El Plan Hidrológico Nacional ha sido
una gran causa de enfrentamientos regionales.
Su objetivo principal, según lo
decretado por el PP, era transferir el agua del Ebro a las zonas más secas del
sureste peninsular, sobre todo a la Región de Murcia y a la Comunidad
Valenciana. El proyecto recibió el apoyo de los agricultores de estas zonas
secas, y fue respaldado por algunos gobiernos autonómicos socialistas,
incluyendo los de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.
La oposición
al Proyecto fue encabezada por el Partido Socialista, los grupos ecologistas,
los gobiernos autonómicos de Aragón y Cataluña (en este último caso por el
impacto que podría tener sobre el Delta del Ebro) y los ciudadanos que vivían
en las zonas próximas a la cuenca del Ebro. Los gobiernos de Aragón y Cataluña
así como diversas plataformas ecologistas como Ecologistas en Acción tacharon
al proyecto de pretender camuflar otros factores políticos y económicos, como
la especulación a gran escala en el levante. Ya que este desvio del agua era
principalmente para las urbanizaciones con campo de golf creadas por la
especulacion inmobiliaria apoyada por este gobierno en Valencia y Murcia.
Las principales críticas que recibió el proyecto consistían en que
dañaría el medio ambiente y privaría a los agricultores de Aragón y Cataluña
del agua necesaria. Por el contrario, el gobierno del PP afirmaba que no había
riesgo de un daño medioambiental serio y que cada año el Ebro vertía al mar 14
veces más de agua que la que se necesitaba para preservar el ecosistema. El 10
de marzo del 2002 se organizaron diversas manifestaciones, las más
multitudinarias fueron las de Barcelona y Zaragoza. Aunque el proyecto se
aprobó como decreto ley bajo el gobierno de Aznar, fue cancelado una vez el
PSOE llegó al Gobierno.
Narbona
no concretó en Bruselas su alternativa al trasvase del Ebro.
En
su primer viaje a Bruselas la ministra de Medio Ambiente comunicó la derogación
del trasvase del Ebro y prometió alternativas «en dos o tres semanas». (04/05/2004)
La
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, comunicó ayer oficialmente a la Comisaria
Europea del ramo, Margot Wallström, «la intención del Gobierno de derogar la
parte de la ley del Plan Hidrológico Nacional que se refiere al trasvase del
Ebro» y, a falta de proyectos concretos y finalizados para sustituirlo y pedir
ayuda a Bruselas por valor de 1.200 millones de euros, le anunció una serie de
«criterios básicos» que los guiarán.
«Esperamos
no perder la financiación que estaba prevista para el trasvase» en el plan del
anterior Gobierno, deseó Narbona al término de la reunión. «He explicado los
criterios básicos con los que pretendemos obtener los fondos», que proceden del
Fondo de Cohesión y del Feder, pero «los proyectos concretos serán enviados a
Bruselas en su momento», comentó la ministra, alegando que apenas hace dos semanas
que entró en funciones y que antes de acabar los trabajos desea concluir sus
reuniones con las cuatro Autonomías afectadas: Aragón, Cataluña, Murcia y
Comunidad Valenciana.
«Habiendo
trabajado sobre este tema varios años, ya nada me sorprende», comentó
Wallström, que dio «la bienvenida» a la comunicación de intenciones de la
ministra española y a su «aproximación global» a la cuestión. «Nos gustaría ser
informados lo antes posible» de los proyectos alternativos, le instó, señalando
que en un tema «tan sensible y tan controvertido» el Gobierno y la CE deben
tener en cuenta todos los elementos, «porque tiene que ver con un hecho
frustrante y que es real, que es la falta de agua, la sequía», además de la
«evaluación económica y los aspectos ambientales».
Aunque
la comisaria Wallström nada dijo al respecto, Narbona aseguró que en la
Comisión Europea «se mantenían dudas evidentes sobre el balance económico y
ambiental» del PHN.
El
Ejecutivo tenía previsto adoptar una decisión definitiva antes del verano, a la
luz de distintos informes de sus servicios. Uno de ellos, el de la Dirección
General de Medio Ambiente de la CE, fue filtrado hace pocos meses a la prensa y
expresaba serias dudas sobre el impacto ambiental del trasvase.
Plan
de Asignación de Emisiones
Los
técnicos que asesoran a la ministra apuntan que los proyectos alternativos al
trasvase, la mitad basados en la desalación, sumarán algo menos que lo que
hubiera costado el trasvase.
En
cuanto a las críticas por las emisiones de CO2 que generan este tipo de
instalaciones, el Ministerio alega, por una parte, que la transferencia del
agua de norte a sur requiere un consumo energético similar y, por otra parte,
apuntan a que en el futuro se podrán desarrollar desaladoras asociadas a
fuentes de energía renovables.
Tampoco
aportó la ministra otro documento esperado por la CE, el Plan Nacional de
Asignación de Emisiones de gases de efecto invernadero, la pieza clave para
cumplir el objetivo asignado por el Protocolo de Kioto. Wallström comentó que
entendía las dificultades ligadas a un cambio de Gobierno pero reclamó que le
sea presentado este programa «lo antes posible».
Un informe técnico
acredita que el consumo energético necesario para la desalación duplica el que
precisaría el trasvase del Ebro si éste no hubiera sido derogado.
El documento, titulado «La
«experiencia» de Almería» y elaborado por la Generalitat Valenciana a partir de
datos recabados por los propios técnicos de la Junta de Andalucía, concluye
que, en el supuesto de que las plantas de desalación muestren una eficiencia
alta, su consumo «es de 4kw/hm3, mientras que el consumo del trasvase es de
2kw/hm3».
El estudio analiza de
forma exhaustiva el rendimiento de las desaladoras instaladas en la provincia
de Almería, «una de las de España donde más plantas de estas características
están en marcha», basándose en conclusiones de la Junta andaluza. El diagnóstico
no puede ser más descorazonador, dado que éste incluye referencias a
rendimientos mínimos, a frecuentes averías, al oneroso precio del metro cúbico
que han de afrontar los regantes e incluso a alarmantes índices de vertidos de
salmuera al mar que han valido la imposición de varias sanciones por parte del
Gobierno de Manuel Chaves.
Sobre la planta de
desalación más grande de Europa, la de Carboneras, se indica que, «concluida
hace dos años, ha funcionado al 8 por ciento con tan sólo uno de los doce
módulos disponibles». También respecto a esta desaladora, el informe apunta la
circunstancia de que «está anexa a la central térmica de Carboneras», por lo
que «vierte al mar la salmuera mezclada con el agua que la térmica usa para su
refrigeración». La Junta de Andalucía abrió expediente sancionador a la planta
y ordenó la suspensión del vertido con fecha de pasado 18 de febrero por
«infracción muy grave».
Otras desaladoras de la
provincia, como la de Palomares, también han recibido multas por el vertido
incontralado de salmuera al Mediterráneo. La mala situación llega a niveles
extremos en el caso de la planta de Cabo de Gata, cuya agua desalada fue
declarada «con fecha de 17 de mayo por la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía como no apta para el consumo tras la decisión de la Unión Europea de
reducir los niveles de boro permisibles» en el agua destinada a uso humano.
El informe subraya también
el dispendio energético que va ligado al desarollo de la desalación como
alternativa hídrica al trasvase. Así, y singularmente en lo que se refiere a la
Comunidad Valenciana, los autores advierten de la posibilidad de que se
produzcan frecuentes saturaciones de energía cuando se haga necesaria la
conducción hasta el litoral de la potencia precisa para hacer funcionar las
desaladoras. «Por lo tanto, esto significa que la desalación llevará implícito
el planteamiento de la construcción de importantes líneas eléctricas y
subestaciones de alta tensión» que provocarán un relevante «impacto ambiental».
La salmuera
que producen las desaladoras es un peligro para la vegetación marina
La Ministra
Narbona, esa que quería bajar la velocidad máxima de los coches en autopistas,
autovías y nucleos urbanos para reducir las emisiones de CO2, la misma que
quería IMPONER un peaje para poder circular en coche por las ciudades (con lo
que podrian circular solo los ricos, una política netamente social), la misma
que en 1995 cuando era Secretaria de Estado de Obras Públicas con su compañero
sentimental Borrell del Ministro de Obras Publicas, remitieron una carta al
responsable de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, en la que defendían como
opción más económica el trasvase para Cataluña y Valencia, frente a las plantas
desaladoras.
