán la perturbación de la conciencia de muchos que, sin desear aquélla, habrán de llevar a sus hijos a la escuela pública descristianizadora, y contribuirán a evitar la segura desmoralización del pueblo si progresare la escuela atea, en que, según la experiencia contemporánea ha demostrado, se convierte siempre la escuela laica y neutra, a despecho de lo que pregonan sus defensores. Y no hay que olvidar a este propósito las instrucciones de la Sede Apostólica acerca de las cautelas que han de poner en práctida los padres cuyos hijos se vean en la precisión de frecuentar la escuela laica, informándose de los textos que en ella se usen y de las doctrinas que en ella se enseñen, para exigir por todas las vías posibles que por lo menos nada se les enseñe opuesto a la religión y a la sana moral, substrayéndolos diligentemente a la influencia de otros alumnos que pudieran pervertirlos, procurándoles fuera de la escuela una instruccción cristiana tanto más sólida cuanto su fe corra en aquélla mayor peligro.

Validez exclusiva del matrimonio canónico.- 7. Ningún católico medianamente instruído tiene la menor duda acerca de la plena potestad de la Iglesia en el matrimonio de los bautizados, cuya celebración, legislación y jurisdicción a Ella sólo competen, sin merma ni dificultad de las atribuciones que en el orden estrictamente civil corresponden legítimamente al Estado. Para evitar, no obstante, cualquier confusión y ayudar a los menos ilustrados a tener ideas claras sobre este punto, tan importante para la vida familiar y social, no se olvide que para los católicos, el válido y legítimo matrimonio es sólo el canónico y sacramental celebrado in facie Ecclesiae y por ésta regulado; a la jurisdicción civil compete solamente regular los efectos meramente civiles del matrimonio cristiano. Cualquiera imposición legal que pueda sobrevenir estableciendo el llamado matrimonio civil obligatorio, será para los católicos mera formalidad externa, sin eficacia intrínseca alguna en su pacto nupcial. Los fieles sólo contraen matrimonio cuando el consentimiento nupcial se emite ante la Iglesia en la forma por ésta establecida, no cuando se cumplen las formalidades o ritos legales a los que el fuero civil obliga, aunque también para ellos quiera darles carácter de verdadero matrimonio; tales formalidades, empero, conviene no sean omitidas por los fieles, a fin de no provocar conflictos innecesarios y de que no sean negados efectos civiles a sus nupcias. Quienes, prescindiendo del matrimonio canónico, y sólo cumplidas las formalidades legales, osaren vivir como cónyuges, faltarán gravísimamente a su conciencia de católicos, quedando excluídos de los actos legítimos eclesiásticos y privados de sepultura sagrada, si antes de morir no dieren señales de penitencia. Sea igualmente indiscutido que el matrimonio cristiano es en sí mismo de tal modo indisoluble, que no puede ser disuelto ni por el consentimiento muto de las partes, ni por autoridad meramente humana, y que las causas matrimoniales entre bautizados competen en derecho propio y exclusivo a la jurisdicción eclesiástica. Es, por tanto, ilícito a los cónyuges católicos acogerse a la ley del divorcio civil, si pidieren la disolución del vínculo a fin de poder contraer nuevas nupcias; y, por modo general, los fieles han de tener presente que en materia de tanta trascendencia corresponde a la competente autoridad eclesiástica el determinar qué cooperación sea lícita o ilícita respecto a las leyes civiles.

La falsa prudencia y la presuntuosa temeridad.- 8. En la obra general de reconquista religiosa que ha de ser el ideal totalitario de la actividad de los católicos, apelarán éstos al concurso de todas las buenas energías y usarán de las vías justas y legítimas a fin de reparar los daños ya sufridos y conjurar el mayor de todos, que sería el oscurecerse y apagarse los esplendores de la fe de los padres, única salvación de los males que en España amenazan al mismo consorcio civil. A nadie le es lícito quedar inactivo, o dejar de emplear todos los medios honestos, cuando la religión y el interés público están en peligro. Dos escollos procurarán, empero, evitar cuidadosamente: la false prudencia y la presuntuosa temeridad. Sería lo primero tener por inoportuno el resistir abiertamente el ímpetu de los enemigos de la Iglesia por temor de que la oposición los exaspere todavía más, o bien favorecerles indirectamente por excesiva indulgencia o pernicioso disimulo. Es lo segundo, el falso celo, o peor aún, una simulación desmentida por la conducta de muchos que arrogándose una misión que no les compete pretenden subordinar la acción de la Iglesia a su juicio y arbitrio, hasta el punto de tomar a mal y aceptar con repugnancia todo lo que de otra manera se hace. Esto no es seguir a la autoridad legítima, sino prevenirla y transferir a personas privadas las funciones de la magistratura espiritual, con gran detrimento del orden perennemente establecido por Dios en su Iglesia, no permitiendo a nadie que impunemente lo viole. El justo medio de la recta actuación de los católicos ha de ser una docalidad efectiva a la Jerarquía, unida al ánimo discreto, constante y esforzado, para no caer en timidez desconfiada y perezosa o en presuntuosa temiridad.

La Iglesia, ajena a partidos políticos.- 9. En el orden estrictamente político, no se debe en manera alguna identificar ni confundir a la Iglesia con ningún partido, ni utilizar el nombre de la Religión para patrocinar los partidos políticos, ni subordinar los intereses católicos al propio triunfo del partido respectivo, aunque sea con el pretexto de parecer éste el más apto para la defensa religiosa. Es necesairo superar la política, que divide, por la Religión, que une. Lo bueno y honesto que hacen, dicen y sostienen las personas que pertenecen a un partido político, cualquiera que éste sea, puede y debe ser aprobado y apoyado por cuantos se precien de buenos católicos y buenos ciudadanos. La abstención y la oposición a priori, son inconciliables con el amor a la Religión y a la Patria. Cooperar con la propia conducta  o con la propia abstención a la ruina del orden social, con la esperanza de que nazca de tal catástrofe una condición de cosas mejor, sería actitud reprobable que, por sus fatales efectos, se reduciría casi a traición para con la Religión y la Patria. Por lo demás, en los momentos trascendentales para el bien público, y especialmente cuando grandes males afligen a la Iglesia o la amenazan, es un deber ineludible de todos los católicos la unión, o por lo menos la acción práctica común, sea cual fuere el partido a que pertenezcan, sacrificando las opiniones privadas y las divisiones de partido, salvo la existencia de los partidos mismos, cuya disolución por nadie se ha de pretender.

Deberes de los católicos para con la Prensa.- 10. Todos los fieles juzgarán como un deber especial suyo el de abstenerse, bajo grave responsabilidad de conciencia, de leer la mala Prensa o de favorecer, directa o indirectamente, su prestigio y divulgación, así como el de tener en alta estima y ayudar con todas sus fuerzas y posibilidades al sotenimiento y difusión de las publicaciones católicas, particularmente de la Prensa periódica que se inspire en los principios de nuestra santa Religión y defienda rectamente los intereses de la Iglesia y de la Patria. Jamás ha sido tan sentida esta necesidad como en los actuales tiempos, en que urge afirmar y difundir la verdad cristiana, impedir el contagio del error, defender a las instituciones católicas de prejuicios, odios y perfidias, que la Prensa enemiga propaga inicuamente. Iluminar el criterio y excitar el celo de los mismos para la comprensión, defensa y servicio de la Iglesia en las difíciles circunstancias presentes.

Empero, no menos que este deber imperioso que a todos incumbe, interesa la recta dirección y auténtico espíritu cristiano de que han de estar informados los escritores dedicados a tan alta y delicada misión, llena de graves responsabilidades. Dense en primer lugar al diligente y perseverante estudio de la doctrina católica en sus fuentes autorizadas, a su clara, persuasiva y serena exposición, a su objetiva y prudente aplicación a las realidades contingentes. En la persuasión y defensa de todo lo verdadero y justo, sea su norma indefectible el sostenimiento de los derechos de la Iglesia, la suprema reverencia a la Sede Apostólica, la fidelidad a las inspiraciones de la Jerarquía con respecto a la cual es deber de todos los fieles,  y particularmente de los escritores católicos, seguirla y no precederla, obedecerla y no pretender criticarla o remolcarla tendenciosamente, de tal modo que no puedan merecer el grave reproche de desatender de hecho, por hábiles distinciones y subterfugios, su dirección, o de interpretar a su manera los claros documentos por los cuales la autoridad eclesiástica no haya aprobado su manera de obrar. No olviden que los derechos y deberes nacidos de la caridad no son menos graves que los derechos y deberes que nacen de la verdad; eviten, por tanto, los escritores católicos vanas o injuriosas polémicas; absténganse de aplicar calificativos despectivos e inconvenientes que hartas veces se usan para distinguir unos católicos de otros, y no caigan en la temeraria ligereza, con el fin de sostener a un partido político, de hacer sospechosa la ortodoxia de otros, por la sola razón de pertenecer a bando distinto, como si la profesión de catolicismo estuviese necesariamente unida a tal o cual partido político. Conviene evitar a apartarse de todo lo que sea y parezca inmoderación, intemperancia y violencia de lenguaje, como lo más opuesto a la concordia de los ánimos y a la eficacia de la propaganda, puesto que para la defensa de los sagrados derechos de la Iglesia y de la doctrina católica no son acres debates lo que hace falta, sino la firme, ecuánime y mesurada exposición en que el peso de los argumentos, más que la violencia y aspereza del estilo, da razón al escritor.

Espíritu de concordia y dependencia de la jerarquía.- 11. Las anteriores normas y direcciones sean escrupulosamente observadas por todos, y en particular por quienes, en virtud de su ministerio, cargo o profesión, están en ocntacto más directo con los fieles y tienen notable influencia en el movimiento católico, debiendo ser los sacerdotes y religiosos los primeros en el eficacísimo apostolado del buen ejemplo, y cuantos con la pluma o la palabra puede decirse con toda verdad que ejercen misión de dirigir y mover las conciencias de los católicos en estos momentos tan delicados para la vida de la Iglesia en España. Más que nunca conviene defender la Religión y laborar por la Iglesia con absoluta dejación de particulares miras y secundarios intereses, por encima y al margen de la política, con amplio y abnegado espíritu de concordia y plena dependencia de la Jerarquía. El movimiento católico ha de ser dirigido tal como quiere la Iglesia y según las normas prácticas de sus legítimos y autorizados representantes, que de él tienen la responsabilidad. Tal es la orientación de la Acción Católica, acerca de cuya definitiva organización no tardará el Episcopado en dar las correspondientes directivas. Apréstense desde luego los fieles a imbuirse de aquella orientación, observando las presentes normas que, de un lado, responden a la misma, y de otro, han de servir para facilitar el desarrollo y eficacia ulteriores de la Acción Católica.

V. Fe, caridad y perseverancia en el apostolado.- Hemos de poner fin a esta obligada declaración de criterios y de posiciones, en la cual todo espíritu ecuánime ha de ver el cumplimiento de un ineludible deber y la clara voluntad de contribuir, por nuestra parte, a la pacificación religiosa, política y social. Séanos, empero, permitido hacer sentir a todos los españoles nuestros más íntimos anhelos y recomendaciones, que salen nde nuestro corazón de obispos y patriotas.

Voces apasionadas claman todavía por la prosecución de una guerra implacable a la Iglesia, con un afán de exterminio que, cuando menos, es perturbador e irrealizable. Infundadas acusaciones continúan sosteniendo el gesto receloso e irascible contra la Jerarquía y los católicos, como si fuese cierto el supuesto de que aspiran a la dominación política del Estado, o como si sus actitudes respondiesen de verdad a la vieja inculpación de ser los cristianos ciudadanos facciosos y enemigos de la cosa pública, de igual suerte que a nuestro adorable Redentor osaron declararle enemigo del César y subversor del pueblo. Ni faltan hombres poco avisados que creen resuelta la crisis religiosa, pensando que con preceptos legales se ha amortizado a Dios y a la Religión en la vida española, y declarando que el catolicismo les es simplemente indiferente.

Ortodoxia civil de la Iglesia.- Vanas y temerarias recriminaciones e ilusiones. Después de nuestra colectiva declaración, nadie puede negar con fundamento lo que cabe lllamar la perfecta ortodoxia civil de los propósitos y orientaciones de la Iglesia, que no mira egoístamente sólo por ella y por sus intereses espirituales, sino muy eficazmente aún por el bien y la prosperidad de la Nación, inseparables quiérase o no, del progreso y estabilidad del orden religioso. No es culpa nuestra si en España queda en pie una grave, honda protesta y reivindicación de libertad para los derechos e independencia de la Iglesia, de cuya justa y eficaz solución son de esperar los mayores beneficios para el mismo fortalecimiento y auge del régimen político. En ninguna parte del mundo el catolicismo se toma como un hecho social desatendible o como un problema de secta efímera. A ninguna potestad  y ninguna mente esclarecida es indiferente la trascendencia oral y la actual fecundidad de la Iglesia Católica, que ha regido milenariamente la civilización humana, a la que se mira en nuestros tiempos por doquier como la solución más coherente y orientadora de la reacción espiritualista de la sociedad contemporánea, y en cuya firmeza doctrinal e independencia afirmativa de actuación en la verdad y en el bien confían innumerables hombres como en baluarte seguro del espíritu y de la libertad humana frente a la barbarie materialista de las herejías sociales invasoras y a los excesos de la opresión cesarista del nuevo absolutismo del Estado. Menos indiferente ha de ser el Catolicismo a gobernantes y ciudadanos españoles, porque si la historia de nuestra patria revela de una manera incontrastable que él ha sido el elemento generador y conservador de su grandeza moral, la experiencia ya asaz dura de las dificultades presentes habría de demostrarles que la influencia religiosa es necesaria para fortalecer los vínculos sociales y asentar en sólidos fundamentos la paz espiritual y la consolidación progresiva del Estado.

Armonía futura de la Iglesia y el Estado.- Por ello no cejaremos los Obispos de sostener los principios  y orientaciones expuestas, que sabemos favorables para tan nobles eficacias religiosas y civiles, y de laborar generosamente a fin de reparar los daños infligidos a nuestra sacrosanta Religión, evitar en lo posible los que la amenazan todavía, y preparar días mejores, en que Iglesia y Estado, de mutuo acuerdo, según corresponde a dos sociedades perfectas y soberanas en su propia esfera, coordenadas por la naturaleza que les dio Dios, autor de ambas, y por la necesidad de convivir armónicamente en bien de unos mismos hombres, cuya perfección sobrenatural y temporal les está respectivamente encomendada, renueven y alcancen la anhelada inteligencia con que se pueda asegurar en plena paz y estabilidad la constitución cristiana de nuestra patria en el orden legal y social. Mucho habrá de ayudar al avance de tales anhelos el mayor conocimiento de la verdadera naturaleza y actuación de la Iglesia, así como la ajena experiencia de cuán nocivas y perturbadoras han sido las rupturas entre la Iglesia y el Estado, que después de violencias apasionadas, daños considerables de todo orden y largos períodos de arduas dificultades, han debido ser reparadas recomenzando por el diálogo comprensivo, por el trato amistoso, que nunca se debiera haber interrumpido para el logro de grandes bienes y en evitación de graves males. En España, donde, a pesar de la situación a que se ha llegado, no se puede desconocer la existencia de buenas voluntades, aun entre los mismos hombres de gobierno, todavía se está en sazón de no desatender consejos y experiencias, que los peligros que amenazan al mismo consorcio social acumulados por sus peores enemigos, hacen todavía más preciosos y apremiantes.

La persecución, bienaventuranza de los cristianos.- Cualquiera, empero, que fuese el porvenir que, por cumpa de los hombres, el Señor nos tenga deparado, vosotros los fieles hijos de la Iglesia, hijos muy amados nuestros, manteneos firmes en la fe, constantes en la caridad, perseverantes en el apostolado. Nada te turbe, nada te espante, decía la admirable y serenísima Teresa de Jesús; quien a Dios tiene, nada le falta. También las aflicciones y la persecución por causa de la justicia, son bienaventuranzas para los cristianos. Ni os portéis jamás como quienes no tienen esperanza. Motivos de consuelo no nos faltan para alentarla: en la misma previsión de días mejores que nos permite augurar el no desmentido patriotismo de nuestros conciudadanos, en las nuestras de fraternidad cristiana que hemos recibido de eminentes representaciones de los católicos de todos los países y que de corazón agradecemos como estímulo de fortaleza y augurio de victoria, y sobre todo en la protección del Señor, de la Virgen y de los santos que son testimonio y honor de la religión de nuestro pueblo.

Con tal estado de ánimo fortalecidos, amados hijos en el Señor, renovad el cumplimiento fiel del deber de cada instante, que es camino de perfección, y lanzaos a la nueva reconquista religiosa que nos imponen las realidades presente: ahondamiento en la cultura cristiana del espíritu, de la verdad y de la vida, recobramiento social de la eficacia de la fe en nuestro pueblo. Para ello revestidos de Nuestro Señor Jesucristo, imitad sus entrañas de misericordia y amad todavía más a vuestros conciudadanos redoblando para nuestro pueblo la caridad de patria, que también tiene forma de la sobrenatural y divina caridad.

