42 DETENIDOS
39 detenidos en una macrooperación contra la corrupción en varios ayuntamientos
| La Policía Nacional desaloja el Ayuntamiento de Teruel para proceder a su registro (Foto: Efe) |
EL IMPARCIAL/Efe
Martes 03 de julio de 2018, 19:25h
La operación afecta a consistorios de Madrid, Barcelona, Asturias y León.
Un total de 580 policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han puesto en marcha este martes una macrooperación contra el presunto amaño de contratos de gestión del tráfico y multas en unos cuarenta ayuntamientos de toda España gobernados por el PP, PSOE y Ciudadanos. Hay consistorios implicados en Madrid, Cataluña, Castilla y León, Aragón y Asturias.
De momento, han sido detenidas al menos 42 personas -incluidos alcaldes, ediles, policías y empresarios- en la Operación Enredadera, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y por la Fiscalía Anticorrupción y que centra en los contratos adjudicados a Aplicaciones Gespol, una filial de Sacyr que comercializa radares para semáforos entre otros productos.
Entre los arrestados se encuentra el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, primer regidor de Ciudadanos detenido por corrupción -ya suspendido de militancia-; concejales; policías como los jefes de la Policía Local de Oviedo, Fuenlabrada y Pinto; y empresarios como dos responsables de Gespol y Jose Luis Ulibarri, investigado también en el caso Gürtel.
Ha trascendido también la detención de Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, y de dos responsables de Aplicaciones Gespol, empresa epicentro de esta trama y que desde 2016 pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.
Además, la UDEF ha realizado 92 registros y 21 requerimientos de documentación en ayuntamientos, despachos y sociedades.
Las detenciones, investigaciones y registros afectan a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó en 2010, cuando aún gobernaba el PP.
Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.
Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.
El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia:
Solo en Madrid se investigan los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto, Villanueva de la Cañada, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Parla, Torrelodones, Manzanares el Real, Galapagar, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar y Valdemorillo. Y fuera de Madrid en sedes consistoriales de Asturias (Oviedo), Castilla y León (León, San Andrés de Rabanedo, Villaquilambre); y otros municipios de las provincias de Barcelona (Mollet de Valles y de Tiana), Teruel, Huesca, Plasencia, Velez-Málaga, Zaragoza, León, Asturias (Oviedo), Palencia, Illescas (Toledo) y Lérida.
Además hay requerimientos en la Diputación de Alicante, ayuntamiento de Mataró, Montgat, Oineda de Mar, Premià de Mar, Rubi, La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), Logroño, O'Grove (Pontevedra), Sant Vicent del Rapeig (Alicante) y Vitoria.
Entre los detenidos que han trascendido está, además de los citados, los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada y Pinto (en Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) o la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa. Asimismo, ha sido llevado a declarar el jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga.
Las detenciones, investigaciones y registros afectan a ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos y se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó en 2010, cuando aún gobernaba el PP.
Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.
Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.
El listado de municipios afectados es muy amplio e incluye varias capitales de provincia:
Solo en Madrid se investigan los ayuntamientos de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto, Villanueva de la Cañada, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Parla, Torrelodones, Manzanares el Real, Galapagar, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar y Valdemorillo. Y fuera de Madrid en sedes consistoriales de Asturias (Oviedo), Castilla y León (León, San Andrés de Rabanedo, Villaquilambre); y otros municipios de las provincias de Barcelona (Mollet de Valles y de Tiana), Teruel, Huesca, Plasencia, Velez-Málaga, Zaragoza, León, Asturias (Oviedo), Palencia, Illescas (Toledo) y Lérida.
Además hay requerimientos en la Diputación de Alicante, ayuntamiento de Mataró, Montgat, Oineda de Mar, Premià de Mar, Rubi, La Cistérniga (Valladolid), El Puig y Gandía (Valencia), Logroño, O'Grove (Pontevedra), Sant Vicent del Rapeig (Alicante) y Vitoria.
Entre los detenidos que han trascendido está, además de los citados, los jefes de la Policía Local de Oviedo, de Fuenlabrada y Pinto (en Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) o la concejala de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa. Asimismo, ha sido llevado a declarar el jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga.
De los 42 detenidos, 18 pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, del que parte toda la investigación, y otros cinco a uno de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada, han informado a Efe fuentes policiales. El resto será puesto en libertad.
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