Ahora defiende
que lo mejor y lo menos contaminante son las desaladoras. Es decir, ecologistas y gobernantes de las CCAA (excepto Andalucía, en la que Chaves apoya
las desaladoras de Narbona al mismo tiempo que cierra o multa las del Almería
por contaminación de Salmuera y CO2) siguen apoyando el trasvase del Ebro,
menos Narbona.
¿Por qué será?
¿Es racional acometer un plan de desalación que no soluciona el problema de las
Comunidades con falta de agua y perjudica a España, para hacer lo contrario de
lo que hizo el PP? Es curioso, el PP cometió errores, pero en general gobernó
bien, ahora el PSOE se empecina en hacer lo contrario que el PP, luego por
lógica está gobernando mal. Y lo peor es que se empieza a notar a todos los
niveles en tan solo 6 meses.
La ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó ayer su programa de Actuaciones para
la Gestión y Utilización del Agua (A.G.U.A.) en las cuencas mediterráneas, la
alternativa del Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular. El programa del
Agua supone apostar por las plantas de-saladoras, a pesar de las críticas de
las organizaciones ecologistas, que alertan de los vertidos de salmuera –agua hipersalina–
al mar y del incremento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera.
En total,
3.900 millones de euros de inversión que pretende, a juicio de la ministra, no
sólo mejorar la calidad y gestión del agua, sino que también incrementar la
disponibilidad de este recurso esencial. Las 105 actuaciones en las cuencas del
litoral Mediterráneo supondrán para 2005 un aumento de 1.063 hectómetros
cúbicos al año, 13 hm3 más que el antiguo Plan Hidrológico Nacional. No obstante,
a pesar de los datos, la única cuenca que incrementó sus cifras de hectómetros
cúbicos en proyecto respecto al Plan Hidrológico Nacional fue la Cuenca Sur.
Y por el
contrario, las cuencas del Segura, Júcar y Cataluña fueron las más
perjudicadas, respecto al antiguo Plan del PP.
Desalación,
reutilización, potabilización, presas, riegos y restauración corresponden,
entre otras actuaciones, a las 14 tipologías de acción de este programa,
muestra evidente de la reorientación política de agua del Gobierno actual,
frente al trasvase del Ebro.
Entre las
actuaciones urgentes destaca la instalación, remodelación y puesta en servicio
de un total de 21 desaladoras (siete en Alicante, seis en Murcia, cinco en
Almería y una en Barcelona, Málaga y Almería); 27 acciones respecto a riegos,
canales y conducciones, como, por ejemplo, la modernización de las
infraestructuras hidráulicas de los riegos tradicionales de Escalona,
Carcaixent, Sueca, Cullera y Cuatro Pueblos; más de 15 actuaciones en la reutilización
de aguas residuales; una decena de actuaciones sobre presas, embalses y balsas;
doce actuaciones en reutilización, y otras tantas en restauración y acondicionamiento,
son entre otras algunas de las tipologías de actuación urgente en las cuencas
mediterráneas.
Para Narbona,
«aportar agua y agua de calidad mediante actuaciones duraderas en el tiempo,
bajo criterios de eficiencia y calidad, para un desarrollo más sostenible», es
el objetivo de A.G.U.A.
Las actuaciones
del programa suponen una inversión de 3.900 millones de euros (3.800 millones
son las que aparecen reflejadas en el gráfico, y 100 millones a actuaciones no
cuantificables aún sugeridas por regantes y expertos), una cifra «similar a la
prevista por el Gobierno anterior pero que, en más de un año, aportarán más
recursos hídricos –un total de 1.063 hm3– para el litoral mediterráneo»,
aseguró la ministra de Medio Ambiente. No obstante, a pesar de los datos, la
única cuenca que incrementó sus cifras de Hm3 en proyecto respecto al antiguo
Plan Hidrológico Nacional fue la Cuenca Sur. Y por el contrario la Confederación
Hidrográfica del Ebro y de Cataluña fueron las más perjudicadas.
En la
Confederación Hidrográfica del Sur se pretender llevar a cabo 17 actuaciones,
bajo un coste total de 554 millones de euros, que supondrán según el informe
312 hectómetros cúbicos de agua más por año.