Amor a los hombres y a los pueblos.- A los hombres y a los pueblos les hemos de amar no por lo que sean, sino por lo que pueden, deben y merecen ser ante la presencia de Dios. Y no con el desamor los ganaremos, no con erguimiento sedicioso o violento reparan los cristianos los males que les afligen; es la confianza en la supremacía y fecundidad, aun humanas, del Espíritu, en la potencia de la fe y la caridad activas lo que alcanza, con ayuda del Señor, la victoria. Nuestro adorable Salvador, que afirmó sus derechos divinos sobre los hombres diciendo: «Quien no está conmigo está contra Mí», no quería que sus discípulos pidiesen fuego del cielo sobre la ciudad que no les había recibido, y reprendía su exclusivismo con aquellas otras palabras, complemento y aclaración de las primeras: «Quien no está contra vosotros, a favor de vosotos está» (Luc., IX, 50).

Con tal emoción perseverante de caridad y de espiritual optimismo, poneos a la obra de apostolado a que os estamos invitando, esforzadamente, generosamente, pacientemente. Y cualquiera que fuesen las aflictivas circunstancias en que veamos sumergida a la Iglesia, no temáis ni pretendáis ejercer la vindicta que sólo al Señor corresponde. Recordad que la Iglesia vence el mal con el bien, que responde a la iniquidad con la justicia, al ultraje con la mansedumbre, a los malos tratos con beneficios, y que en definitiva también la ciencia cristiana del sufrir es un poder de victoria: «Somos maldecidos y bendecidos, sufrimos persecución y la soportamos, somos calumniados y oramos» (I Cor., IV, 12-13).

Invitación a la paz cristiana.- No podíamos, amados hijos en el Señor, suscitar en vuestros ánimos tales sentimientos en días más propicios a la santa dulcedumbre como estos en que toda la humanidad se prepara a sentir la humulde y pacificadora alegría de Belén. Por toda la tierra pasa la emoción íntima de los cánticos angélicos anunciadores de paz a los hombres de buena voluntad; aun los espíritus menos inclinados a la suavidad se estremecen ante la lumbre con que en las tinieblas de la noche resplandece el día eterno del Señor que viene a nosotros para amarnos y redimirnos.

La gracia, la benignidad y el amor de Dios nuestro Salvador, hácense visibles a todos los hombres, para enseñarnos a vivir con templanza, justicia y piedad en este mundo, renunciando a la impiedad y a las mundanales concupiscencias, en expectación de la bienaventurada esperanza y el advenimiento glorioso del gran Dios y Salvador nuestro Jesucrito, que se inmoló a sí mismo en bien nuestro para redimirnos de toda iniquidad, y purificándonos, hacerse un pueblo todo suyo, seguidor de las buenas obras.

Tal habla la Liturgia de Navidad por boca del Apóstol. Sintamos todos la divina invitación a esta alta y pacífica vida del espíritu cristiano, a esa perdurable tregua de Dios que empezó para el mundo en la Nochebuena, comienzo bendito de la regeneración de los individuos, de la familia y de los pueblos. En el recogimiento de la oración pura, en el fervor paciente de la mortificación abnegada, en la efusión de la caridad divina, que se aprenden adorando el Verbo de Dios hecho Hombre en las humildades sobrenaturales del Natalicio del Señor, preparemos el advenimiento de Dios en este pueblo que le espera a El, verdadero y único Príncipe de paz perdurable.

Los Obispos de la Santa Iglesia, bendiciendo a todas las familias españolas como prenda y augurio de esta venturosa paz, para la cual son todos los anhelos y sacrificios de Pastor de la grey cristiana, elevan al cielo fervorosamente con todos sus hijos la oración sagrada que la Liturgia del día de hoy pone en los labios suplicantes de la Iglesia: Moved vuestro poder y venid, os rogamos, Señor; y con gran eficacia socorrednos a fin de que, mediante el auxilio de vuestra gracia, vuestra misericordiosa piedad acelere lo que nuestros pecados retardan.

(El Debate, 1º de enero de 1932.)

Los socialistas atacan la nota episcopal

Sobre una pastoral. Conceptos equívocos.

A consecuencia del cambio de régimen, vistos sus resultados y su manera de actuar, los católicos españoles han recibido del episcopado una pastoral colectiva, redactada en términos bastante equívocos.

Ha coincidido esta decisión de la Iglesia española -«a caza de espera, jauría muda»- con la consolidación del actual estado de Gobierno, como si una esperanza lejana la hubiese mantenido en su mutismo, aun durante la discusión en las Constituyentes de las leyes que más directamente le afectaban.

La formación del clero está presidida por un sistema de doblez y de falso acatamiento hacia todo aquello que se quiere derribar, y que por el momento no es derribable por no poseer medios propios.

Nosotros hemos creído siempre que la función religiosa era una cosa completamente desligada, profundamente aparte de la cuestión política. Al abogar por la libertad de conciencia para todos, no creemos que en nuestro fuero interno se alcen obstáculos, que constituyan barreras infranqueables, producidos por la ley que se estudia, se discute y se aprueba con caracteres generales.

La Iglesia, considerando que no es así, hace un distingo entre lo que es ley y lo que es legislación, entre lo que ordena el Poder constituído y lo que se estampa en el papel, cosa que no entendemos bien, pero que sirve a maravilla a esa labor de resistencia pasiva y que proporciona a los católicos un dilema favorable para desobedecer el derecho, siempre que su cociencia se lo dice.

Numerosos actos, llevados a cabo desde que existe la República, demuestran una labor enemiga, sucia y torpe por parte de los elementos católicos, que se da de bofetadas con los ideales que ellos dicen sustentar.

(El Socialista, 2 de enero de 1932.)

 Sucesos de Castiblanco. Versiones de «El Debate» (derechas) y de «El Socialista» (izquierdas)

Cuatro guardias civiles asesinados en Badajoz

Fueron acribillados a balazos por los huelguistas en Castiblanco en una refriega.

También quedó muerto un paisano y otro herido.

Otros dos guardias civiles y un paisano muertos en Feria, cerce de Zafra.

En la ciudad reina tranquilidad.

Las primeras impresiones de la huelga declarada anteayer en Badajoz era de que el conflicto transcurría con tranquilidad; sin embargo, el ministro de la Gobernación dio a mediodía la noticia de que en el pueblo de Feria, cerca de Zafra, en una colisión habían resultado heridos dos guardias civiles y varios paisanos. Uno de éstos falleció después. Más tarde llegó la noticia de que en el pueblo de Castiblanco los huelguistas se amotinaron contra la Benemérita, y en una descarga contra ésta perecieron acribillados a balazos cuatro guardias civiles, uno de ellos cabo, y un paisano. Otro resultó gravemente herido. Se han registrado incidentes en diversos pueblos de la provincia. En uno de ellos se ha intentado asaltar el cuartel de la Guardia civil y la Central Telefónica, en otro piden la supresión inmediata de los arbitrios municipales. Debido a las malas comunicaciones, las noticias de la huelga se obtienen difícilmente aun en los centros oficiales. En la ciudad reinó tranquilidad todo el día de ayer.

El telegrafista del pueblo de Castiblanco comunicó al Gobernador civil que han sido muertos cuatro guardias civiles que había en el puesto de dicho pueblo por elementos huelguistas.

Entre once y doce de la mañana una manifestación de más de 500 personas hizo acto de presencia en las calles enarbolando una bandera roja. Los guardias salieron a su encuentro, y los manifestantes recibieron a la Benemérita con insultos y silbidos. Los guardias hicieron entonces varios disparos al aire para intimidar a los manifestantes, y en aquel momento los revoltosos contestaron con una descarga cerrada, haciendo más de 200 disparos. Cayeron acribillados a balazos el cabo José Blanco Fernández, natural de la provincia de Pontevedra, de treinta y cuatro años, casado, que deja una niña, y los guardias Francisco González Borrego, de veintinueve años, soltero, natural de Barcarrota, de esta provincia; Agripino Simón Martín, de treinta y tres años, natural de Burgos, casado, con un hijo, y José Mato González, de treinta y tres años, casado, natural de Badajoz. Deja dos hijos de corta edad.

También hay un paisano muerto y otro herido; no se sabe si fueron heridos por los guardias o por los disparos de los manifestantes.

Después de los sucesos cundió el pánico en el pueblo, metiéndose el vecindario en sus casas. Se han enviado urgentemente fuerzas de la Benemérita a dicho pueblo.

En Badajoz han causado los sucesos profunda consternación.

(El Debate, 2 de enero de 1932.)

Sobre unos suceso. El verdadero culpable

La tierra extremeña se ha teñido estos días con sangre, consecuencia dolorosa de una situación de violencia a la que es urgente e imprescindible poner remedio. Por desgracia, hechos como los que lamentamos ahora han venido siendo, de algún tiempo a esta parte, demasiado frecuentes. Ha tenido en esto, como villanamente han procurado poner de manifiesto sus enemigos, poca fortuna la República. A la situación ruinosa en todos los órdenes que la monarquía legó al régimen nuevo vino a sumarse el pavoroso problema del paro en la agricultura, especialmente en las regiones andaluzas y extremeñas, en donde la crisis se hacía más aguda y difícil por la notoria mala fe que en muchos casos han empleado los propietarios para fomentarlaDiscurso de Unamuno en el Congreso sobre las lenguas hispánicas y a propósito de la oficialidad del castellano. No necesitamos citar ejemplos que comprueban esta afirmación. Todo ello ha creado una situación de descontento en las zonas afectadas por la falta de trabajo. Es natural que una población campesina que se ve azotada por el hambre sienta la irritación que ha de producirle su propia desgracia. Y si a esa irritación instintiva se añade la indiferencia o la hostilidad con que aquellos que están más directamente llamados a procurar remedio contemplan ese espectáculo de angustia, entonces nada tiene de extraño que se produzcan hechos lamentables que en circunstancias normales hubieran podido evitarse sin esfuerzos.

No hay peor consejera que el hambre. Es verdad. Pero conviene añadir, a renglón seguido, que no hay nada que estimule tanto a la insuborninación como la injusticia. Sobre todo cuando la injusticia va acompañada de la burla. Y éste es el caso que se está repitiendo de día en día. No solamente no han encontrado apoyo alguno los obreros de aquellas reigones castigadas por el paro, sino que constantemente se han visto vejados en sus más elementales derechos de ciudadanía. Se está tratando de hacer creer que los sucesos luctuosos que se han desarrollado en tantos pueblos de España tienen una sola causa: los pretendidos desmanes de unos trabajadores hostigados en parte por la penuria, pero soliviantados, principalmente, por propagandas políticas avanzadas. Con esa explicación tan cómoda figurando en los informes oficiales se justifican todos los atropellos y las mayores enormidades. La realidad, sin embargo, es bien distinta. Tan absurdo sería dar por válida esa versión como suponer nosotros, arrimando el ascua a nuestra sardina, que la intervención de las autoridades en conflictos de esa naturaleza es siempre, en todos los casos, arbitraria y despótica. Aunque no sean los más, tenemos ejemplos, lealmente reconocidos, que demuestran lo contrario. Ni la primera ni la segunda -menos aquélla que ésta- son afirmaciones que puedan hacerse  a priori. La clave de la cuestión es otra, sobre la cual hemos insistido ya muchas veces y tendremos que insistir, por lo visto, muchas más aún. Se trata, sencillamente, de que no se ha desarraigado el viejo caciquismo rural, planta maldita que ha envilecido durante tantos años la vida española. Al contrario, lejos de ceder, cada día parece cobrar el caciquismo nuevos bríos. Con una extraordinaria facilidad de adaptación ha sabido reponerse pronto del quebranto que pudo causarle el cambio de régimen, y está reforzando de manera ostensible sus posiciones. Tímido y cauteloso en los primeros días de la República, vuelve a ser ya desvergonzado y cínico, como en sus mejores tiempos de desafuero. Ahí, y no en explicaciones interesadas, es donde hay que buscar la causa principal del descontento que existe en los pueblos y la razón de los sucesos sangrientos que se originan con tan dolorosa frecuencia. El de Castilblanco, más tremendo que ninguno por sus propociones, no es sino uno de tantos en la serie.

Por lo que se refiere a la actuación de la guardia civil, es evidente que adolece de un defecto gravísimo sobre el cual conviene meditar muy detenidamente en interés de todos, y, acaso más que nadie, en interés de la propia guardia civil. Durante la monarquía, la guardia civil se vió forzada, por exigencias de un régimen consustancial con la violencia y el abuso, a servir intereses particulares o ilegítimos que nada tenían que ver con la función propia que le estaba encomendada. Aunque no lo quisiera nada iba ganando con ello- la guardia civil ha tenido que ser una fuerza de protección  en la que se escudaba el caciquismo. Cabía esperar costumbres de la política rural. Ya se ha visto que no. Los monárquicos de ayer son republicanos hoy. Por procedimiento tan sencillo han seguido en muchos pueblos los caciquillos de campanario su antiguo dominio. En donde no lo han conseguido aún, aspiran a conseguirlo el día de mañana. Y se da el caso absurdo de que haya muchos miembros de la guarcia civil que, por un explicable acomodamiento al través de varios años de relación y trato con aquellos alementos, sigan representándose a éstos provistos de más autoridad que quien la ejerce legítimamente por voluntad popular. Así ocurre que muchas veces puede más en el ánimo de un jefe de puesto una sugerencia del caciquillo que una orden de un alcalde socialista, por ejemplo. A independizar y alejar de esa influencia a la guardica civil deben tender los esfuerzos del Gobierno si se quiere evitar la repetición de hechos como los que motivan estas líneas

(El Socialista, 2 de enero de 1932.)

Sucesos en Bilbao entre tradicionalistas y grupos de izquierda. Versiones de «El Socialista» y de «El Debate»

Ante los sucesos de Bilbao

Hace bien pocos días que un diputado republicano, con anuencia de casi toda la Cámara, llamaba la atención del Gobierno sobre el hecho anómalo, verdadera y cruel paradoja, de que la fuerza pública se viera obligada con harta frecuencia a reprimir a las masas republicanas cuando éstas exteriorizan su protesta ante la torpe y provocadora campaña de propaganda antirrepublicana que llevan a cabo, a favor de una mal entendida tolerancia, los extremistas ultrarreaccionarios. Resulta absurdo e irritante que el poder coactivo de la República, garantía del orden, se emplee precisamente contra los buenos republicanos para proteger a quienes promueven el desorden. Pues no otra cosa viene ocurriendo de algún tiempo a esta parte con los mítines llamados revisionistas, en los cuales han podido dirigirse impunemente las más groseras invectivas al Parlamento, al régimen e incluso a las personas de los ministros y de los diputados.

Equivocadamente, a juicio nuestro, ha querido el Gobierno extremar su benevolencia con esos elementos, que no la merecen, y que ahora recaban para sí, poniendo el grito en el cielo, una libertad que durante toda su vida negaron a los demás. Pero esto, con ser mucho, sería lo de menos si se limitaran a usar de la libertad. Lo más grave es que no saben usarla más que para abusar de ella. Y ese abuso, lejos de moderarse, ha venido haciéndose más intolerable a medida que pasaban los días y comprobaban que la República, si peca de algo, no es de rigurosa, como ellos temían, sino de excesivamente blanda. A la tolerancia han correspondido con la intransigencia y la amenaza; al respeto, con el insulto y la provocación.

Que esa campaña de agitación contra el régimen había de producir disgusto, y que ese disgusto había de manifestarse en un

a vigorosa reacción de socialistas y republicanos, era cosa evidente y por todos sabida. Lo que no podíamos sospechar es que fueran los propios provocadores los que, no conformes ya con su propaganda injuriosa desde la tribuna, pasaran tan rápidamente a la propaganda por la acción. No creíamos que su envalentonamiento, favorecido por la impunidad, llegara hasta ese punto. Sin embargo, ahí están los sucesos de Bilbao que no dejan lugar a dudas. Primero han hablado los trogloditas; después han hablado las pistolas. Y es inútil que se nos diga que lo uno no tiene relación con lo otro, porque toda la propaganda reaccionaria la pública y la privada- no es más que una prepraración a la ofensiva armada contra la República y sus defensores. Si hasta dentro del propio Parlamento se agitó en más de una ocasión el espantajo de la guerra civil incivil, mejor dicho-, ¿qué de extraño tiene que en la calle produzca chispazos sangrientos la brutalidad tradicional del tradicionalismo?

Cuatro hombres asesinados con alevosía tres de ellos socialistas; republicano el otro- y otros muchos heridos nos parecen motivo más que suficiente para que el Gobierno piense con detenimiento en la necesidad de acabar con una situación que ha producido ya muchos daños y habría de producirlos mayores todavía. Aún puede admitirse no sin reparos por nuestra parte- aquello de que la República debe ser para todos, frase hecha en la que se escudan sus enemigos. Lo que no puede permitirse es que la paz de la República esté a merced del cretinismo o del fanatismo clerical. Y menos cuando se manifiesta con los caracteres de violencia que se han dado en Bilbao, donde hasta desde los conventos se ha hecho fuego sin respetar -¡ellos que invocan a la autoridad constantemente!- a la fuerza pública.

No se puede tampoco someter a una prueba demasiado larga la paciencia de socialistas y republicanos, que ven cómo se atenta contra la República a cara descubierta. Son ya demasiadas provocaciones las que llevamos sufridas y es ya demasiado crecido el tributo de sangre que estamos pagando nosotros sobre todo- a la vieja España superviviente. Un día es el caciquismo rural; otro día es la guardia civil puesta al servicio de ese caciquismo; otro es el clericalismo desatado quien nos arrebata alguna vida. Para evitar todo eso se votó en las Cortes la ley de Defensa de la República. Pero esa ley es un arma que se va pareciendo mucho a la carabina de Ambrosio. Y urge que sepamos a qué atenernos. Porque si ha de ser la fuerza la que venga, a nosotros que tenemos la razón- no nos faltan ánimos ni habrían de faltarnos medios para imponer la justicia por nuestra cuenta.

