La Audiencia Nacional ha condenado a 351 años de prisión a 29 de los 37 acusados en el juicio del "caso Gürtel" por las actividades de la trama corrupta entre 1999 y 2005. El tribunal ha impuesto la pena más alta, 51 años y once meses de cárcel, al líder de la red, Francisco Correa, y también ha condenado por blanqueo, delitos fiscales y apropiación indebida al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, en su caso a 33 años de prisión y al pago de una multa superior a los 44 millones de euros.
Asimismo, la Sala ha condenado al PP, con el voto en contra del magistrado Ángel Hurtado, como partícipe a título lucrativo al pago de 245.492 euros por haberse beneficiado de dinero de la trama, desconociendo su origen ilícito, en actos de campaña de los municipios madrileños de Pozuelo y Majadahonda en las elecciones de 2003. Del mismo modo, la ex ministra Ana Mato deberá devolver 27.857 euros por las fiestas de cumpleaños y comuniones y viajes pagados por empresas de Correa.
Ocho de los 37 acusados han resultado absueltos, entre ellos Álvaro Pérez "El Bigotes", actualmente en prisión tras su condena en el "caso Fitur". La esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, ha sido condenada a 15 años de prisión, lo que puede condicionar la estrategia procesal del ex tesorero en el próximo juicio por la "caja B" del PP.
El número dos de Correa, Pablo Crespo, ha sido condenado a 37 años y medio de prisión; el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, a 38 años y 3 meses; el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, a 31 años y 9 meses; el contable del entramado, José Luis Izquierdo, a 17 años y 7 meses y el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, a 14 años y 4 meses.
En la primera sentencia que dicta la Audiencia Nacional de la "trama Gürtel", los jueces consideran que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada. El fallo incluye 28 delitos de prevaricación que suman 194 años de inhabilitación para los condenados. Detalla, además, 24 delitos de cohecho que recaen sobre doce personas, 26 de blanqueo, 36
de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que once recaen en el matrimonio Bárcenas-Iglesias.
Un eficaz sistema de corrupción institucional
La sentencia, de 1.687 páginas, incluye un voto particular del presidente del tribunal, en el que Hurtado propone la absolución de Ricardo Galeote, Ángel Sanchís y su hijo, así como del ex consejero madrileño Carlos Clemente, además de oponerse a la condena al PP como partícipe a título lucrativo. Esas discrepancias hicieron que el magistrado renunciara a la ponencia, que pasaron a asumir los otros dos integrantes del tribunal, Julio de Diego y José Ricardo de Prada.
El Tribunal considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre el Grupo Correa y el PP se tejió en los municipios investigados -Estepona (Málaga), Madrid, madrileños de Majadahonda y Pozuelo- y en las comunidades autónoma de Madrid y Castilla y León, una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político. Pero además, según la Sala, se creó “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.
Estructura paralela contable en el PP
La sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras sociedades elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, “o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”.
Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “caja B” del partido, consistente “en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento”