Ainhoa Martínez.
- @ainhoa_mhoyos
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Hace 7 horas
Cataluña será el principal reto al que se enfrentará Pedro Sánchez en su corto mandato. Tanto Gobierno como Generalitat asumen que no habrá un cambio radical en la cuestión territorial, pero sí pequeños gestos que faciliten la distensión del conflicto. Un nuevo escenario a «explorar» tras el bloqueo de los últimos meses ante el que unos y otros miden sus expectativas. Se puede decir que los caminos de Sánchez y Quim Torra nacen ligados casi desde su inicio. De forma prácticamente paralela se produjo el sábado la toma de posesión de ambos como presidentes. Un capricho del destino al que se suma, a su vez, el levantamiento de la intervención que pesaba sobre el autogobierno catalán desde octubre, ya que una vez que todos los consejeros del Govern accedieron a sus cargos de forma legítima, la aplicación del artículo 155 de la Constitución desaparece.
Cuestión distinta es la intervención financiera que pesa sobre las cuentas de la Generalitat. A pesar de que el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, señalara que «ya no hay 155 ni intervención de las finanzas y desde el mismo lunes levantaremos la intervención financiera por decisión del Govern de Cataluña», desde el PSOE se advierte de que aunque el levantamiento del 155 es «automático», el control financiero no, ya que esta supervisión se ejecutó de manera «independiente». De este modo, fuentes del nuevo Ejecutivo central advierten de que «hasta que no haya un gobierno funcionando, no se tomarán decisiones al respecto». Cabe destacar que este asunto y el referente a los presos estarán en el centro del debate auspiciado por la Generalitat, aunque Sánchez asegure que no se pactó ninguna contrapartida con los partidos independentistas para granjearse su apoyo en la moción de censura.
Será, por tanto, el nuevo ministro de Hacienda quien valore la situación y si cabe el mantenimiento de la supervisión financiera. El PSOE no es contrario a continuar con esta vigilancia como así se pactó con el Gobierno de Mariano Rajoy en la última reunión que Sánchez mantuvo en la Moncloa como líder de la oposición. Entonces, llegaron a cinco acuerdos, entre ellos, hacer extensiva la vigilancia en el cumplimiento de la legalidad a «los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat a fin de garantizar que se destinen al cumplimiento del interés general» y no para fines independentistas. Una actuación en los términos en que se ha venido haciendo desde la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el año 2015 y que es aplicable a todos los territorios que no cumplen el objetivo de déficit.
Fuentes del PSOE consultadas por LA RAZÓN apelan a la prudencia en estos momentos de extrema interinidad y señalan que ni el mantenimiento de la intervención de las cuentas ni su levantamiento se han hecho «explícitos todavía». Apuntan, no obstante, a lo que llaman el «control del gasto», una fórmula más suavizada que permita supervisar que los independentistas no incurren en desembolsos vinculados a la deriva ilegal. A pesar de que Sánchez moderó sobremanera su tono hacia los soberanistas en su discurso de la moción de censura, haciendo continuas apelaciones al diálogo en lugar de reproches, sí mantuvo intacto su compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley. En este supuesto sí que son taxativos en el PSOE al asegurar que en caso de que el nuevo Govern recupere la vía unilateral de incumplimiento de la legalidad, se pondrán en marcha todos los mecanismos del Estado, entre los que se prevé la aplicación de un 155 «distinto», tal y como señaló Sánchez en una entrevista en este diario, que podría pasar por la intervención de TV3 o de algunas competencias como la Educación.
Antes de forzar este escenario, se prevé que Sánchez haga de nuevo guiños al entendimiento con Cataluña en la composición de su gabinete. En las quinielas surge el nombre de Meritxell Batet como «perfecta»interlocutora para desbloquear la situación o incluso la creación de un ministerio específico que atienda la Política Territorial para ubicar esta cuestión como una prioridad del nuevo Ejecutivo. Sin embargo, los socialistas son conscientes de la debilidad de su gobierno y de la eventualidad del mismo, una situación que les obliga a actuar con prudencia y no extralimitarse en sus movimientos, ante la inminencia de los comicios municipales y autonómicos –donde gestos mal entendidos pueden ser catastróficos para las expectativas electorales de los socialistas– y también nacionales.
El escaso margen de ejecución del PSOE llega hasta el Congreso, donde serán incapaces de acometer la reforma de la Constitución que tanto ansían, en esta legislatura de consensos imposibles en materia territorial.
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