(El Socialista, 8 de enero de 1932.)

El subsecretario y los hechos

El subsecretario de Gobernación, don Carlos Esplá, ha contado a los lectores de la Hoja Oficial del Lunes los sucesos de Bilbao. La colisión entre socialistas y tradicionalistas, provocada por los primeros, aparece así: «pasaron unos cuantos socialistas, cantando algunos la Internacional; un tradicionalista hizo varios disparos...». En cambio, el intento de asalto a La Gaceta del Norte por un grupo que dejó herido, con un balazo en el pecho, al conserje del periódico, aparece como «otro choque», en el que cual dicho empleado «resultó herido». Por último, el atentado contra el convento de las Reparadoras por incendiarios bien provistos de bidones de gasolina, se cuenta de este modo: «al pasar un grupo por la plaza de Zabalburu, frente al convento de monjas, se hicieron desde el edificio varios disparos».

No hubiera el más exagerado extremista, deseoso de tergiversar en su provecho la verdad de lo ocurrido, presentando los acontecimientos en forma más inexacta y tendenciosa. Con justicia se pudiera reprochar, en todo caso, esa manera de «informar» al público. Cuando el que así procede es una autoridad, que aprovecha la salida del único periódico que el lunes aparece para envenenar el ánimo público con falsedades de tal calibre, no se encuentra calificativo bastante duro para lo que ha hecho el señor Esplá.

Misión de las autoridades que tienen conciencia de su deber, es la mesura y el texto en aquellas cosas que pueden excitar las pasiones, y un respeto exquisito he aquí un buen empleo de la palabra de moda- a la verdad de los sucesos, para no extraviar a la opinión. Todo lo contrario de lo que ha hecho el señor Esplá, procurando atizar los odios, y cubriendo con un velo protector los bidones de gasolina.

No ha podido, en cambio, la «Hoja Oficial del Lunes», informar a sus lectores del luminoso triángulo formado a las dos de la mañana de ese día por los incendios de las iglesias de Moncada, Alfara del Patriarca y Mazarrucho. El señor subsecretario debió de tener, sin embargo, noticia de esos incendios, que extinguió la buena voluntad de los vecinos. Se ha perdido la ocasión de decir que pasaban unos grupos pacíficos por delante de esos templos, y de pronto empezaron a salir de ellos unas llamaradas. De todas maneras, se le ha visto el... triángulo.

(El Debate, 18 de enero de 1932.)

Se disuelve en el territorio español la Compañía de Jesús

«El artículo 26 de la Constitución de la República Española declara disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado, debiendo ser nacionalizados sus bienes y afectados a fines benéficos y docentes.

Es función del Gobierno ejecutar las decisiones que la potestad legislativa hubiese adoptado en el ejercicio de la soberanía nacional, y refiriéndose concretamente el precepto constitucional a la Compañía de Jesús, que se distingue de todas las demás órdenes religiosas por la obediencia especial a la Santa Sede, como lo demuestran, entre innumerables documentos, la bula de Paulo III, que sirve de fundamento canónico a la institución de la Compañía, y las propias Constituciones de ésta, que de modo eminente la consagran al servicio de la sede apostólica, a propuesta del ministro de Justicia, y de acuerdo con el Consejo de ministros,

Vengo a disponer lo siguiente:

Artículo 1.º Queda disuelta en el territorio español la Compañía de Jesús. El Estado no reconoce personalidad jurídica al mencionado instituto religioso ni a sus provincias canónicas, casas, residencias, colegios o cualesquiera otros organismos directa o indirectamente dependientes de la Compañía.

Art. 2.º Los religiosos y novicios de la Compañía de Jesús cesarán en la vida común dentro del territorio nacional en el término de diez días, a contar de la publicación del presente decreto. Transcurrido dicho término, los gobernadores civiles darán cuenta al Gobierno del cumplimiento de esta disposición.

Los miembros de la disuelta Compañía no podrán en lo sucesivo convivir en un mismo domicilio en forma manifiesta ni encubierta, ni reunirse o asociarse para continuar la extinguida personalidad de aquélla.

Art. 3.º A partir de la publicación de este decreto no realizarán las entidades mencionadas en el artículo 1.º, ni ninguno de sus miembros por sí o por persona interpuesta, ya sea a título lucrativo, ya a título oneroso, actos de libre disposición de los bienes propios de la Compañía o poseídos por ella.

Art. 4.º En el plazo de cinco días, los gobernadores civiles remitirán a la Presidencia del Consejo relación triplicada de las casas ocupadas o que lo hubieran estado hasta el 15 de abril de 1931 por religiosos o novicios de la Compañía de Jesús, con mención nominal de sus superiores provinciales y locales.

Art. 5.º Los bienes de la Compañía pasan a ser propiedad del Estado, el cual los destinará a fines benéficos y docentes.

Art. 6.º Los registradores de la Propiedad remitirán al ministerio de Justicia, en el plazo de diez días, relación detallada de todos los bienes inmuebles y derechos reales inscritos a nombre de la Compañía de Jesús, con expresión de los gravámenes que afecten a unos y a otros.

Dentro del mismo plazo, los establecimientos de crédito, entidades bancarias, Compañías anónimas y otras Empresas de carácter civil o mercantil, así como los particulares, enviarán al ministerio de Hacienda relación circunstanciada de los depósitos o valores, cuentas corrientes, efectos públicos, títulos y cualesquiera otros bienes mobiliarios pertenecientes a la citada Compañía que se encuentren en su poder.

Art. 7.º A  los efectos del presente decreto, se instituye un Patronato, compuesto por un delegado de la Presidencia del Consejo de Ministros, otro por cada uno de los ministerios de Estado, Justicia, Hacienda, Gobernación e Instrucción pública; un representante del Consejo de Instrucción pública, otro de la Junta Superior de Beneficencia y un oficial letrado del Consejo de Estado. Los organismos respectivos procederán al nombramiento de sus delegados o representantes en el plazo de cinco días.

El Patronato se constituirá dentro de los cinco siguientes, previa convocatoria del delegado de la Presidencia del Consejo. Este será Presidente del Patronato, y secretario, el oficial letrado del Consejo de Estado.

Art. 8.º Corresponde a dicho Patronato:

1.º Formalizar el inventario de todos los bienes muebles o inmuebles de la Compañía, bajo la fe de notario público.

2.º Comprobar la condición jurídica de los bienes que, al aparecer a nombre de la Compañía de Jesús, se hallen en posesión de la misma, y proceder a su reivindicación e incautación.

3.º Ocupar y administrar los bienes nacionalizados.

4.º Elevar al Gobierno propuesta sobre el destino que han de darse a los mismos.

Los distintos órganos de la Administración facilitarán al Patronato los medios que éste recabe para el cumplimiento de su cometido.

Art. 9.º Las iglesias de la Compañía, sus oratorios y objetos afectos al culto, con exclusión de todo otro edificio o parte del mismo no destinado estrictamente a aquél, se cederán en uso, previo inventario, a los ordinarios de las diócesis en que radiquen, a condición de no emplear en el servicio de los citados templos individuos de la disuelta Compañía. El uso que se transfiere a la jurisdicción eclesiástica ordinaria nunca podrá ser invocado con título de prescripción.

Art. 10. Los superiores provinciales y locales, o quienes en cada caso desempeñen sus funciones, serán personalmente responsables:

1.º De la cesación efectiva de la vida en común en las casas cuyo gobierno les esté confiado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.º.

2.º De la infracción de lo dispuesto en el artículo 3.º.

3.º De toda ocultación cometida en las investigaciones ordenadas para llevar a cabo lo preceptuado en el artículo 4.º y en los apartados primero y segundo del 8.º.

4.º De la resistencia que en los locales de la Compañía pudiera oponerse a las autoridades encargadas de la ejecución de este decreto.»

(El Socialista, 24 de enero de 1932.)

«Una gran pérdida para España», afirma«El Debate»

Suspendida gubernativamente la publicación de «El Debate» cuatro días antes de la aparición del decreto disolviendo la Compañía de Jesús, y no autorizada hasta la fecha de hoy, cuando ya los comentarios a su medida han pasado del primer plano de la actualidad, no hemos podido dedicar pública atención a aquel acontecimiento histórico. Pero no puede faltar en nuestra colección amplio espacio dedicado a él. Tal es la causa de que hoy pongamos ante los ojos del lector el presente número extraordinario.

Mas no solamente la información amplia que en él servimos era precisa. Preciso es también el comentario. Importa a «El Debate» que su juicio sobre ese punto quede claramente estampado aquí.

Ni una razón.- No ha dado el Gobierno una razón, ni lejanamente satisfactoria, en que apoyar un acto tan odioso de suyo como el de privar a unos ciudadanos de sus bienes, disolver una asociación que funcionaba legalmente y prohibir incluso que varios hombres honrados puedan vivir bajo el mismo techo para dedicarse a su perfeccionamiento moral, con arreglo a su leal saber y entender.

Ni una razón en que apoyar todo esto. ¿Qué podemos decir, que o se haya dicho ya, sobre el famoso cuarto voto? Ni se impone, ni es esencialmente de naturaleza distinta al de todas las Ordenes religiosas, ni roza en lo más mínimo la soberanía del Estado. Es un voto de naturaleza religiosa por las personas, por el fin y por la materia. Impone la obligación especial de consagrarse al bien de las almas, a la propagación de la fe, a las misiones. ¿De cuándo acá los misioneros perjudican a la autoridad civil? Las Ordenes misioneras cuentan con la protección decidida de Estados laicos, porque, por una ley ineludible de la condición humana, dondequiera que va el misionero va el ciudadano con él, va la lengua, va el espíritu, va la cultura de la patria.

Pero huelga la discusión. Ni siquiera cabe decir que la Constitución dispone lo que se ha efectuado. Pues aun suponiendo que tal diga (y eminentes jurisconsultos han manifestado que, sea cual fuere la intención de los legisladores, la letra no dice tal), en ningún caso podría justificarse la prisa con que se ejecuta ese artículo, y mucho menos la forma de la ejecución.

Dejemos a un lado el plazo de diez días. Dejemos -¡y dejar es!- el corte dado a los cursos académicos lanzando a la calle a millares de muchachos, la suspensión de investigaciones, de trabajos de laboratorio, de labores científicas en los observatorios astronómicos, la destrucción de una organización de enseñanza, el olvido de la suerte de ancianos y enfermos, el no haber hecho excepción de los bienes donados para fines expresos... Y vamos derechamente a una grave cuestión constitucional en la que el decreto no repara.

Concepto de nacionalización.- No nos referimos a la contradicción de esta medida con otros artículos constitucionales como el segundo, que afirma que «todos los españoles son iguales ante la ley»; el 25, que entre las cosas que «no podrán ser fundamento de privilegio jurídico», incluye «las creencias religiosas»; el 27, que garantiza la «libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión»; el 28, que asegura que «sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración»; el 33, que declara que «toda persona es libre de elebir profesión»; el 34, por el que «toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones», y el 44, que señala los requisitos necesarios para la socialización de los bienes y declara que «en ningún caso se impondrá la pena de confiscación».

Ahora bien, lo que ha hecho el Gobierno es de hecho una «confiscación». De no ser esto, no puede ser, dentro del texto constitucional, más que una «socialización». Socializar es, según la Academia, «transferir al Estado u otro órgano colectivo, las propiedades, industrias, etc., particulares». Tal es exactamente lo que ha ocurrido. Pero la socialización sin indemnización no se puede hacer por decreto. Según la Constitución vigente, es necesaria «una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes». Que son 238 y no 178 que obtuvo el artículo 24 del proyecto, hoy artículo 26 en la numeración definitiva.

Se nos dirá que existe aparte la «nacionalización». He aquí una palabra impropia. La palabra castellana es «socialización». Nacionalizar es sinónimo de naturalizar. Pero si quisiéramos darle a la palabra carácter económico, habría que convenir en que nacionalizar es una forma específica de socializar, por la cual los bienes particulares pasan a un ente colectivo que representa a la nación, como «municipalizar» se emplea cuando ese ente representa al Municipio, y por analogía podría emplearse «regionalización» cuando el ente colectivo represente a una región cualquiera, a una Mancomunidad o a una Generalidad. Pero todo eso entraría forzosamente dentro del término genérico de «socialización», empleado por el artículo 44, para la aplicación del cual existen las restricciones apuntadas.

De aquí que algunas personas, conformes en su principio, por las razones que fueren, con la disolución de la Compañía de Jesús, no lo están con esta «nacionalización» por motivos de carácter legal y constitucional. Sobre este punto debió desarrollarse un debate en las Cortes. Mas para que todo sea en este asunto irregular y violento, el gobierno no consistió que se discutiera. Cortó el debate, lo «guillotinó». Y esto con la agravante de que las últimas palabras pronunciadas fueron las del ministro de Justicia y los párrafos finales se dedicaron a injuriar a los diputados católicos que estaban presentes. Con razón señalaban los señores don Angel Ossorio, don Miguel Maura, don Raimundo Abadal y don Miguel de Unamuno que «más desairada» era en este caso la posición del ministro que «la de los propios diputados contra quienes se arbitró la medida».

Digno remate.- Bien mirado, no merecía este desdichado asunto epílogo de más categoría que el discurso del señor Albornoz. De su elevación moral habla elocuentemente la aplicación inmediata de la «guillotina». De su elevación histórica y doctrinal véanse pruebas abundantes en la plana 15 de este número, dedicada a rectificar los errores más salientes del discurso. Nadie más interesado que el gobierno en que tomasen la palabra personas más doctas, después de aquella sarta de citas truncadas, inexactas, mal atribuídas, mal interpretadas, recogidas apresuradamente en cualquier folletillo tendencioso y sin crédito, de los que fabrican plumas mercenarias y se venden en los quioscos a un precio todo lo bajo que permite el papel consumido.

Claro está que desde el primer instante sabía todo el mundo a qué atenerse. Estamos frente a un acto de política sectaria. Los jesuítas no son disueltos por el cuarto voto, sino por los votos que ligan a otros personajes con ocultas potencias. ¡Si fuera este el primer desarrollo del plan de la masonería! Pero no. Es un desarrollo análogo al de siempre. Se empieza por el mismo punto y se sigue idéntico camino. Bien supieron señalarlo así las valientes palabras de los diputados católicos señores Lamamié de Clairac, Gómez Rojí, Martínez de Velasco, Beunza, Abadal y Pildaín, para los cuales no queremos regatear aquí un adarme de caluroso elogio que merecen. Política sectaria, en fin, sólo realizable ya en países débiles o atrasados. Mientras las grandes naciones se preocupan de la decadencia de la moral colectiva y los problemas sociales y económicos que asedian al mundo, España, de espaldas a todos ellos, se emplea en una política que era ya un anacronismo a finales del siblo XIX.

Estos son los jesuítas.- Daños se derivan, desde luego, para la Religión del paso que ha dado esa política con la disolución de la Compañía de Jesús. Pero daños muy importantes también para España y para los españoles. Para la Compañía, en cambio, daños mucho menores de los que sus perseguidores se figuran. Los trastornos, las molestias, los sufrimientos que se le han ocasionado tendrán su recompensa, y tal vez en fecha no muy lejana; la han tenido ya en la simpatía y el prestigio que han ganado los jesuítas en el espíritu de todos los hombres honrados. Las informaciones publicadas por la Prensa han puesto de manifiesto que las riquezas tan decantadas de estos hombres, eran bibliotecas, observatorios, laboratorios, salas de estudio, gabinetes de Física, Museos de Ciencias, capillas, templos...; es decir, todo lo que es preciso para cultivar lo más digno y noble del espíritu humano. Y todo eso lo tenían los jesuítas para difundirlo por la sociedad. Millares y millares de hijos del pueblo recibían el fruto de esa labor en los centros populares de enseñanza anejos a los grandes núcleos de estudio de la Compañía.

Oración, estudio, investigación, enseñanza. Tales eran los tenebrosos planes de los jesuítas. Toda España lo ha podido ver. Y ha visto también cómo esos hombres a quienes se acusaba de promover la guerra civil no han intentado ni defenderse siquiera. Han entregado sus bienes y o se han diluído en la sociedad española, o han levantado sus centros para seguir en tierras hospitalarias su labor de formar la juventud y de hacer para España hombres honrados, cultos y patriotas.

Ha querido Dios, en fin, que no siga a la amargura, si no es junta a ella, la miel del consuelo. El cordialísimo y afectuoso recibimiento dispensado a los jesuítas españoles en los países a donde los ha levado un forzado exilio, países que descuellan entre los más cultos, como Bélgica y Holanda, les habrá hecho sentir el amparo de una solidaridad verdaderamente católica, universal. Cierto estamos de que a la ínclita Orden no le negará Dios el victorioso consuelo de ser, un día, recibida en España con iguales fervorosas muestras de adhesión y de cariño.

(El Debate, 26 de marzo de 1932.)

Pacto entre las dos ramas dinásticas españolas

«Los momentos actuales de España hacen necesaria la unión completa de todos los elementos de orden en frente de aquellos que ponen en peligro la vida de la Patria. A este efecto, los firmantes del Pacto, anteponiendo a sus miras personales y conveniencias de partido su amor a España, unen su esfuerzo para salvar a su querida Patria de los horrores del comunismo a que es conducida por gobernantes ateos, y establecen este pacto bajo las siguientes bases:

«Primera. Se establecerá un Comité director, compuesto de ocho personas, de las que cuatro serán nombradas por don Alfonso Carlos de Borbón y las otras cuatro por don Alfonso de Borbón y Habsburgo, las cuales, con poderes tan amplios como sean necesarios, llevarán a cabo la organización de las fuerzas monárquicas que conjuntamente han de cooperar al indicado fin.

