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La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta siete años de cárcel a los once acusados del “caso Pretoria” de corrupción urbanística ligada a la vieja guardia de Convergència entre 2002 y 2009.
En la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Concepción Espejel, se condena a los acusados por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo.
El ex diputado del PSC Luis Andrés García Sáez, “Luigi”, ha sido condenado a 7 años, 1 mes y 27 días de prisión, mientras que al ex alcade de esta formación en Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, se le ha impuesto una pena de 5 años, 8 meses y 28 días de cárcel. Por su parte, el ex concejal Manuel Dobarco ha sido condenado a 8 años y 6 meses de inhabilitación.
Otros condenados son los ex consejeros de la Generalitat Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, a quienes la Sala ha impuesto penas que suman para cada uno 1 año, 11 meses y 27 días de prisión por delitos de tráfico de influencias y blanqueo al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión.
El tribunal da por probado que entre los años 2002 y 2009 en el área metropolitana de la provincia de Barcelona, en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, los condenados participaron en diversas operaciones urbanísticas que, en lugar de favorecer el interés público buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones, “ no amparadas en otras actividades comerciales lícitas, ganancias que ingresaron en sus patrimonios bien directamente o bien siendo canalizados a través de intermediarios, testaferros o sociedades ad ministradas o controladas de hecho por los mismos”.
La resolución acuerda el comiso de las ganancias ilícitas obtenidas en las tres operaciones urbanísticas enjuiciadas –Pallaresa, Niesma Y Badalona- que ascendieron a un total de 5.886.925,66 euros. Igualmente acuerda el comiso de las dádivas recibidas por Bartomeu Muñoz, por 1.144.724,55 euros; de las ganancias ilícitas obtenidas por Alavedra, que ascienden a 3.243.103,28 euros, así como de Prenafeta, por 5.193.170,01 euros.
La Sala concluye que el ex secretario de Presidencia de la Generalitat en la década de los 80 Lluis Prenafeta y el ex conseller de Economía Macià Alavedra intervinieron activamente en las operaciones de especulación inmobiliaria desplegadas en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona para favorecer a empresarios particulares. Según el tribunal, estos dos acusados, “sabedores de los contactos e influencias que Luis Andrés García tenía en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el mencionado García, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares”.
La Sala considera probado que García, Prenafeta y Alavedra se sirvieron de un complejo entramado societario, así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore para ocultar cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva, tanto por sus intermediaciones en diversas adjudicaciones como por eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública, “desvinculándolas de su origen y titularidad para aflorarlas con una apariencia lícita”.
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