Uno de los cientos de documentos remitidos por Francia que se incautaron en operaciones contra ETA ha permitido, por primera vez, esclarecer un asesinato: el perpetrado el 22 de octubre de 2000 contra el funcionario de prisiones y jefe de servicios de la cárcel de Nanclares de Oca Máximo Casado Carrera, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. En concreto, se trata de la «kantada» del «comando Ttotto», que fue encontrada en poder de una de las responsables del «aparato militar», Ainoa García Montero, «Laia», detenida el 10 de mayo de 2003 en Saintes, localidad próxima a La Rochelle.
La «kantada» es un papel que todos los etarras detenidos debían remitir a la «dirección» de la banda, en el que contaban los detalles del arresto, lo que habían contado a las Fuerzas de Seguridad, descripción de los agentes que les habían tomado declaración, atentados cometidos, etcétera.
Hasta ahora se sabía quiénes habían hecho la información sobre la víctima, sus costumbres, dónde aparcaba el coche, en el que los pistoleros colocaron una bomba-lapa, etcétera. Sin embargo, se desconocía quienes habían sido los autores materiales.
Entre los objetos remitidos por las autoridades galas figuraba, además de cientos de armas, la citada «kantada» del «comando Ttotto», en el que estaban integrados los supuestos asesinos: Íñigo Guridi Lasa; Asier Arzalluz; y Aitor Aguirrebarrena. Gracias a la Guardia Civil, bajo la coordinación de la Fiscalía, la Audiencia Nacional ha procesado por el asesinato de Casado a los tres individuos junto a su jefe en Francia, García Gaztelu, «Txapote».
Este grupo criminal etarra fue responsable también del asesinato del columnista de «El Mundo» José Luis López de Lacalle y del atentado que costó la vida a dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca), Irene Fernández y José Ángel de Jesús Encinas, al explotar un artefacto que los terroristas habían colocado en el coche oficial.
La Audiencia Nacional condenó en su día a Zigor Bravo Sáez de Urabain y a Juan Carlos Subijana por haber facilitado la información que permitió la realización del atentado. El primero de ellos era vecino del funcionario por lo que no tuvo dificultades para obtener datos sobre su dirección, vehículo y su plaza de garaje.
La bomba-lapa fue colocada en los bajos del Citroën Xsara de Casado, que estalló a las 7:45 horas en el número 80 de la calle Beato Tomás de Zumárraga de la capital alavesa. La explosión provocó la muerte en el acto del funcionario de prisiones, que estaba casado y tenía una hija de 12 años.
Entre las pruebas valoradas por el tribunal para condenar a Zigor Bravo, figura el testimonio de la viuda de Casado, que aseguró ante el tribunal que recordaba haber visto al acusado en el inmueble en el que vivían y que incluso le relacionaron con un escrito amenazante.
Este individuo y Subijana fueron condenados a 25 años de prisión como autores de un delito de asesinato terrorista. El tribunal subrayó en la sentencia la «repugnancia que genera por su especial perversidad» que la información hubiera sido transmitida por una persona que había sido su vecino, en las instalaciones comunes «que comparten» y «aprovechando el conocimiento que genera esta especial relación de vecindad». El tribunal califica también como relevante el resultado de los registros efectuados en los domicilios de los acusados, así como en la referida casa de Francia en la que se escondía la cabecilla de ETA, Ainoa García Montero, donde se encontraron unos documentos que coinciden con los requisados a los dos etarras.
Entre dichos documentos, la Sala destaca uno encontrado en el domicilio de Subijana en el que consta la expresión «carcelero».
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