»Segunda. No siendo privativo a las Reales personas el tomar acuerdos políticos que obliguen a sus partidarios, dejan a éstos que libremente lo hagan, pero procurarán interponer su influencia para que sus respectivos partidarios cedan en todo aquello que sea dañoso a la unión monárquica, que consideran necesaria en el futuro para la restauración de este régimen de gobierno, que, bajo el credo tradicionalista adaptado a los tiempos presentes, conceptúan ser el más beneficioso para su Patria.

»Tercera. Cuando las circunstancias lo requieran, don Alfonso Carlos, como jefe de la Casa de Borbón, y en su condición de Regente del reino, convocará unas Cortes, que elaborarán la ley fundamentalmente definitiva, que, inspirada en la tradición española, determine todo lo necesario a la gobernación del Estado, de acuerdo con aspiraciones nacionales.

»Cuarta. Este pacto se dará a la publicidad para conocimientos de los españoles monárquicos, reservándose por el momento los extremos que la discreción aconseja.

»Reunidos con la conciencia de haber antepuesto a todo el bien de la nuestra amada Patria, y con el más vehemente deseo de prosperidad y engrandecimiento, y al grito de ¡Viva España!, firmamos por duplicado el presente pacto.»

(ARRARAS: Historia de la segunda República española, t. I, pág. 243.)

Los socialistas plantean su desconfianza hacia el partido radical

A LA OPINION PUBLICA

El partido socialista y la Unión General de Trabajadores ante el momento político

«La campaña que vienen realizando las extremas derechas -fundamentalmente contrarrevolucionarias y antirrepublicanas-, secundadas por los elementos directores del partido radical, nos mueve a dirigirnos a la opinión pública en general y a la clase trabajadora en particular para fijar debidamente nuestra actitud ante el actual momento político.

»Fuimos al movimiento que culminó en las jornadas históricas del 12 y 14 de abril, plenamente conscientes de nuestra responsabilidad y decididos a arrostrar todas las consecuencias que del mismo pudieran derivarse, porque entendíamos que no se podía dar un paso en firme en la política de nuestro país sin resolver una cuestión previa: la abolición de la monarquía. Era ésta en nosotros una creencia ya muy antigua, puesto que figuraba en nuestro programa mínimo  no como una de nuestras aspiracines inmediatas, sino a la cabeza de todas ellas.

»Sabíamos de antemano que la República que se implantara no sería socialista; pero sabíamos al mismo tiempo que, para ser eficaz, para responder a lo que demandaban de consuno el progreso de los tiempos y las necesidades del pueblo español, no podía ni debía ser tampoco una República conservadora, reaccionaria y cerrada a toda clase de innovaciones.

»Firmes en esta creencia, nos dispusimos a colaborar lealmente, primero, en el movimiento revolucionario que precedió a la proclamación de la República, y después, en el establecimiento y consolidación de la misma. Nadie podrá acusarnos de habernos extralimitado en nuestras pretensiones ni de haber faltado a ninguno de los compromisos contraídos con los demás partidos republicanos. La dictadura socialista de que se está hablando, la política de socialización que, sin una sola prueba, se viene denunciando, no son más que vanos pretextos para alimentar unos propósitos esencialmente contrarrevolucionarios, que, impotentes para enfrentarse con el régimen, tratan de mediatizarlo y desnaturalizarlo.

»Hay quien se ha atrevido a hablar de nuestra falta de abnegación y de nuestra sobra de interés, ¿Se ha olvidado, quizás, que en más de una ocasión el partido socialista y la Unión General de Trabajadores estuvieron íntimamente asociados a movimientos revolucionarios cuyo fin era instaurar la República, habiendo renunciado de antemano a toda participación en el Gobierno? Baste recordar lo que ocurrió en 1917, en que el más conspicuo de nuestros debeladores de hoy brilló por su ausencia en los momentos decisivos, mientras los representantes de nuestras organizaciones daban la cara y, en momentos dificilísimos, hacían honor a los compromisos contraídos.

Somos los mismos de 1917 y los mismos que hemos sido siempre. Si continuamos nuestra participación el el Gobierno, no es por el deseo de mantenernos en el Poder, sino porque no se ha constituído todavía el partido republicano o la coalición de partidos republicanos capaces de hacer frente a la contrarrevolución y de asegurar la necesaria e indispensable obra de consolidar la República. Nadie con más ardor que nosotros ansia la formación de un sólido frente republicano. Y si este resultado no se ha logrado aún, las dificultades no han surgido de nuestro campo. Las ha creado y las sigue creando precisamente quien, sin aducir ni un dato, sin aportar la más mínima justificación, lanza excomuniones contra los socialistas y se atreve a acusarles de fomentar desórdenes y de provocar conflictos.

Pública y notoria es nuestra conducta. Ante el interés general, por no crear dificultades al régimen, no sólo hemos sacrificado más de una vez nuestras legítimas reivindicaciones de clase, sino que, además, hemos salido públicamente al encuentro con circulares, manifiestos y por todos los medios- de movimientos huelguísticos extemporáneos y de algaradas promovidas por los extremistas conjugados de derechas auténticas y de pretendidas izquierdas. Esto lo sabe la opinión imparcial y, lo que es más importante, lo han reconocido leal y noblemente los partidos de limpia y patente ejecutoria republicana.

Si tal es la situación, ¿qué se propone con sus extemporáneas e inexplicables intervenciones el feje del partido radical? El país debe conocerlo y las masas republicanas meditarlo con el más exquisito cuidado. El partido radical, con su actual minoría parlamentaria, no puede constituir Gobierno. Tampoco puede constituirlo con otras minorías republicanas, las cuales, sobre repudiar los procedimientos que viene utilizando el señor Lerroux, no pueden hacerse solidarias de una política que niega en sus fundamentos la obra renovadora de la República.

¿Cómo podría entonces realizarse el tan ansiado relevo? ¿Mediante una disolución de las actuales Cortes? Sería un golpe de Estado, no sólo porque las nuevas elecciones deberían hacerse con la ley antigua y escamoteando el voto a la mujer, sino también porque no se habría cumplido la convocatoria de las Cortes constituyentes, en la cual figuraba taxativamente, entre otras cosas, el problema heredado de la monarquía- relativo al Estatuto de Cataluña.

¿Mediante una nueva dictadura? Si esto es lo que se pretende, si es esto lo que se prepara, mal blanco ha escogido para sus ataques el guía del partido radical, porque, contra un intento semejante, las fuerzas del partido socialista y de la Unión General de Trabajadores se levantarían como un solo hombre y, conscientes de sus deberes y de sus responsabilidades, ellas, que tan respetuosas son con la legalidad y con el régimen democrático debidamente establecido, no repararían en medios, por violentos que ellos fuesen, para oponerse a la violencia y a la osadía de las fuerzas desencadenadas de la reacción provocadora.

Sospechoso es, en su forma y en su fondo, el llamamiento antidemocrático, antirrepublicano y anticonstitucional hecho en las actuales circunstancias al jefe del Estado en nombre de un partido adicto al régimen. Sospechosa también la acogida que ha dispensado las extremas derechas a la afirmación que ha llenado de júbilo a los antiparlamentarios de todos los matices- de que el Parlamento no representa a la opinión del país. Sospechoso e inoportuno, en fin, el apoyo que semejante actitud ha de prestar forzosamente a los elementos impunistas en el momento mismo en que se dispone a actuar la Comisión de Responsabilidades y en que un gran contrabandista y sus colaboradores van a responder, ante la justicia de la República, de los desafueros cometidos bajo el antiguo régimen con la tolerancia y la complicidad de éste y con la intervencón de muchos que se declaraban furiosos adversarios del mismo.

Para la buena marcha de la República, para afianzar y dignificar el régimen que libremente han querido darse los españoles, es indispensable que republicanos y socialistas, cada uno desde su campo y sin desdibujar en lo más mínimo sus respectivas ideologías, mantengan una estrecha y leal cordialidad. El movimiento revolucionario iniciado con el derrumbamiento de la monarquía no ha terminado aún; los elementos que oprimían y explotaban al país bajo el antiguo régimen, tratan de introducirse en el nuevo y disponer de él a su antojo. Para ello se emplean por políticos llamados republicanos y que declaran paladinamente que no harían ascos a la colaboración de antiguos monárquicos- los mismos procedimientos a que nos tenían acostumbrados los nefastos oligarcas partidarios del «turno pacífico de los partidos».

Denunciamos enérgica y solemnemente ante el país la burda maniobra que se pretende realizar. Y en bien del interés general, unidos estrechamente a los partidos republicanos que aceptan y practican lealmente los procedimientos democráticos, el partido socialista y la Unión General de Trabajadores dan la voz de alerta a todos los ciudadanos y se disponen a cumplir, como siempre, su deber con toda dignidad y con toda energía.

Madrid, 14 de julio de 1932. Por la Comisión ejecutiva del partido socialista: Remigio Cabello, Manuel Albar, Manuel Cordero, Wenceslao Carrillo, A. Fabra Rivas, Anastasio de Gracia, Francisco Azorín, A. Fernández Quer, Manuel Vigil.

Por la Comisión ejecutiva de la Unión General de Trabajadores: Manuel Cordero, Wenceslao Carrillo, Rafael Henche, EnriqueSantiago, Felipe Pretel, Manuel A. Zapata, Antonio Génova, José Díaz Alor, Antoni Muñoz, Fermín Olivares.»

(El Socialista, 15 de agosto de 1932.)

Levantamiento fracasado de las derechas, el 10 de agosto, en Madrid y Sevilla. Versión republicana.

La madrugada de hoy nos ha traído un suceso emocionante. ¡Por fin! Ha estallado el complot que desde hace meses anunciaban los augures. Complot organizado contra el Gobierno y contra la República. A la hora en que escribimos estas líneas nos llega hasta la Redacción el eco del tiroteo que los guardias de asalto sostienen contra los grupos rebeldes. La información que recibimos es, como acontece siempre en los primeros momentos de todo suceso sensacional, incompleta, apresurada, a ratos incoherente; atiende más a los detalles dramáticos que a las causas profundas del hecho, y apenas permite formar idea de lo que acontece. ¿Quién es el alma del complot? ¿Quién el caudillo? ¿Qué se proponen, concretamente, los conjurados? ¿Cuál es su programa? Informes que no queremos acabar de creer afirman que entre los comprometidos figuran, junto a los monçarquicos confesos y convictos, republicanos de esos que vienen dedicándose desde hace algún tiempo a la tarea de socavar los cimientos del Gobieno, a presentarle ante los ojos de la opinión republicana como resumen y compendio de todas las incapacidades, de todos los errores y de las insensateces más inauditas. No lo creemos. Acaso hayan sido auxiliares morales e inconscientes del complot: auxiliares a sabiendas, no puede ser.

Suponemos, de todos modos, que algunos republicanos harán hoy severísimo examen de conciencia. Y no insistimos más sobre este punto porque faltan datos concluyentes, informes precisos acerca de la organización y desarrollo del complot.

Desde luego, si algún acontecimiento inesperado no viniese a complicar la situación, parece seguro, por lo que hasta las cinco de la madrugada está sucediendo, que el movimiento, importante acaso por la intención de los conspiradores, va a reducirse a un episodio menos dramático que la huelga revolucionaria de Sevilla o que la sublevación del Llobregat.

El Gobierno ha movilizado sus fuerzas con rapidez y eficacia extraordinarias, y todos los resortes del mando han funcionado de manera perfecta, hasta el punto de que en no mucho más de una hora todo habrá concluído, a favor del Poder público. Ni por un solo instante abandonó el presidente del Consejo su residencia del palacio de Buenavista, edificio preferentemete amenazado por los conspiradores. El ministro de la Gobernación estuvo en su despacho oficial durante toda la noche.

Se diría que la autoridad se adelantaba mecánicamente a cada una de las maniobras de los conjurados.

El resultado inmediato del suceso de hoy es evidente fortalecimiento del Gobierno en sus posiciones y reagrupación de las fuerzas republicanas.

Lamentemos, puesto que el instante no permite más amplios comentarios, los dolorosos sacrificios con que esta aventura sin nombre se está cerrando, y terminamos esta nota urgente pidiendo al Gobierno, aunque el Gobierno actual no necesita estímulo, que sin vacilación y con la serenidad que tan extraordinarias pruebas viende dando, restablezca el imperio de ley frente a todo y frente a todos.

(El Sol, 10 de agosto de 1932.)

Desde hace algunas semanas venía el Gobierno recibiedo informes de que elementos calificados como monárquicos preparaban un golpe de mano en Madrid, a fin de apoderase de los centros oficiales que ellos suponían vitales para el Gobierno y para el rébimen. Esos informes añadían que en el movimiento habrían de participar militares retirados y, junto  a ellos, organizacines de paisanos. En vista de todo ello, comenzaron a adoptarse medidas policíacas muy rigurosas y secretas, y se estableció cerca de determinadas personas un servicio de vigilancia sumamente estrecho. Tal era el conocimiento que el gobierno tenía de los planes urdidos contra él y contra la República, y de naturaleza tan uferte la defensa organizada para hacer frente a cualquier eventualidad, que no diremos con complacencia, pero sí veía el Gobierno con absoluta serenidad de ánimo y con la mayor tranquilidad acercarse el momento en que habría de producirse el hecho anunciado.

Los rumores de anoche.- En las últimas horas de la tarde de ayer, o mejor dicho, en las primeras horas de la oche, se acentuaron extraordinariamente los rumores concernientes a un golpe de mano contra determinados centros oficiales. En las Redacciones de los periódicos y en los corrillos de los cafés se aseguraba terminantemente que el complot debía estallar en la madrugada de hoy, y hasta se precisaba que el movimiento tendría lugar de cuatro a cinco de la mañana. Es evidente que si esas informaciones habían llegado por vías absolutamente públicas y ostensibles a conocimiento de los periódicos y de los comentaristas desocupados, el Gobierno estaba en posesión de todos los datos relaiconados con el complot y, por consiguiente, en condiciones de sofocarlo rápidamente.

Los edificios amenazados.- Entre otras cosas, sabía el diretor general de Seguridad que el movimiento iba encaminado a tomar por asalto el palacio de Buenavista (ministerio de la Guerra), la Dirección General de Seguridad y el Palacio de Comunicaciones.

De acuerdo con estos informes, las fuerzas de asalto quedaron estratégicamente situadas, con órdenes severísimas, de hacer fuego en cuanto vieran acercarse los grupos que debían movilizarse, según la organización del complot. La zona más ocupada por los guardias de asalto fue la que comprende las calles de Prim, Conde de Xiquena, Barquillo, Alcalá, entre Barquillo y la Cibeles, y Recoletos, entre la Cibeles y Prim, o sea toda la que se relaciona con el ministerio de la Guerra.

En las primeras horas de la madrugada el movimiento de fuerzas en la Dirección General de Seguridad era intensísimo.

Los informadores de sucesos tropezaban con grandes dificultades para el cumplimiento de su misión.

No obstante, pudieron averiguar que a las dos de la madrugada salió un carro de guardias de asalto con dirección a la calle de Doña Bárbara de Braganza. Al llegar frente a la casa número 16 de dicha calle subieron al cuarto piso y detuvieron a ocho personas, las cuales fueron inmediatamente trasladadas a la Dirección General y prestaron declaración ante el Jefe superior de Policía.

Entre los detenidos hay tres abogados del Estado, un pintor y el juez de instrucción de Sacedón, provincia de Guadalajara. Parece ser que alguno de los detenidos declaró que se habían reunido para jugar al póker. Pero la Policía sostiene que se trataba de una reunión de carácter político.

A las tres de la mañana, el director de Seguridad, señor Menéndez, recibió a los periodistas y manifestó que, de momento, no podía facilitar los nombres de los detenidos ni las causas de la detención, pues tenía pendientes otros servicios relacionados con el mismo fin.

La actividad máxima era la relacionada con las fuerzas de asalto, que han montado sus armas de tiro rápido por orden del Sr. Menéndez. El edificio de la Dirección está completamente acordonado. A las tres y media salió otro camión de guardias de asalto con dirección desconocida. Poco después llegaba en un automóvil, acompañado de dos agentes, un capitán del Ejército, al parecer, detenido.

En el palacio de Comunicaciones se desarrollaron durante la madrugada de hoy los sucesos de que ya tiene el lector noticia escueta, de la manera siguiente:

A las cuatro de la mañana, aproximadamente, penetró en Correos un teniente coronel; poco después llegó un comandante, y un minuto más tarde hizo acto de presencia un capitán. Todos iban de uniforme. Los tres fingieron no conocerse. El teniente coronel se encaminó a la ventanilla coo si fuese a depositar un telegrama, y los otros dos se dirigieron al escritorio. El guardia civil de servicio advirtió que se miraban y que hacían señas.

Esn esto entró un alférez de Marina que traía en la mano una pistola. Observó el guardia civil que los cuatro militares se movían como tratando de envolverle, y entonces intentó retroceder hacia la pared; pero le cortó el paso un coronel, también de uniforme, que en aquel momento había entrado, y entre coronel y guardia civil se entabló el siguiente diálogo:

Coronel.- Póngase usted a mis órdenes inmediatamente.

Guardia civil.- No recibo órdenes sino de jefes de mi Cuerpo.