A la del
Segura se destinarán 1.336 millones de euros para de- sarrollar 24 actuaciones,
lo que conllevará un incremento de 336 hectómetros cúbicos anuales de este
recurso esencial.
Un total de
798 millones de euros serán asignados para la realización de 40 actuaciones que
supondrán una aportación anual de 270 hectómetros cúbicos de agua a la cuenca
del Júcar.
Los 1.100
millones restantes se destinarán a la Confederación Hidrográfica del Ebro y de
Cataluña para realizar 24 actuaciones, lo que supondrá un incremento de 145 hm3
al año.
«España es un
país con graves problemas de acuíferos sobreexplotados y con un bajo nivel de
conocimiento» de este recurso, manifestó la ministra. Con este programa, «que
se va a extender a toda España, hay más agua», añadió Narbona, quien precisó además
que no se trata únicamente de tener más cantidad de este recurso «sino que
también de calidad; calidad que ha de ser mejorada mediante el control del
origen de contaminación».
La titular de Medio Ambiente explicó que uno
de los criterios del proyecto es dar más autonomía, ya que «con soluciones más
autónomas e independientes avanzaremos más a un consenso para ver el agua no
como un motivo de conflicto» como fue la derogación del Trasvase del Ebro.
Frente a la postura de los ecologistas, la ministra hizo una defensa de las
desaladoras, porque «lo que hoy consumen es la mitad de energía y de costes que
hace diez años y, además, en la actualidad hay una directiva europea del agua
que especifica que es principal mantener los términos ecológicos de los ríos,
es decir, que lo primero es que cada cuenca opitimice el uso de sus propios
recursos» argumentó respecto a la derogación del trasvase del Ebro.
Y reiteró la opinión
de los expertos sobre que «el agua del mar es el agua del futuro».
España es el
cuarto país en producción de agua desalada (1,6 hectómetros cúbicos), tras
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
Este sistema
convierte a España, según Narbona, en un «país puntero» al respecto, y puso
como ejemplo el caso de una empresa española que trabaja en la desalinización
del Támesis, en Inglaterra. Sin embargo, a pesar de que el 97 por ciento del
agua del planeta está en los mares, la desalación tiene dos puntos negros,
como son las emisiones de dióxido de carbono (CO2) –salvo uso de energías
renovables– y la salmuera.
Así, las
plantas desaladoras producen un 50 por ciento de agua potable y otro tanto de
agua hipersalina que se vierte al mar. Este vertido de salmuera supone un
peligro para la vegetación marina, sobre todo para las praderas de Posidonia,
uno de los ecosistemas del Mediterráneo (como en Valencia) y una de las
prioridades de conservación de la Unión Europea.
Cristina
Narbona explicó el importante avance en energías renovables en el sector de la
desalación. Sin embargo, no todos los proyectos de desaladoras cuentan en la
actualidad con molinos de viento o placas solares para lograr autoabastecerse
de energía «limpias» y evitar así la elevada cantidad de emisiones de dióxido
de carbono que liberan las desaladoras a la atmósfera.
Tal como
explicó Miguel Torres, jefe del Área de Calidad de Aguas del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) las energías renovables es la
«asignatura pendiente» del sector de la desalación.
Asimismo,
Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, fue muy tajante: «Nadie
en su sano juicio puede plantearse un número de desaladoras equivalente al
volumen de agua del trasvase». Las críticas no se han hecho esperar desde
el Levante.
El conseller
de Infraestructuras de Valencia, García Antón criticó esta iniciativa, no sólo
porque no aporta nada nuevo sino por enfrentar a las diferentes autonomías. «La
ministra Narbona sólo quiere enmascarar la realidad», que no es otra que «se ha
eliminado un plan basado en la solidaridad entre todas las cuencas españolas
por un conjunto de actuaciones que ni llegarán antes ni traerán más agua».
Por su parte, el consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio
Cerdá, dijo que «Las alternativas que ha presentado Narbona es como la canción
del verano que repite y repite el estribillo, pero que no aporta nada nuevo».
Es época de
vacas gordas y pocos se acuerdan de que en verano no llueve. En España el agua
es un bien más que escasea o falta en algunas regiones y al Ministerio de Medio
Ambiente se le han acabado las ideas. Las desaladoras que se sacó de la manga
la defenestrada Cristina Narbona y que sirvieron de excusa para echar atrás el
Plan Hidrológico Nacional de Aznar se han demostrado desastrosas. Y cuando llegue
el verano, ¿qué?
El Ministerio
de Medio Ambiente ha roto con la etapa de Cristina Narbona en materia hídrica.
Lo ha hecho con la destitución del último cargo del equipo de la ex ministra, Adrián
Baltanás, quien desde la sociedad estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(Acuamed) era el encargado de hacer realidad el ambicioso plan de
desalinización incluido en el Programa AGUA, que debía reemplazar al derogado
Plan Hidrológico Nacional (PHN), según publica El Imparcial.
La destitución
de Baltanás ha confirmado el fracaso de la política del agua del Gobierno,
según la oposición.
El ambicioso
plan de desalinización dentro del Programa AGUA, que tenía que reemplazar al
derogado Plan Hidrológico Nacional, se ha quedado huérfano. El primer cambio en
política hídrica del Gobierno fue la sustitución de Cristina Narbona por Elena
Espinosa al frente del Ministerio de Medio Ambiente al comienzo de la
legislatura. Después, el pasado 30 de enero, fue el turno del encargado de
ejecutar las obras de las plantas desalinizadoras, Adrián Baltanás, mano
derecha de la anterior titular de Medio Ambiente.
Un informe
técnico acredita que el consumo energético necesario para la desalación duplica
el que precisaría el trasvase del Ebro si éste no hubiera sido derogado.
El documento,
titulado «La «experiencia» de Almería» y elaborado por la Generalitat
Valenciana a partir de datos recabados por los propios técnicos de la Junta de
Andalucía, concluye que, en el supuesto de que las plantas de desalación
muestren una eficiencia alta, su consumo «es de 4kw/hm3, mientras que el
consumo del trasvase es de 2kw/hm3».
El estudio
analiza de forma exhaustiva el rendimiento de las desaladoras instaladas en la
provincia de Almería, «una de las de España donde más plantas de estas
características están en marcha», basándose en conclusiones de la Junta
andaluza. El diagnóstico no puede ser más descorazonador, dado que éste incluye
referencias a rendimientos mínimos, a frecuentes averías, al oneroso precio del
metro cúbico que han de afrontar los regantes e incluso a alarmantes índices de
vertidos de salmuera al mar que han valido la imposición de varias sanciones
por parte del Gobierno de Manuel Chaves.
Sobre la
planta de desalación más grande de Europa, la de Carboneras, se indica que,
«concluida hace dos años, ha funcionado al 8 por ciento con tan sólo uno de los
doce módulos disponibles». También respecto a esta desaladora, el informe
apunta la circunstancia de que «está anexa a la central térmica de Carboneras»,
por lo que «vierte al mar la salmuera mezclada con el agua que la térmica usa
para su refrigeración». La Junta de Andalucía abrió expediente sancionador a la
planta y ordenó la suspensión del vertido con fecha de pasado 18 de febrero por
«infracción muy grave».
Otras
desaladoras de la provincia, como la de Palomares, también han recibido multas
por el vertido incontralado de salmuera al Mediterráneo. La mala situación
llega a niveles extremos en el caso de la planta de Cabo de Gata, cuya agua
desalada fue declarada «con fecha de 17 de mayo por la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía como no apta para el consumo tras la decisión de la Unión
Europea de reducir los niveles de boro permisibles» en el agua destinada a uso
humano.
El informe
subraya también el dispendio energético que va ligado al desarollo de la
desalación como alternativa hídrica al trasvase. Así, y singularmente en lo que
se refiere a la Comunidad Valenciana, los autores advierten de la posibilidad de
que se produzcan frecuentes saturaciones de energía cuando se haga necesaria la
conducción hasta el litoral de la potencia precisa para hacer funcionar las
desaladoras. «Por lo tanto, esto significa que la desalación lleva-rá implícito
el planteamiento de la construcción de importantes líneas eléctricas y
subestaciones de alta tensión» que provocarán un relevante «impacto ambiental».
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