SÁNCHEZ NO PEDIRÁ SU DIMISIÓN HASTA QUE NO HAYA JUICIO
El PSPV suspende de todos sus cargos al presidente de la Diputación de Valencia
| (Foto: Efe) |
Luis Vera
Miércoles 27 de junio de 2018, 23:42h
Jorge Rodríguez, detenido por delitos de prevaricación y malversación.
El PSPV propone suspender de todos sus cargos al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, detenido esta mañana en el marco de la "operación Alquería". Los socialistas han convocado a las 22:30 horas una reunión urgente para analizar la situación y el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha propuesto a Toni Gaspar -el actual vicepresidente de la entidad- como su sustituto.
El también alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido esta mañana durante una operación contra la corrupción coordinada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Junto a él, hay otras cinco personas detenidas, entre ellas su jefe de Gabinete, Ricard Gallego y los gerentes de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra, Agustina Brines y Javier Simó.
La causa, declarada secreta, se abrió por presuntos delitos deprevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.
En el marco de la llamada "operación Alquería", agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado esta mañana registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.
El también alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido esta mañana durante una operación contra la corrupción coordinada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia. Junto a él, hay otras cinco personas detenidas, entre ellas su jefe de Gabinete, Ricard Gallego y los gerentes de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra, Agustina Brines y Javier Simó.
La causa, declarada secreta, se abrió por presuntos delitos deprevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.
En el marco de la llamada "operación Alquería", agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado esta mañana registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.
El juez autoriza la entrada y registro en varias viviendas particulares, incluida la del propio Rodríguez y de los otros dos detenidos
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del propio presidente de la Diputación y otros investigados.
En el dispositivo, que se ha activado a las 7:30 horas con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia, según el TSJCV, que añade que la investigación sigue abierta.
Las contrataciones en Divalterra habían sido objeto de denuncia por parte de los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos. En abril, la formación naranja denunció ante la Fiscalía Anticorrupción supuestas ilegalidades en la contratación de cargos de alta dirección en Divalterra. Siete contratos que, según el informe, suponían un coste de 75.000 euros al año para la empresa pública.
En el dispositivo, que se ha activado a las 7:30 horas con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia, según el TSJCV, que añade que la investigación sigue abierta.
Las contrataciones en Divalterra habían sido objeto de denuncia por parte de los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos. En abril, la formación naranja denunció ante la Fiscalía Anticorrupción supuestas ilegalidades en la contratación de cargos de alta dirección en Divalterra. Siete contratos que, según el informe, suponían un coste de 75.000 euros al año para la empresa pública.
"Tiene que ser otra cosa"
El vicesecretario general de la Diputación de Valencia, el también socialista Manolo Mata, ha dicho que le "cuesta creer" que "por unos contratos irregulares" se haya lanzado semejante operativo. "Tiene que ser otra cosa", ha opinado. "Puede haber unos contratos mal, enchufar a alguien, eso pueden ser un delito, pero la detención y los registros de domicilios es una medida muy extrema y tiene que ser otra cosa porque no puede ser eso", ha añadido.
Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que asuma responsabilidades por la supuesta corrupción. En un mensaje en Twitter, ha preguntado a Podemos y los demás "socios" del PSOE si creen que es "más asumible" la corrupción de los socialistas.
Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que asuma responsabilidades por la supuesta corrupción. En un mensaje en Twitter, ha preguntado a Podemos y los demás "socios" del PSOE si creen que es "más asumible" la corrupción de los socialistas.
¿Pedro Sánchez va a dar explicaciones y asumirá responsabilidades por la corrupción de su partido?
Lo mismo ha exigido la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, que ha pedido al president de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, que tome "cartas en el asunto" y, "por coherencia", cese al presidente de la Diputación Jorge Rodríguez. Una petición que también comparte Podemos: "Hay hechos suficientes para pedir su dimisión".
Por su parte, el PSOE no prevé pedir la dimisión ni suspender de militancia a Jorge Rodríguez hasta que no se le notifique un procedimiento abierto contra él. El propio Sánchez ha recordado que eso es lo que establece el código ético del PSOE y que la intención de la dirección federal es respetarlo: "No puede ser de otra manera", ha dicho el presidente.
Código ético del PSOE
El código ético de los socialistas obliga a sus cargos públicos y orgánicos a dimitir en el momento en el que le comuniquen que se le abre juicio oral por un procedimiento penal.
Si no lo hacen, el partido les suspenderá cautelarmente de militancia o les expulsará, en función del caso.
La Diputación de Valencia está gobernada por un cuatripartito, con el PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida con las carteras repartidas. La posible caída de Rodríguez abriría un panorama absolutamente incierto en el gobierno de la corporación provincial.
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