Coronel.- Es que traemos órdenes de fejes de su Cuerpo para que me obedezca usted.

Guardia civil.- Si esa orden no viene por escrito, no la acato.

Coronel.- ¿Quién tiene aquí al mando?

Guardia civil.- Un cabo.

Coronel.- ¿Dónde está ese cabo?

Guardia civil.- Durmiendo.

En ese instante entraron dos comandantes y preguntaron al guardia civil acerca de la sala de aparatos. El guardia les contestó que no podía decirles dónde se hallaba. El coronel insistió, diciendo:

Coronel.- Le digo que se ponga usted a mis órdenes.

Guardia civil.- Le digo que no obedezco otras órdenes que la de jefes de mi Cuerpo.

Coronel.- Pues ahora vendrá su capitán.

Guardia civil.- Pues cuando venga, ya veremos.

Al llegar a este punto el diálogo, el guardia se vió casi cercado, y entonces se echó hacia atrás y encañonó al grupo con el máuser. Su compañero, que prestaba servicio en la puerta, al darse cuenta de lo que sucedía, se echó también el fusil a la cara y apuntó hacia el grupo. Estado en esta situación, el guardia que había sostenido el diálogo ordenó a un repartidor de Telégrafos que cacheara a los conspiradores. Este repartidor sellama Andrés Vázquez. Los oficiales no admitieron el cacheo y tiraron las armas al suelo. Entonces se oyó fuera del palacio de Comunicaciones un tiroteo verdaderamente alarmante. Entraron en el vestíbulo dos parejas más de la guardia Civil. A medida que el tiroteo se intensificaba, llegaban de Recoletos grupos de conspiradores empujados por los guardias de asalto.

Los jefes que habían entrado en el primer momento en Correos no hicieron el menor ademán de disparar.

Dos muertos en Recoletos.- Confirmando noticias anteriores podemos decir que en el primer andén de la derecha del paseo de Recoletos, junto al tercer árbol, cayó muerto un alférez de complemento del Cuerpo Jurídico Militar. En el mismo andén, junto al séptimo árbol, cayó muerto un picador de Caballería, y junto a él, herida de bala y en estado gravísimo, fue recogida otra persona que aún no ha sido identificada.

El cadáver del alférez fue llevado al vestíbulo de Correos. Tiene una herida de bala en la cabeza. El guardia civil que mantuvo el diálogo con el coronel se llama Ascasio López, y su compañero, Angel del Val. La primera pareja que entró a auxiliarles estaba formada por los guardias Ildefonso Fernández y Aticino Bueno.

Más guardias de asalto heridos.- Además de los guardias de asalto que han sido asistidos en la Casa de Socorro del Hospicio, se sabe que están heridos de bala los guardias Emilio Cordero, José Gea Sánchez y Enrique Villacañas.

El director general de Seguridad, en el tiroteo.- Como nota de información podemos decir que cuando se inició el tiroteo en la calle del Conde de Xiquena, el director general de Seguridad, señor Menéndez, se puso a la cabeza de los guardias de asalto y fue el primero en hacer fuego con un rifle.

Traslado de detenidos.- A las seis y media de la mañana han llegado a la Dirección General de Seguridad de veinte a treinta paisanos detenidos en el palacio de Comunicaciones. El jefe superior de Policía procede a toamr las primeras declaraciones.

Al cierre de nuestra edición.- En la necesidad de cerrar la edición, pues el gobernador civil de Madrid nos comunica que no se permitirán ediciones extraordinarias, resumiremos las noticias que llegan hasta nosotros:

- Al alférez muerto se le ha ocpuado una pistola ametralladora.

- Entre los militares detenidos figuran el general Fernández Pérez y el teniente coronel Ugarte.

- Hay heridos, como consecuencia de los sucesos, en las Casas de Socorro del Hospicio y de los Cuatro Caminos y en el Equipo Quirúrgico.

- Los escasísimos soldados que fueron arrastrados al movimiento pertenecen a la Remonta.

- El número de detenidos hasta ahora es, aproximadamente, de doscientos.

La actitud del señor Menéndez.- Inmediatamente después de ocurridos los sucesos en la calle del Conde de Xiquena, el director general de Seguridad se dirigió al ministerio de la Guerra para visitar al Sr. Azaña.

Cuando subía la escalera principal fue avisado de que acababa de llegar a la Cibeles una camioneta con fuerzas de Caballería al mando de un teniente y un alférez. Inmediatamente, el director general de Seguridad bajó y ordenó al teniente coronel Sr. Panguas que conminara al teniente que mandaba las fuerzas de la camioneta para que se presentara en el ministerio de la Guerra y explicara su  presencia en aquel lugar.

El Sr. Panguas cumplimentó la orden, pero el teniente le replicó que no podía explicar su permanencia allí.

Entonces el director general de Seguridad se dirigió personalmente a la Cibeles, requiriendo al oficial nuevamente para que explicara la razón de su presencia y en virtud de qué órdenes se encontraba allí.

- No puedo decirlo replicó el teniente-. Estoy aquí por razones que no puedo comunicar a usted.

- Pues tengo orden de que usted se presente al ministro de la Guerra.

Texto del manifiesto del general Sanjurjo

Huelva, 10 (12 n.).- Se cenoce el texto del manifiesto que, firmado por el general Sanjurjo, ha sido repartido profusamente por Sevilla. En él se dice:

«Españoles: Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y nos mueve a procurarla. No hay atentado que no se haya cometido, abuso que no se haya perpetrado ni inmoralidad que no haya descendido a todos los ´rodenes de la Administración pública, para provecho o para el despilfarro escandaloso. La fuerza ha sustituído al derecho, la arbitrariedad a la ley, la licencia a la disciplina. La violencia se ha erigido en autoridad y la obediencia se ha rebajado a la sumisión. La incapacidad se impone donde la competencia se exhibía. El despotismo hace veces de valor y de honor de la desvergüenza. Ni los braceros del campo, ni los propietarios, ni los patronos, ni los obreros, ni los capitalistas que trabajan, ni los trabajadores ocupados o en huelga forzosa, ni el productor, ni el artesano, ni el empleado, ni los militares, ni los eclesiásticos, nadie siente la interior satisfacción de la tranquilidad de una vida pública jurídicamente ordenada, la seguridad de un patrimonio legítiamente adquirido. La inviolabilidad del hogar sagrado, la plenitud de vivir en el seno de una nación cvilizada; de todo este desastre brota espontáneamente la rebelión de las almas que viven sin esperanza.

»No nos impresiona la emoción de la violencia dimanante del dramatismo de un levantamiento para el triunfo del pueblo. Las angustias del país nos emocionan profundamente. La revolución será siempre un cirmen o una locura dondequiera que prevalezca la justicia y el derecho, pero no es justicia ni derecho donde prevalezca la tiranía, medios jutificativos que copiamos de la revolución que se hizo en abril de 1931. Momentos mucho más desdichados que aquéllos fueron otros de año y medio de sectarismo tiránico de la economía naiconal, que ha sufrido el quebranto de miles de millones; se ha hecho mofa y escarnio en el Parlamento de lo más fuertemente arraigado en la mayoría de los españoles; se han destrozado los organismos de defensa e insultado groseramente a los cuerpos armados; ha aumentado la criminalidad de modo alarmante. El parao forzoso, extendido en proporciones aterradoras, tiene en la miseria a muchos miles de obreros. No se ha tenido en varios meses ni un día de sesiego y tranquilidad, con el sobresalto constante del incendio, huelgas revolucionarias, robos, atracos y amenazas. Las leyes de excepción nos privan más que nunca de los derechos ciudadanos, y por si estos y otros males fueran pocos, se han alentado imprudentemente los sentimientos de varias regiones y envenenado aspiraciones que podían ser legítimas en su origen, poniendo en peligro inminente la integridad de España.

»Por amor a España y por imperativos de nuestra conciencia y nuestro deber, que nos obliga a salvarla de la ruina, de la iniquidad y de la desmembración, aceptamos desde este momento la responsabilidad de la gobernación del país y asumimos todas las funciones del poder público con el carácter de Junta provisional. Las Cortes, que eran ilegítimas en su origen por el régimen de terror en que fueron convocadas y erigidas, y facciosas por la prorrogación de sus funciones a extremos ni siguiera consignados en su propia convocatoria, han sido disueltas. No venimos, sin embrgo, a imponer un régimen político contra la República, sino a libertar a España de la alarma, que sólo en un año ha ocasionado daños tan gravísimos en lo material y en lo moral. La forma en que los Poderes del Estado han de organizarse se determinará por la representación legítima de todos los ciudadanos designados en elecciones que se celebrarán en un régimen de ibertad, sin amenazas ni coacciones que impidan manifestarse libremente la voluntad indivicual de los electores.

»Para ello es preciso, ante todo, que la paz y la disciplina sociales se restablezcan en beneficio de todas las clases y no en el de una sola de ellas, de modo que los actos políticos de todas las tendencias puedan celebrarse en un ambiente de tolerancia y de respeto mutuo, sin que las gentes pacíficas se vean amenazadas, como en el último simulacro de elecciones, por bandas de forajidos.

Los poderes que esta Junta provisional asume durarán el tiempo indispensable para restablecer la disciplina, postulado esencial previo para la legitimidad de cualquier Parlamente que la nación elija; pero durante ese período de restauración de la paz pública será inexorable en la persecución de cuantos aspiren a reproducir los métodos de terrorismo a que acabamos de poner término, y sobre todo de cuantos estén al servicio de los organizaciones extranjeras, cuyo fin esencial es el de introducir y fomentar la discordia interna en las naciones, organizaciones que por lo que aquí respecta quean desde este momento declaradas fuera de la ley.

»España necesita de todos sus hijos, y a todos hace un llamamiento apremiante para que con fe y energía nos ayuden y alienten en nuestra obra de reconstrucción, y, sobre todo, truequen en amor el odio que estimula la innoble lucha de clases que convierte las relaciones económicas entre ogreros y patronos en una lucha más propia de pueblos y tiempos bárbaros que de una nación civilizada.

»Intelectuales, técnicos y funcionarios de todo orden: poned a contribución de la hermosa obra que nos proponemos vuestra inteligencia, conocimiento y honrado trabajo, origen de ideas salvadoras, provechosas iniciativas y rendimientos admirables. A todos, repetimos, requerimos para que cooperen a dotar a España de instituciones estables, a instaurar la paz interior desaparecida, a reconstituir su economía sobre la base de la estricta justicia social, sin la que no hay dicha verdadera; a imponer la libertad, que respeta todos los derechos legítimos, reconoce y acata las justas jerarquías y hace cumplir todos los deberes naturales y sociales.

»Sólo a estos fines responderán los decretos de la Junta provisional, y para ello requiere la colaboración de todos los ciudadanos. La cordialidad con que pide y espera su concurso le autoriza, si se produjera cualquier intento perturbador, para reprimirlo de un modo severo.

»¡Viva España y viva la soberanía nacional!»

(El Sol, 11 de agosto de 1932.)

Bando de guerra en Sevilla (10 de agosto de 1932)

Lo redactó el señor García de la Herrán, y decía así: «El excelentísimo señor general don José Sanjurjo y Sacanell, teniente general de los Ejércitoa, hago saber: Queda declarado el estado de guerra en toda la región andaluza con las ocnsecuancias que dicho estado lleva consigo. Como capitán general de Andaluciía, asumo el mando, concentrando en mi autoridad todos los poderes. Así como Dios me permitió llevar el Ejército español a la victoria en los campos africanos, ahorrando el derramamiento de sangre moza, confío en que también hoy me será permitido con mi actitud llevar la tranquilidad a muchos hogares humildes, y la paz a todos los espíritus. ¡Viva España única e inmortal!

Sevilla, 10 de agosto de 1932»

(ARRARAS: Historia de la segunda República española, t. I, pág. 464.)

Se restablece la normalidad en Sevilla, y el general Sanjurjo desaparece de la ciudad

A las tres y media de la madrugada facilitaron en el ministerio de la Gobernación informes a la Prensa en el sentido de que la situación militar de Sevilla había quedado liquidada y terminada la sublevación.

Los primeros síntomas de que los sublevados renunciaban a mantenerse en su actitud se tuvieron en el ministerio de la gobernación por el restablecimiento de la comunicación telegráfica en primer término, y luego de la telefónica. Era que las fuerzas militares que guardaban los dos centros de comunicación principales de Sevilla se retiraban, y todo volvía a la normalidad.

La guarnición, con todos sus jefes y oficiales, se ha presentado a las autoridades para hacer protestas de su adhesión.

El general Sanjurjo ha desaparecido, sin que se sepa en este momento dónde se encuentra.

El general Gonzáles, general de la división de Sevilla, ha vuelto a hacerse cargo del mando de las tropas.

El episodio sevillano puede darse, pues, por absolutamente acabado.

El general Sanjurjo, detenido

A las cinco y media de la mañána se nos comunica del ministerio de la Gobernación que el general Sanjurjo ha sido detenido.

Incendiado el Círculo de Labradores de Sevillaz

A las cuatro de la madrugada estuvo uno de nuestros redactores en el ministerio de la Gobernación y habló con el subsecretario de Comunicaciones y el director de Administración local. Estos confirmaron la desaparición del general Sanjurjo, al que acompañaba el general Arranz, que fue el que ayer se apoderó de la Comandancia Militar y detuvo al jefe de la división, general González.

Añadieron que el gobernador civil había tomado de nuevo el mando de la provincia. Los hechos se han producido alrededor de la uno y media de la madrugada.

Según las últimas noticias recibidas de Sevilla, esta madrugada un grupo de manifestantes que pasaba frente al Círculo de Labradores lo ha incendiado.

(El Sol, 10 de agosto de 1932.)

Sentencia del 25 de agosto de 1932 contra el general Sanjurjo

«Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado teniente general don José Sanjurjo Sacanell a la pena de muerte, con las accesorias, en caso de indulto, de inhabilitación absoluta perpetua y pérdida de empleo, como responsable en concepto de autor de un delito consumado de rebelión militar, previsto en el artículo 237, número 1.º del Código de Justicia Militar, y castigado en el número 1.º del artículo 238 del propio Código; al procesado general de brigada don Miguel García de Herrán, a la pena de reclusión perpetua, con iguales accesorías, como autor del mismo delito de rebelión, y en calidad de adherido a la misma, delito que sanciona el número 2.º del artículo 238 de la ley citada; al procesado teniente coronel de Estado Mayor don Emilio Esteban Infantes, a la pena de doce años y un día de reclusión temporal, con las accesorias de inhabilitación absoluta temporal en toda su extensión y pérdida de empleo, como auxiliar del mismo delito, que castiga el párrafo 1.º del artículo 240 del repetido Código, y se absuelve al capitán de Ifantería don Justo Sanjurjo y Jiménez Peña. Abónese al general García de la Herrán y al teniente coronel Esteban Infantes la mitad del tiempo de prisión preventiva sufrida, y no ha lugar en este momento a determinar la cuantía de la indemnización de perjuicios debida al Estado y a los particulares por razón del delito cometido, hasta tanto que no se fije opotunamente en el jucio ordinario que al efecto se instruye por los hechos que se relacionan con la presente causa. Procésase al comiso de las armas ocupadas a los reos, devolviéndose al capitán don Justo Sanjurjo la pistola de su pertenencia. Póngase esta sentencia en conocimiento del gobierno, y espérese al enterado del mismo para proceder a su ejecución, teniendo en cuenta lo prevenido en el artíclo 10 del Decreto-ley de 2 de junio de 1931, que modifica en este punto el párrafo 2.º del artículo 662 del Código de Justicia Militar. Líbrense testimonios de los particulares obrantes en esta causa referentes a la existencia del complot que produjo el alzamiento ylas remificaciones de éste, a fin de que srutan sus efectos en la pieza separada de la misma y en las actuaciones mandades instruir a consecuencia de los sucesos ocurridos en Madrid el día 10 del actual. Así, por eta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamons y firmamos.»

(ARRARAS: Historia de la segunda República española, t. I pág. 491.)

El Congreso de los Diputados discute -intensa y violentamente- los haberes pasivos del Clero, a los que se oponen las izquierdas

Continuando la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley regulando los haberes del Clero parroquial, dijo

El Sr. Presidente: Se va a dar lectura de nuevo a una proposición que se leyó ayer.

Leída la proposición pidiendo que se diese por suficientemente discutido el dictamen, dijo

El Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Pérez de Rozas para defender la proposición.

El Sr. Pérez de Rozas: Muy pocas palabras para defender la proposición de que se acaba de dar lectura, en la cual he tenido el honor de poner mi firma en unión de otros Sres. Diputados.

Un deber de disciplina y un convencimiento de la necesidad de la presentación de esta proposición me obligan a hacer uso de la palabra, como he dicho, brevísimamente, para apoyarla, haciendo uso también del resorte reglamentario que pone en nuestras manos, en las manos de la Cámara, la necesidad de acabar con una discusión que está perfectamente esclarecida. No es necesario gastar aquí muchos argumentos en apoyo de esta proposición; es necesario ir a su aprobación rápidamente, porque nosotros creemos que ha llegado el momento de dar a España la sensación de que el Parlamento tiene cosas que discutir y tiene una labor seria que realizar (El Sr. Alvarez Angulo: En favor de los curas. Protestas.), y no debemos perder el tiempo en discusiones bizantinas. (Rumores.- El Sr. Alvarez Ángulo: Vais contra los obreros y contra los intereses del país.- Nuevos rumores y protestas.) Teníamos descontadas esas interrupciones a plazo fijo y, por tanto, no han de hacer mella ninguna en el modesto Diputado que está en el uso de la palabra. (Continúan los rumores y protestas.- El Sr. Presidente reclama orden reiteradamente.- El Sr. Alvarez Angulo: Su señoría no tiene ningún título sino el de ser amigo de Foronda.)

El Sr. Alvarez Angulo está sentado en ese sitio por la generosidad de los votos de las derechas y nuestros. Fué S. S. a pedírnoslos. (El Sr. Alvarez Ángulo: Eso no es cierto.- Signen las protestas y contraprotestas.) Me tiene sin cuidado que S.S. se indigne, porque yo no me pienso indignar. (El Sr. Alvarez Angulo: Su señoría no se merece que yo me indigne.- El Sr. Rey Mora: A ver si contamos las conferencias que el señor Alvarez Angulo dió en América en honor de Primo de Rivera.- El señor Alvarez Ángulo: Precisamente hoy he hablado de eso con un periodista.- Rumores.- El Sr. Presidente reclama orden.- El Sr. Alvarez Angulo: A vosotros se os dejó que presentárais todas las enmiendas que quisisteis; a nosotros, no.- Continúan las protestas y contraprotestas.- El Sr. Alvarez Angulo: Esto es un atropello.- El Sr. Martínez Moya: ¡Vosotros atropellásteis a España!.- El Sr. Alvarez Angulo: Vosotros discutisteis lo que quisisteis.- Nuevas protestas.)

El Sr. Presidente: Señores Diputados, yo invito a todos a que se guarden los unos a los otros el respeto que es indispensable en una Cámara deliberante. No creo que nadie estime que responderá a su deber... (Muchos Sres. Diputados pronuncian palabras que no se entienden y que impiden oír a la Presidencia.)

El Sr. Menéndez: ¡Guillotina, pena de muerte, tarifas ferroviarias. cerillas! Eso es lo que hacéis vosotros.

El Sr. Rey Mora: ¡Casas Viejas!

El Sr. Presidente: ¡Orden! ¡Orden! La Presidencia no puede competir en pulmones con los 40 Diputados que hablan a un tiempo. O Sus señorías guardan el respeto que es debido a la Presidencia y la prestan su cooperación, o ésta abandonará su sitio, en el que, sin la debida autoridad, no tiene empeño en mantenerse. (Aplausos.)

El Sr. Pérez de Rozas: Lamento mucho que la minoría socialista, para la que tengo todos mis respetos... (Varios Sres. Diputados: ¡Muchas gracias! No nos importa el respeto de S.S.) No por lo que vosotros sois; sino por las fuerzas que representáis. (Nuevas protestas y contraprotestas.) Vuelvo a decir que lamento mucho que la minoría socialista se haya prestado y se esté prestando al juego de dos personalidades que obran tras la cortina y que la manejan hábilmente; la una por no haber podido lograr sentarse entre nosotros; la otra, por sentarse aquí, a veces, gracias a la generosidad del Sr. Prieto. Estos dos señores son los que manejan hábilmente el tinglado, para que vosotros vengáis aquí a hacer una obstrucción como ésta, a pesar de que estáis convencidos de que no podéis ni debáis hacerla. (El Sr. Menéndez: Estamos en el secreto.) Yo agradecería mucho al Sr. Menéndez que no me llevase a un terreno al que no quiero ir, porque yo he sido Gobernador de Asturias... (El Sr. Alvarez Angulo: ¡Qué miedo! ¡Hay que descubrirse ante el señor gobernador! ¡Pobre Asturias!.- El Sr. Menéndez: ¿Y qué va a decir S.S.? ¿Que evitó el atropello?.- Un Sr. Diputado: Os ha llamado borregos.- Grandes protestas y contraprotestas.- El Sr. Menéndez Fernández: El Sr. Pérez de Rozas, que anda con insidias, debe aclararlas, porque yo voy a aclarar lo que hace S.S. en contra del Sr. Martínez Barrio y de sus compañeros.- Protestas en los radicales.- Su señoría es el jefe de la intriga y de la traición.- Nuevas protestas.) Y termino diciendo que con la misma razón que en las Cortes Constituyentes se aplicó el art. 23 para aprobar los artículos 31 y 32 del proyecto de ley de Congregaciones religiosas, con la misma razón nosotros proponemos que se aplique en esta discusión. (Fuertes rumores.- El Sr. Alvarez Angulo: ¡Viva el socialismo!.- El Sr. Rey Mora: El socialismo de S.S. es como para estar riéndose durante tres siglos, Sr. Alvarez Angulo.- Grandes protestas.)

El Sr. Presidente: El Sr. Cordón Ordás. tiene la palabra.

El Sr. Cordón Ordás: Con la defensa que ha hecho el digno Diputado radical de la presentación del voto que se discute, no sé qué contestarle (Rumores.), porque no hay razón que justifique el atropello que se intenta cometer contra las minorías ante un proyecto de ley claramente anticonstitucional. (Grandes protestas.)

Las dos minorías de oposición más importantes de la Cámara, la minoría socialista y la minoría de esquerra catalana, ni siquiera han podido defender una sola de sus enmiendas. Yo tengo presentadas 18 enmiendas, y no habrá ni uno solo de los Diputados que se sientan en esta Cámara que pueda decir que mis enmiendas son de tipo obstructivo. Todas ellas tienen un clarísimo fundamento y tienden a investigar si, en efecto, es necesario que se le exija al contribuyente español ese sacrificio, que en nada, absolutamente en nada, como con justicia decía ayer el Sr. Calderón, beneficia al Clero rural y que, en cambio, ocasiona un gran perjuicio al crédito de las instituciones republicanas. ¿Qué pretende el partido radical, patrocinador de este atropello? Yo no me lo explico. Cinco veces consecutivas se trató en la Cámara Constituyente, por los señores representantes entonces de una exigua minoría de derechas, el problema que ahora se trata en este proyecto de ley, desde que comenzó la discusión del art. 26 de la Constitución vigente hasta el artículo 44 de la última ley de Presupuestos aprobada por aquella Cámara. Expusieron cuantas razones tuvieron por conveniente; problema hubo que se debatió durante varias sesiones consecutivas, en forma de votos particulares, en forma de enmiendas, y nadie impidió que todos los argumentos que tuvieran que exponer los expusieran, y a mí se me impide demostrar, como pretendía: primero, que la Iglesia católica no necesita para nada de ese auxilio del Estado laico; segundo, que por incumplimiento del art. 38 del Concordato (Fuertes rumores.) de 16 de marzo de 1851 le debe la Iglesia al Estado de 2.000 a 3.300 millones de pesetas (Más rumores.); tercero, que es perfectamente aplicable el precepto por virtud del cual la Iglesia tiene que dar al Estado español el 20 por 100 de todos sus bienes, más los intereses de demora. (Continúan los rumores y las protestas.- Un Sr. Diputado: ¿Y la prescripción?) No hay prescripción en este caso, porque, según acuerdo de un Concilio de León, la prescripción no existe para la Iglesia católica. (Rumores.- Un Sr. Diputado: Pero era para ella.) Sí, es la ley del embudo, que practicó siempre la Iglesia en todas sus relaciones con el Estado.

Se me ha impedirlo demostrar ante esta Cámara que la Iglesia tiene múltiples, extraordinarios medios de recolección de dinero para atender sobradamente a sus ministros. Los tiene en esos acervos píos, cuyo interés debió entregarse al Estado para atender a las necesidades del presupuesto de Culto y Clero y que no se ha entregado. Nueve millones tiene la diócesis de Madrid; 33 millones tiene la diócesis de Avila; 12 millones tiene la diócesis de Astorga, y así sucesivamente. (Rumores y protestas.) Las cofradías sobre las cuales canónicamente se pueden imponer tributos por la Iglesia son en España riquísimas. Basta un solo ejemplo, el de la venerable Orden Tercera de Penitencia de San Francisco, en Madrid, que tiene ella sola más casas que entre Romanones y Allende juntos, que son los más ricos propietarios; igualmente las Fundaciones, las Capellanías y la Obra Pía, en la cual, por cierto, existen más de 200.000 documentos que contienen páginas extraordinarias de la Historia de España y que el Estado no tiene en su poder.

Con todos estos y otros muchos medios la Iglesia puede llenar cumplidamente las necesidades de sus eclesiásticos. Lo demuestra, Sres. Diputados, el hecho de que exista próximamente una doble población de religiosos de las Ordenes monásticas, de hombres y mujeres, que de Clero secular; y esos religiosos, que no reciben ningún auxilio del Estado, viven perfectamente; lo demuestra el hecho de que en Madrid, donde hay treinta parroquias, haya exactamente cinco veces más de iglesias particulares, sin contar las iglesias y los oratorios familiares, que se sostienen muy bien, sin necesidad de auxilio alguno del Estado.

El Sr. Presidente: Señor Gordón Ordás, según el Reglamento, su intervención sólo puede durar cinco minutos... (Fuertes rumores y protestas en la minorías de izquierda impiden oír a la Presidencia y al señor Gorrión Ordás.- Entre Diputados de la minoría Socialista y de Esquerra y la Radical y de Derecha se cruzan frases que es imposible percibir.)

El Sr. Gorrón Ordás: Protesto contra ese atropello, por virtud del cual se coarta mi libertad.

El Sr. Presidente: El Reglamento dice textualmente, en su página 14, que la explicación del voto durará cinco minutos.

El Sr. Gorrón Ordás: Es cierto que lo dice el Reglamento, pero con las manos sobre la conciencia (Rumores.) puedo decir que es un atropello que se limite el tiempo a quien está defendiendo un principio esencialmente republicano y no se ponga dificultad alguna a quienes desde otros sectores hablan cuanto quieren, como quieren y cuando quieren. (Continúan los rumores y las protestas.)

El Sr. Presidente: El Reglamento lo habéis hecho vosotros. Yo lo cumplo y lo haré cumplir.

El Sr. Gordón Ordás: Yo no discuto si el Reglamento lo hemos hecho nosotros o S.S., que también era Diputado. (Un Sr. Diputado: Pero no lo votó.) Lo que digo es que aquí; ha habido quien ha invertido cerca de una hora en la explicación de un voto y no veo la razón por la cual se me impidió ayer terminar la defensa de una enmienda y hoy se me impide defender el voto de esta minoría, cuyos miembros sienten en el fondo de su alma el atropello insólito que se comete contra un Diputado... (Grandes rumores.- EL Sr. 0'Shea: Consta en el Diario de Sesiones que íbais a hacer la obstrucción.- Protestas en los socialistas.)

El Sr. Presidente: Señor Gordón Ordás, yo tengo a S. S. por un hombre digno y no creo que, aprovechándose de las circunstancias, pueda someter a la Presidencia de la Cámara a una coacción del género que podría desprenderse de sus palabras. Invito a S.S, a que cumpla el Reglamento; y a que termine dentro de un plazo prudencial que le puedo conceder brevísimamente.

El Sr. Gordón Ordás: Yo agradezco mucho esa concesión al Sr. Presidente y continúo. Decía el Sr. Maura dirigiéndose al Sr. Gil Robles, en una reciente intervención, algo relativo a los periódicos del Sr. Gil Robles.

El Sr. Presidente: Va a continuar brevísimamente S.S., porque si no me pondrá en el caso de llamarle al orden. Estoy dispuesto esta tarde, más que nunca, a cumplir inflexiblemente el Reglamento. (Protestas en las minorías de izquierda.)

El Sr. Prieto: ¿Esta tarde? (Rumores.)

El Sr. Gordón Ordás: El Sr. Gil Robles, con justísima razón, contestaba al Sr. Maura que él no tiene periódicos. Es verdad, son los periódicos los que le tienen al Sr. Gil Robles. El Debate, que es la edición española del Observatore Romano (Rumores.- Un Sr. Diputado: Mucho sabe S.S.) Sé más de lo que S.S. se figura. El Debate, y quiero llamar sobre ello la atención del partido radical, porque la opinión de estos señores de la minoría popular agraria en este proyecto de ley no me interesa (Siguen los rumores.), publicó el año pasado un artículo al que pertenece este párrafo:

«Por eso desearíamos que mientras la derecha ayuda al Gobierno a descombrar el camino que dejó intransitable la política anterior, se preocupe de la obra constructiva futura, en la que tendrá que hacerlo casi todo, empezando por la reforma de la misma Constitución del Estado.» (Aprobación en las derechas.)

Esta posición indica claramente el papel que el Vaticano os reserva a vosotros (Rumores.), que es el de acabar con toda la obra laica de la República para descombrar el camino en beneficio de estos señores. Porque, en efecto, en la sustitución de la enseñanza no habéis traído una disposición que la impida; pero la realidad es que no se hace absolutamente nada en este problema fundamental...

El Sr. Presidente: Señor Gordón Ordás, S.S. no puede continuar: le llamo al orden por primera vez.

El Sr. Gordón Ordás: Su señoría puede retirarme la palabra cuando lo estime por conveniente, no sin que conste mi protesta más enérgica...

El Sr. Presidente: Constará.

El Sr. Gordón Ordás: Y mi decidida fiscalización para que jamás por nadie, ni por ningún motivo, se quebrante en esta Cámara el Reglamento. (Rumores.)

El Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. De los Ríos.

El Sr. De los Ríos: La minoría socialista me ha encomendado la misión de formular esta tarde, en su nombre, la más enérgica protesta por la aplicación del art. 23 al proyecto de ley de Haberes del Clero. Yo desearía del Sr. Presidente que explicara el alcance que él da al art. 23, porque hasta ahora el art. 23 ha sido interpretado como una clausura de debate a la que se le fija un plazo: yo quiero saber si es esta misma la interpretación que da el Sr. Presidente.

El Sr. Presidente: La interpretación de la Presidencia es muy fácil en este caso, porque no tiene otra cosa que hacer que acomodarse al texto mismo del artículo que dice: «Cuando la mayoría absoluta de la Cámara, a propuesta de 15 Diputados, del Presidente o del Gobierno, estimen suficientemente discutido un artículo, se suspenderá la disensión de enmiendas, procediéndose, desde luego, a la votación de aquél (es decir, del artículo), una vez consumidos los turnos reglamentarios en el debate del dictamen de la Comisión.», Los turnos reglamentarios de totalidad están consumidos: de modo que una vez que se vote esa proposición, la Cámara, tramitado un solo turno, votará el artículo único que compone el dictamen. (Rumores y protestas.- Entre los Diputados de distintas minorías se cruzan palabras que no se perciben y que originan varios incidentes en el hemiciclo.) Ruego a los Sres. Diputados que ocupen sus escaños. Puede continuar el Sr. De los Ríos.

El Sr. De los Ríos: Siento muy vivamente, Sres. Diputados, haber sido designado por mi minoría para llevar esta tarde su voz; y lo siento por razones que no escapan ciertamente a la consideración de la Cámara. (Rumores.)

Seguramente recuerdan algunos Sres. Diputados que, en torno a este problema, el Diputado que habla tuvo en las Constituyentes una actitud equidistante de todos los partidos, y, como he de ser ortodoxo conmigo mismo, las razones que he de dar serán mías: la conclusión será de toda la minoría; pero permitidme que al levantarme en su nombre recuerde que fué ella misma la que me autorizó a expresar mi pensamiento personal aquella tarde en que aún no se había entrado en la formulación concreta del art. 26 de la Constitución. En aquella tarde, señores de la minoría radical, ocurrió algo triste, y fué que el partido radical entró en el juego y quería ganar la copa del laicismo; y como quería ganar la copa, no formuló una sola enmienda que pudiera atenuar la expresión tajante del art. 26; fué el Ministro de Justicia quien quedó solo abriendo caminos, indicando rutas, sugestiones que, por razones de equidad, me parecía que debieron haber sido atendidas. Pero con posterioridad se formuló el art. 26 y fueron el Sr. Guerra del Río y algún otro Sr. Diputado de la minoría radical quienes lanzaron al hemiciclo, para adelantarse a cualquiera otra iniciativa, la fórmula más expresiva en virtud de la cual el art. 26 quedaba redactado en los términos más graves.

Después, claro, el partido radical, lo mismo que los sujetos individuales, puede haber hallado el momento de la contricción. ¿Es que, realmente, el partido radical encontró, en una contricción colectiva, el estímulo para ir hacia el camino de Damasco, o es que el partido radical, inmediatamente que se separa del Gobierno, principia a buscarse a sí mismo, a buscar una posición sustantiva y unas masas suyas que le sirvan de sustentación dentro del orden republicano? (El Sr. Ministro de Obras Públicas: ¿Me permite el Sr. De los Ríos?) Con el mayor gusto. (El Sr. Ministro de Obras Públicas: El recuerdo debería ser completo. Entonces, en nombre de la minoría radical, dije que defendía el criterio sustentado en el art. 26 de la Constitución, y al mismo tiempo pedí, en nombre de la minería radical, que se reconociesen los derechos pasivos de los que pertenecían al Clero, que dejaban desde aquel momento de ser funcionarios del Estado.- Muy bien.- Rumores.- Ese fué el criterio del partido radical en las Constituyentes y lo es ahora.- Muy bien.) El partido radical, desde entonces, principia una labor consistente en definirse a sí mismo en torno a los grandes problemas. Antes, al disentirse el art. 26... (El Sr. Ministro de Obras Públicas: Al disentirse el art. 26, sentado yo, con la minoría radical, detrás del banco azul, y ahí está el Diario de Sesiones.) Si es así, Sr. Guerra del Río, queda omitida la parte que se refiere a los haberes. (Fuertes rumores.) El partido radical fué el que lanzó al hemiciclo (él el primero) lo relativo a la disolución de una Orden religiosa y a la incapacidad de todas las demás para la cuestión de la enseñanza; después ha querido rectificar la posición que esto entrañaba, y en ese proceso de rectificaciones hemos llegado a una situación en que, para tener posición de Gobierno, el partido radical necesita estar recogiendo problemas, modalidades para tratar esos problemas y ritmo parlamentario que darles, al discutirse, de esos sectores de la Cámara. (Señalando a los de derecha.) Y esta es la razón por la cual ahora nos encontramos ante una proposición de esta naturaleza, proposición de una gravedad excepcional, tan excepcional, señores Diputados, que, establecido el procedimiento de la «guillotina» el año 1918, desde dicho año al 23 se aplica tres veces (Un Sr. Diputado: Y en el mes de mayo pasado, dos.- Rumores.), y en los dos años y medio de funcionamiento del Parlamento constituyente, dos veces. (El Sr. Gil Robles: Cuatro veces.) Preguntado aquí, oficialmente, por mí, el señor oficial mayor del Congreso declaró que sólo dos veces. (El Sr. Gil Robles: Cuatro veces se ha aplicado a propuesta de la mayoría del Gobierno de que S.S. formaba parte.- Fuertes rumores y protestas.) Y nos encontramos, Sres. Diputados, con que se trata de aplicar la «guillotina», que es la forma de máxima violencia en régimen parlamentario, a un proyecto de esta naturaleza. Me van a permitir SS.SS. que afirme con cierta autoridad moral en este instante (Rumores.) que se va a aplicar la «guillotina»... (El Sr. Comín pronuncia palabras que no se entienden.) Aquí la piedad no tiene que hacer absolutamente nada. (El señor Comín: La piedad sí tiene que hacer.) De lo que se trata, Sres. Diputados, es de aplicar la «guillotina» a un proyecto de ley en que, a mi juicio, y por la actitud notoria de las Constituyentes, rechazando todas las sugestiones que hube de hacer en el banco azul, al rechazarlas, manifiestamente se denotaba que una solución como la que se propugna en este instante está en desacuerdo implícito con el espíritu del art. 26.

Después, para mantener jurídicamente la legitimidad de este proyecto, habéis acudido a conceptos inadecuados. ¡Funcionario público! Pero ¿acaso es posible a un católico, en términos de Derecho canónico, admitir, dentro de la estructura de la Iglesia católica, la posibilidad de que el sacerdote sea funcionario público, siendo así que eso es netamente protestante, netamente constantiniano, y que repugna a la esencia del catolicismo? Y habéis acudido a algo que evidentemente tiene más importancia, que es a un sentido de equidad: en esa forma era como yo lo defendía antes de estar redactado el art. 26. Sin embargo, si por razones de equidad se defiende, ¿qué orden de prelación es el que habría de dársele a un régimen de socorro y ayuda? ¿Una prelación que correspondiese a quienes, sin tener familia, tienen una masa de fieles adeptos, dentro de los cuales fieles figuran los elementos más poderosos, económicamente, de la sociedad española, con la obligación moral de remunerar un servicio que ellos solamente van a disfrutar? ¿A ésos habría de corresponder la prelación, o a aquellos otros que tienen familia y un jornal aleatorio, sin que haya nadie que tenga el deber legal de subvenir a sus necesidades? Me parece profundamente impolítico lo que hacéis; profundamente impolítico, incluso para las derechas. ¡Cuán otra situación de ánimo podría haber sido la de todos y cuán otra la fuerza moral de la argumentación que hicierais, si hubiera precedido a una petición de esta naturaleza la articulación de un Estatuto de seguros sociales, con seguro de paro! Pero ahora es esto lo que se antepone: y es que prevalecen problemas políticos, de índole estrictamente política, sobre los demás de cualquier otra naturaleza. (Rumores.) Este proyecto requería haber dejado a la Cámara una posibilidad de discusión que se le niega, y a la minoría socialista, una posibilidad de defender enmiendas que totalmente queda cercenada no hay posibilidad de defender ni una.

Pues bien, en estas condiciones, yo, en nombre de la minoría socialista, formulo una protesta enérgica ante España contra el atropello que con nosotros se comete; pero, además, quiero terminar haciendo una pregunta que, desgraciadamente, veo que no va a poder ser contestada; una pregunta al Sr. Presidente del Consejo, que una vez más insiste en su ausencia. (Rumores.) Yo no podía creer que la «guillotina», aplicada a este proyecto de ley, fuera a ser la instauración de la «guillotina» como forma ordinaria de procedimiento reglamentario; no la ha sido jamás; tan no lo ha sido, que cuando surge la «guillotina» por primera vez, el año 81, en Inglaterra, se la da el nombre de «golpe de Estado»; tal gravedad se considera que corresponde a la aplicación de una medida de esta naturaleza. Pero es que esta mañana todos hemos podido leer que el Sr. Presidente del Consejo ha dicho, después del Consejo de Ministros, que se ha acordado que en esta semana salgan tres proyectos de ley, sobre dos de los cuales ni siquiera se ha iniciado la discusión. ¿Es esto así? (El Sr. Ministro de Obras públicas: No.)

El Sr. Presidente: No es así, con todo respeto, porque el Presidente de la Cámara ha hablado con el Sr. Presidente del Consejo de Ministros y se cree, delante de un espíritu tan recto como el de D. Fernando de los Ríos, obligado a decir la verdad. El Sr. Presidente del Consejo de Ministros no me ha dicho, como Presidente de la Cámara, nada que se parezca a eso, y yo tendría que cooperar a ello como un factor parlamentariamente indispensable. En tal sentido, creo obligada esta aclaración.

El Sr. De los Ríos: Bien, Sr. Presidente; pero una cosa es que no se lo haya dicho y otra cosa es que pueda existir esa resolución. (El señor Ministro de Obras Públicas: No existe.) Comprenderá el Sr. Ministro de Obras Públicas que es desde la cabecera del banco azul desde donde procede formular de una manera clara y terminante eso, porque si se estableciera la «guillotina» aquí, como se quiere establecer fuera, ello cambiaría sustancialmente todo lo que significa el régimen tradicional parlamentario.

Es posible que haya el designio -no sé de quien- y vaya a ser servido ese designio -por un momento de alucinación o de inconsciencia- para destrozar lo que puede tener de eficiente el régimen parlamentario, respecto del cual no es el momento de pronunciarse, y tal vez por ese camino indirecto se quiera hacer imposible la estancia en esta Cámara de minorías que se vean sistemáticamente atropelladas. Esto, dada la terminante declaración de la Prensa, y la atribución de tal propósito al Sr. Presidente del Consejo, cree la minoría socialista que exige una declaración de quien puede hacerla, y, por lo pronto, nosotros formulamos nuestra protesta más vigorosa. (Aplausos.)

El Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Santaló.

El Sr. Santaló: Señores Diputados, jamás pude sospechar que la iniciativa para atropellar el derecho de las minorías ante un proyecto de tal importancia como el que se debate, surgiera y fuese defendida por un grupo republicano de la Cámara; no podía sorprenderme un intento de esta naturaleza surgido de otro sector; pero que esa iniciativa, esa proposición incidental la suscriban republicanos radicales y la defiendan republicanos radicales, que se han llamado sistemáticamente laicos, que han querido defender la soberanía del Poder civil, esto es algo tan incomprensible y tan lamentable, que nosotros, a la protesta que formulamos con toda energía por el atropello que se comete, unimos también nuestra protesta por la deslealtad que con la opinión pública ha tenido el partido radical. (Rumores y protestas.)

Esta minoría fijó ya su criterio en relación con el proyecto que se debate, en términos que no dejaban lugar a ninguna duda; llevó la voz de esta minoría el ferviente republicano compañero nuestro Sr. Tomás y Piera; antes había hecho oír su voz, con todas las consideraciones de justicia, de humanidad y de piedad en relación con los funcionarios de la Iglesia, no del Estado, que, como se acaba de repetir, no lo han podido ser nunca, un hombre tan ponderado, tan ecuánime como el doctor Humberto Torres. Y ahora nos encontramos aquí con que, después de reconocer la anticonstitucionalidad de lo que se intenta, sin dejar oír la voz y los razonamientos de una minoría como la socialista. De una minoría como Izquierda Republicana, de una minoría como Esquerra Republicana, va a aplicarse, por lo menos prematuramente, que yo diría temerariamente, ese fatídico -como le ha llamado algún Diputado radical- instrumento de la "guillotina".

Pues bien, a todos los argumentos que se han hecho aquí de anticonstitucionalidad, rebatiendo los del Sr. Ministro de Justicia, que apoya su proyecto de una manera incomprensible, afirmando el carácter de funcionarios públicos de los clérigos, cosa que representa una verdadera herejía, como reconoció un vocal monárquico en la Comisión de presupuestos, yo he de añadir que, por lo menos, hay que sumar a estos argumentos el de que lo que ahora se va a aprobar, lo que ahora se va a conceder a la Iglesia católica es un verdadero atentado a la soberanía del Poder civil. (Rumores y protestas.) Y lo es por lo siguiente: todos sabéis cómo la Iglesia católica ha abandonado, desde hace años, el sueño de constituir una monarquía universal controlada desde Roma (Rumores.); pero no olvide nadie que esta misma Iglesia no renuncia a tener un arbitraje dentro de cada nación, y advierto, señores protestantes (Risas y denegaciones.), que abundáis en la tesis del Sr. Ministro de justicia... (El Sr. Menéndez Fernández: Sois herejes; queréis hacer a toda España pagana. Entre varios Sres. Diputados se cruzan palabras que no se perciben.- El Sr. Presidente reclama orden.) Y advierto, repito, Sres. Diputados, que considero perfectamente lícita esa aspiración de la Iglesia; pero también me parece lícito que, frente a esa aspiración de la Iglesia en intervenir las cosas del Estado, se levante la opinión republicana abogando por su absoluta independencia. Frente a la aspiración de la Iglesia, esa otra aspiración de los grupos civiles republicanos de España de oponerse a toda ingerencia confesional para asegurar la plena autoridad y dignidad de la soberanía nacional. (El Sr. Varela: Que nadie combate.) Tal es la doctrina nuestra, y por eso voy a terminar, como resumen de estas palabras, contra el atropello que se comete por iniciativa de un grupo republicano, protestando, en nombre de esta minoría, de que se atente contra la Constitución, falseando la verdad, con la tesis defendida por el Sr. Ministro de Justicia al considerar a los clérigos funcionarios públicos. (Aplausos.)

El Sr, Presidente: El Sr. Bolívar tiene la palabra.

El Sr. Bolívar: No voy a salir en defensa de este régimen parlamentario; soy enemigo de él, porque esto es una charca indecente. (Risas y protestas.) Vengo, desde luego, a hacer una protesta enérgica porque, valiéndoos de vuestra seudodemocracia, queráis evitar que en estos momentos exprese el partido comunista su opinión respecto al problema que se debate, para que los obreros y campesinos de España se convenzan una vez más cuál es el camino que tienen que seguir para conseguir la completa emancipación. El Parlamento no es más que un procedimiento para crear ilusiones, para tratar, inútilmente, de convencer de que por esta vía de la democracia burguesa el proletariado va a conseguir su emancipación; pero cuando no os conviene prolongar mucho la discusión de un asunto porque el pueblo puede tomar parte en él, aplicáis estos artículos del Reglamento votando en contra del pueblo y con el estado de alarma. Levantad el estado de alarma para que se manifieste el pueblo, y seamos si es partidario o no de que se concedan al Clero esas pensiones... De ahí vuestra prisa en aprobar este asunto antes de que se levante el estado de alarma y a espaldas del pueblo, a espaldas del pueblo trabajador, no del pueblo vuestro, que es el pueblo explotador de los trabajadores. (EL Sr. Comín: ¿Y el 19 de noviembre?) El 19 de noviembre fué la protesta contra los crímenes que diariamente estáis vosotros cometiendo. Rumores.); el 19 de noviembre es una página gloriosa del pueblo trabajador, que ha indicado el camino que tiene que seguir para emanciparse. ¿Quién ha organizado el atentado de Zaragoza? Habéis sido vosotros mismos. (Protestas.) ¿Quién organiza los atentados que se cometen a diario en Málaga, sino vosotros mismos? (Nuevas protestas.- Varios Sres. Diputados: Su señoría.- El Sr. Presidente reclama orden.)

Yo no soy partidario, como he dicho, de este régimen parlamentario podrido. Sin embargo, voy a señalar una inexactitud dicha por el Ministro de Obras públicas en una interrupción a D. Fernando de los Ríos. Voy a leerla, aun cuando yo no tenía necesidad de hacer esa rectificación. Aparece en el Diario de Sesiones del 10 de octubre de 1931 que el Sr. Guerra del Río, a propósito del art. 26 de la Constitución, dijo lo siguiente: «Podemos decir desde ahora que el Estado respeta, que el Estado garantiza el sueldo de los que hasta este momento lo vienen cobrando, pero que no pagará ninguno más.» (Rumores.) No he terminado todavía. (Risas.) «Esta es la solución por que nosotros nos inclinamos: señalar un plazo para que dentro de él los católicos organicen el pago de sus servidores y, al finalizar ese plazo, deje el Estado de pagar.» (Rumores.- El señor Alvarez Angulo: ¿Qué tal, Sr. Guerra del Río?.- Varios Sres. Diputados: Eso era para los sueldos enteros.)

Voy a concluir. Después de haber formulado mi más enérgica protesta, he de hacer el llamamiento acostumbrado a los obreros y campesinos de toda España para que, deponiendo sus distintas ideologías, se unan en un apretado frente único y barran esta charca podrida, que no sirve más que para sostener al Clero, a la plutocracia y a los grandes terratenientes. Creo que ha llegado la hora de que todos los obreros y campesinos españoles se lancen a la calle a exteriorizar su protesta y prescindan del Parlamento, porque aquí es imposible luchar con vosotros. Donde únicamente se puede luchar es en la calle. En ella solamente el pueblo trabajador puede imponerse y conseguir su total emancipación. (Fuertes rumores.)

(Diario de Sesiones, de 4 de abril de 1934.)

El Estatuto de Cataluña promulgado por la República

Art. 1.º Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español. Su territorio es el de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona en el momento de aprobarse este Estatuto.

Art. 2.º El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relacones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación de las autoridades del Estado con las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano.

Toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña deberá ser publicada en ambos idiomas. La notificación se hará también en la misma forma, caso de solicitarlo parte interesada.

Dentro del territorio catalán, los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrán derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los Tribunales, autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República.

A todo escrito o documento judicial que se presente ante los Tribunales de Justicia redactado en lengua catalana, deberá acompañarse su corresondiente traducción castellana, si así lo solicita alguna de las partes.

Los documentos públicos autorizados por los fedatarios en Cataluña podrán redactarse indistintamente en castellano o en catalán, y obligadamente en una u otra lengua, a petición de parte interesada. En todos los casos, los respectivos fedatarios públicos expedirán en castellano las copias que hubieren de surtir efecto fuera del territorio catalán.

Art. 3.º Los derechos individuales son los fijados por la Constitución de la República española. La Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. Estos no tendrán nunca en Cataluña menos derechos que los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República.

Art. 4.º A los efectos del régimen autónomo de este Estatuto, gozarán de la condición de catalanes; primero, los que lo sean por naturaleza y no hayan ganado vecindad administrativa fuera de Cataluña, y segundo, los demás españoles que hayan ganado vecindad dentro de Cataluña.

Art. 5.º De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.º de la Constitución, la Generalidad ejecutará la legislación del Estado en las siguientes materias:

1.ª Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.

2.ª Pesas y medidas.

3.ªRégimen menor y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto afecta a la defensa de la riqueza y la coordinación de la economía nacional.

4.ª Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos que sean de interés general, quedando a salvo para el Estado la reversión de la policía de ferrocarriles y de los teléfonos y la ejecución directa, que puede reservarse de todos estos servicios.

5.ª Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.

6.ª Régimen de seguros generales y sociales, sometidos estos últimos a la inspección que precetúa el artículo 6.º.

7.ª Aguas, caza y pesca fluvial sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. Las Mancomunidades Hidrográficas, cuyo radio de acción se extiende a territorio situado fuera de Cataluña, mientras conserven la vecindad y autonomía actuales, dependerán exclusivamente del Estado.

8.ª Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.

9.ª Tierras de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares.

10. Socialización de riquezas naturales y Empresas, delimitándose para la legislación de la propiedad las facultades del Estado y de las regiones autónomas.

11. Servicios de Aviación civil y radiodifusión, salvo el derecho del Estado a coordinar los medios de comunicaciones en todo el país.

El Estado podrá instalar servicios propios de radiodifusión y ejercerá la inspección de los que funcionen por concesión de la Generalidad.

Art. 6.º La Generalidad organizará todos los servicios que la legislación social del Estado haya establecido o establezca para la ejecución de sus preceptos.

La aplicación de las leyes sociales estará sometida a la inspección del Gobierno para garantizar directamente su estricto cumplimiento y el de los Tribunales internacionales que afecten a la materia.

En relación con las facultades atribuídas por el artículo anterior, el Estado podrá designar en cualquier momento los delegados que estime necesarios para velar por la ejecución de las leyes. La Generalidad está obligada a subsanar, a requerimientos del Gobierno de la República, las deficiencias que se observen en la ejecución de aquellas leyes; pero si la Generalidad estimase injusticada la reclamación, será sometida la divergencia al fallo del Tribunal de Garantías constitucionales, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución. El Tribunal de Garantías constitucionales, si lo estima preciso, podrá suspender la ejecución de los actos o acuerdos a que se refiera la discrepancia, en tanto se resuelve definitivamente.

Art. 7.º La Generalidad de Cataluña podrá crear y sostener los centros de enseñanza en todos los grados y órdenes que estime oportunos, siempre con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución, con independencia de las instituciones docentes y culturales del Estado y con los recursos de la Hacienda de la Generalidad, dotada por este Estatuto.

La Generalidad se encargará de los servicios de Bellas Artes, Museos, Bibliotecas, conservación de monumentos y archivos, salvo el de la Corona de Aragón.

Si la Generalidad lo propone, el Gobierno de la República podrá otorgar a la Universidad de Barcelona un régimen de autonomía. En tal caso, éste se organizará como Universidad única, regida por un Patronato, que ofrezca a las lenguas y a las culturas castellana y catalana las garantías recíprocas de convivencia y de igualdad de derechos para profesores y alumnos.

Las pruebas y requisitos que, con arreglo al artículo 49 de la Constitución, establezca el Estado para  la expedición de títulos, regirán con carácter general para todos los alumnos procedentes de los establecimientos del Estado y de la Generalidad.

Art. 8.º En materia de orden público, quedan reservados al Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los números 4, 10 y 16 del artículo 14 de la Constitución, todos los servicios de seguridad púbica en Cataluña, en cuanto sean de carácter extrarregional o suprarregional; la policía de fronteras, inmigración, emigración, extranjería y régimen de extradición y expulsión.

Corresponden a la Generalidad todos los servicios de policía y orden interior de Cataluña.

Para la coordinación permanente de ambas clases de servicios mutuos, auxilio, ayuda e información y traspaso de los que correspondan a la Generalidad, se creará en Cataluña, habida cuenta de lo ordenado en el artículo 20 de la Constitución, una Junta de Seguridad, formada por representantes del Gobierno de la República y de la Generalidad y por las autoridades superiores que, dependientes de una y otra, presten servicio en el territorio regional, la cual entenderá en todas las cuestiones de regulación de servicios, alojamientos de fuerzas y nombramiento y separación de personal.

Esta Junta, cuyo reglamento ordenará su organización y funcionamiento, de acuerdo con lo contenido en este artículo, tendrá una función informativa, pero la Generalidad no podrá proceder contra sus dictámenes en cuanto tengan relación con los servicios coordinados.

En cuanto al personal de los servicios de policía y orden interior de Cataluña atribuídos a la Generalidad, las propuestas de los nombramientos las hará su representación en la Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art.9.º El Gobierno de la República, en uso de su facultad y en ejercicio de sus funciones constitucionales, podrá asumir la dirección de los servicios comprendidos en el artículo anterior, en el  mantenimiento del orden interior en Cataluña, en los siguientes casos:

Primero. A requerimiento de la Generalidad.

Segundo. Por propia iniciativa, cuando estime comprometido el interés general del Estado o su seguridad.

En ambos casos será oída la Junta de Seguridad de Cataluña para dar por terminada la intervención del Gobierno de la República.

Para la declaración del estado de guerra, así como para el mantenimiento, suspensión o restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales, se aplicará la ley de Orden público, que regirá en Cataluña como en todo el territorio de la República.

También regirán en Cataluña las disposiciones del Estado español sobre fabricación, venta, tenencia y uso de armas y explosivos.

Art. 10. Corresponderá a la Generalidad de Cataluña la legislación sobre el régimen local, que reconocerá a los Ayuntamientos y demás corporaciones que cree plena administración en el gobierno y dirección de los intereses peculiares y les concederá recursos propios para atender los servicios de su competencia.

Esta legislación no podrá reducir la autonomía municipal a límites menores que los que señale la ley general del Estado.

Para el cumplimiento de sus fines, la Generalidad podrá establecer, dentro de Cataluña, las demarcaciones territoriales que estime convenientes.

Art. 11. Corresponden a la Generalidad de Cataluña la legislación exclusiva y la ejecución y dirección de las funciones siguientes:

A) Carreteras, ferrocarriles, canales, puertos y todas las obras públicas de Cataluña, salvo lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución.

B) Servicios forestales, agrónomicos y pecuarios, Sindicatos Agronómicos y Asociaciones y Sociedades agrarias, salvo lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 15 de la Constitución y salvo las leyes sociales designadas en el número 1 de dicho artículo.

C) Beneficiencia.

D) Sanidad interior, salvo lo dispuesto en el número séptimo del artículo 15 de la Constitución.

E) Establecimiento y ordenación de los servicios de contratación de mercancías y similares, conforme a las ormas generales del Código de Comercio.

F) Cooperativas, Mutualidades y Pósitos, con la salvedad, respecto a las leyes sociales, hecha en el párrafo primero del artículo 11 de la Constitución.

Art. 12. Corresponde a la Generalidad la legislación exclusiva en materia civil, salvo lo dispuesto en el artículo 14, número primero, de la Constitución, y la administrativa que le esté plenamente atribuída por este Estatuto.

La Generalidad organizará la administración de Justicia en todas las jurisdicciones, excepto en la militar y en la de la Armada, conforme a los preceptos de la Constitución y a las leyes procesales y orgánicas del Estado.

La Generalidad nombrará los jueces y magistrados con jurisdicción en Cataluña mediante concurso entre los comprendidos en el escalafón general del Estado. El nombramiento de magistrados del Tribunal de Casación de Cataluña corresponderá a la Generalidad, conforme a las normas que su Parlamento determine. La organización y funcionamiento del ministerio fiscal corresponde íntegramente al Estado, de acuerdo con las leyes generales. Los funcionarios de la justicia municipal serán designados por la Generalidad, según el régimen que establezca. Los nombramientos de secretarios judiciales y de personal auxiliar de la administración de justicia se harán por la Generalidad con arreglo a las leyes del Estado.

El Tribunal de Casación de Cataluña tendrá jurisdicción propia sobre las materias civiles y administrativas cuya legislación exclusiva esté atribuída a la Generalidad.

Conocerá, además, el Tribunal de Casación de Cataluña de los recursos sobre calificación de documentos referentes al Derecho privativo catalán que deban motivar inscripción en los Registros de la Propiedad. Asimismo resolverá los conflictos de competencia y jurisdicción entre las autoridades judiciales de Cataluña. En las demás materias se podrá interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo de la República o el procedente, según las leyes del Estado. El Tribunal Supremo de la República resolverá asimismo los conflictos de competencia y de jurisdicción entre los Tribunales de Cataluña y los demás de España.

Los registradores de la propiedad serán nombrados por el Estado.

Los notarios los designará la Generalidad mediante oposición o concurso, que convocará ella misma, con arreglo a las leyes del Estado. Cuando, conforme a éstas, deban proveerse las notarías vacantes por concurso  o por oposición entre notarios, deberán admitirse con iguales derechos los notarios del Estado y los de la Generalidad.

En cuantos concursos convoque la Generalidad serán condiciones preferentes el conocimiento de la lengua y del Derecho catalanes, sin que en ningún caso pueda establecerse la excepción de naturaleza o vecindad. Los fiscales registradores designados para Cataluña deberán conocer la lengua y el Derecho catalán.

Art. 13. La Generalidad de Cataluña tomará las medidas necesarias para la ejecución de los Tratados y convenios que versan sobre materias atribuídas total o parcialmente a la competencia regional en el presente Estatuto.

Si no lo hiciera en tiempo oportuno, corresponderá adoptar dichas medidas al Gobierno de la República, que, por tener a su cargo la totalidad de las relaciones exteriores, ejercerá siempre la alta inspección para el cumplimento de los referidos Tratados y convenios y para la observación de los principios del Derecho de gentes.

Todos los asuntos que revistan este carácter, como la participación oficial en exposiciones y Congresos internacionales y las relaciones de los españoles residentes en el extranjero o cualquiera otras análogas, serán de la exclusiva competencia del Estado.

Art. 14. La Generalidad estará integrada por el Parlamento, el presidente de la Generalidad y el Consejo ejecutivo.

Las leyes interiores de Cataluña ordenarán el funcionamiento de este organismo, de acuerdo con el Estatuto y con la Constitución.

El Parlamento, que ejercerá funciones legislativas, será elegido por un plazo no mayor de cinco años, por sufragio universal directo, igual y secreto.

Los diputados del Parlamento de Cataluña serán inviolables por los votos u opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.

El presidente de la Generalidad asume la representación de Cataluña. Asimiso representa a esta región en sus relaciones con la República y con el Estado y en las funciones cuya ejecución directa le estén reservadas al Poder central.

El presidente de la Generalidad será elegido por el Parlamento de Cataluña y podrá delegar temporalmente su función ejecutiva, mas no la de representación, en uno de sus consejeros.

El presidente y los consejeros de la Generalidad ejercerán las funciones ejecutivas y deberán dimitir de sus cargos en el caso de que el parlamento les negase de modo explícito la confianza.

Uno y otros son individualmente responsables ante el Tribunal de Garantías en el orden civil y criminal del Estatuto y de las leyes.

Art. 15. Todas las cuestiones de competencia que se susciten entre las autoridades de la República y de la Generalidad o entre las jurisdicciones de sus respectivos organismos serán resueltas por el Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual tendrá, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución, la misma extensión de competencia en Cataluña que en el resto de la República.

Art. 16. La Hacienda de la Generalidad de la Cataluña se constituye:

 a) Con el producto de los impuestos que el Estado cede a la Generalidad.

b) Con un tanto por ciento en determinados impuestos de los no cedios por el Estado.

c) Con los impuestos, derechos y tasas de las antiguas Diputaciones provinciales de Cataluña y con los que establezca la Generalidad.

Los recursos de la Hacienda de la Generalidad se cifrarán con sujeción a las siguientes reglas:

Primera. Un tanto por ciento sobre la cuantía que resulte de aplicar la regla anterior por razón de los gastos imputables a servicios que transfieran y que, teniendo consignación en el presupuesto del Estado, no produzcan pagos en Cataluña o los que produzcan en cantidad inferior al importe de los servicios.

Segunda. Una suma igual al coeficiente de aumento que experimenten en lo sucesivo los gastos de los presupuestos futuros de la República en los servicios correspondientes a los que se transfiera a la Generalidad de Cataluña.

Para cubrir las cuantías que resulten de aplicar las reglas anteriores, según el cálculo que realizará la Comisión mixta creada en el artículo 19 de este Estatuto, y que se someterá a la aprobación del Consejo de ministros, el Estado cede a la Generalidad:

I. La contribución territorial, rústica y urbana con los recargos establecidos sobre la misma, debiendo abonar a los Ayuntamientos las participaciones que les correspondan.

II. El impuesto sobre los derechos reales, las personas jurídicas y las transmisiones de bienes con sus recargos y con la obligación de aplicar los mismos tipos contributivos establecidos en las leyes del Estado.

III.El 20 por 100 de propios, el 10 por 100 de pesas y medidas, el 10 por 100 de aprovechamientos forestales, el producto del canon de superficie y el impuesto sobre las explotaciones mineras.

III. Una participación en las sumas que produzcan en Cataluña las contribuciones industrial y de utilidades, igual a la diferencia entre la cuantía de las contribuciones con sus recargos que se ceden en virtud de las tres reglas anteriores y el coste total de los servicios que el Estado transfiere a la región autónoma, todo ello referido al momento de la transmisión. Si con una participación del 20 por 100 no se cubriere dicha diferencia, se abonará el resto de la misma en forma de participación en el impuesto de Timbre en la proporción necesaria.

Cada cinco años se procederá por una comisión de técnicos nombrados por el ministro de Hacienda de la República y por la Generalidad a la revisión de las concesiones hechas en este artículo. Tanto los impuestos cedidos como los servicios traspasados a la Generalidad serán calculados con un aumento o con una rebaja igual a la que hayan experimentado unos y otros en la Hacienda de la República. La propuesta de esta Comisión será elevada a la aprobación del Consejo de ministros.

En cualquier momento el ministro de Hacienda de la República podrá hacer una revisión extraordinaria en el régimen de Hacienda del presente título, de común acuerdo con la Generalidad, y si esto no fuera posible, deberá someterse la reforma a la aprobación de las Cortes, siendo preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.

Art. 17. La Hacienda de la República respetará los actuales ingresos de las haciendas locales de Cataluña, sin gravar con nuevas contribuciones las bases de contribución de aquéllas.

La Generalidad podrá crear nuevas contribuciones que no se apliquen a las mismas materias que ya tributan en Cataluña a la República, y podrá dar una nueva ordenación a sus ingresos.

Los nuevos tributos que establezca la Generalidad no podrán ser obstáculo a las nuevas imposiciones que con carácter general cree el Estado, y en caso de incompatibilidad aquellos tributos quedarán absorbidos por los del Estado, con la compensación que corresponda.

En ningún caso la Ordenación tributaria de la Generalidad podrá dificultar el desarrollo del impuesto sobre la renta, que será tributo del Estado.

La Hacienda de la Generalidad podrá continuar recaudando por delegación de la Hacienda de la República, y con el mismo premio que éste tenga consignado en presupuesto, las contribuciones, impuestos y arbitrios que el Estado debe percibir en Cataluña, con excepción de los monopolios y de las Aduanas, con sus anexos.

Sin embargo, el Estado se reserva el derecho de rescatar la reecaudación de sus tributos y gravámenes en el territorio de Cataluña y de ordenarla libremente.

La Generalidad podrá emitir deuda interior, pero ni la Generalidad ni sus corporaciones locales podrán apelar al crédito extranjero sin autorización de las Cortes de la República.

Después de emitida la deuda, cuyo producto haya de invertirse en la creación o mejoramiento de servicios que en cuanto a Cataluña hayan sido transferidos a la Generalidad, ésta fijará las obras y los servicios de la misma naturaleza que se propone realizar con la participación que se le otorgue en el empréstito, dentro de un límite que no podrá exceder de una parte proporcional a la población de Cataluña con respecto a la población de España.

Los derechos del Estado en territorio catalán relativos a minas, aguas, caza y pesca, y los bienes de uso público y los que, sin ser de uso común, pertenezcan privativamente al Estado y están destinados a algún servicio público, como el fomento de la riqueza nacional, se transfieren a la Generalidad, excepto los que sigan afectos a funciones cuyo servicio se haya reservado el Gobierno de la República.

Dichos bienes y terrenos no podrán ser enajenados, gravados ni destinados a fines de carácter particular sin autorización del Estado.

El régimen de las concesiones de minas potásicas y de los posibles yacimientos de petróleo seguirán regiéndose por las disposiciones vigentes mientras el Estado no dicte nuevas limitaciones sobre estas materias.

El Tribunal de Cuentas de la República fiscalizará anualmente la gestión de la Generalidad en cuanto a la recaudación de impuestos que le sean atribuídos por delegación de la Hacienda de la República y la ejecución de servicios por encargo de ésta, siempre que se trate de servicios que tengan su consignación especial en los presupuestos del Estado.

Tanto los impuestos cedidos como los servicios transferidos a la Generalidad, serán calculados con un aumento o con una rebaja igual a la que hayan experimentado unos y otros, por la Hacienda de la República.

La propuesta de esta comisión será elevada a la aprobación del Consejo de ministros.

En cualquier momento el ministro de la República podrá hacer una revisión extraordinaria en el régimen de Hacienda del presente título, de común acuerdo con la Generalidad, y si esto no fuese posible deberá someterse la reforma a la aprobación de las Cortes, siendo preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.

Art. 18. Este Estatuto podrá ser reformado:

a) Por iniciativa de la Generalidad, mediante referéndum de los Ayuntamientos y aprobación del Parlamento de Cataluña.

b) Por iniciativa del Gobierno de la República y a propuesta de la cuarta parte de los votos de las Cortes.

En uno y otro caso será preciso para la aprobación (definitiva) de la ley de Reforma del Estatuto, las dos terceras partes del voto de las Cortes. Si el acuerdo de las Cortes de la República fuera rechazado por el referéndum de Cataluña, será menester, para que prospere la reforma, la ratificación de las Cortes ordinarias, subsiguientes a las que le hayan acordado.

Disposición transitoria

Artículo único. El Gobierno de la República queda facultado, dentro de los dos meses siguientes a la promulgación de este Estatuto, para establecer las normas a que han de ajustarse el inventario de bienes y derechos y la adaptación de los servicios que pasan a la competencia de la Generalidad, encargando la ejecución de dichas normas a una comisión mixta que designen por mitad el Consejo de ministros y el Gobierno provisional de la Generalidad, la cual deberá tomar sus acuerdos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros como mínimo, sometiendo, en caso necesario, sus diferencias a la resolución del presidente de las Cortes de la República.

Previo acuerdo con el Gobierno, la Generalidad fijará la fecha para la elección del primer Parlamento de Cataluña, con arreglo al mismo procedimiento de las elecciones a Cortes constituyentes.

Para las elecciones a que se refiere el párrafo anterior, el territorio de Cataluña se dividirá en las circunscripciones siguientes: Barcelona (ciudad), Barcelona (circunscripción), Gerona, Lérida y Tarragona. Las circunscripciones votarán un diputado por cada 4.000 habitantes, con el mínimo de catorce diputados por circunscripción.

Mientras no legisle sobre materias de su competencia, continuarán en vigor las leyes actuales del Estado que a dichas materias se refieran, correspondiendo su aplicación a las autoridades y organismos de la Generalidad, con las facultades asignadas actualmente a los del Estado.

(El Sol, 9 de septiembre de 1932.)