Ainhoa Martínez.
- @ainhoa_mhoyos
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Hace 18 horas
Quedan cuatro días para la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. En La Moncloa las horas que restan hasta este encuentro se están viviendo como una suerte de cuenta atrás, en la que cada movimiento y declaración se miden al milímetro para no dar al traste con la «operación distensión» que se ha puesto en marcha. «Llevamos días manteniendo la calma y mordiéndonos la lengua. Eso no va a cambiar ahora», señalan fuentes gubernamentales, que no ocultan la «ansiedad» que está generando el encuentro. La consigna es crear el clima más propicio para que la cita se salde con algún resultado positivo, «aunque solo nos emplacemos a seguir dialogando en las comisiones bilaterales, habrá sido un éxito». Por ello, el Ejecutivo ha condicionando sobremanera el discurso de Sánchez en los últimos días, que ha adoptado una actitud condescendiente respecto a las provocaciones del líder catalán, para evitar comprometer el éxito de la normalización de las relaciones entre las instituciones que ambos lideran. Sin embargo, la moderación en el discurso del presidente no está teniendo su reflejo en el tono del propio Torra, que va «in crescendo» en sus exigencias y desplantes ante la pasividad de Sánchez.
Si la persistencia «inquebrantable» del jefe del Ejecutivo por no agraviar al de la Generalitat contrasta con sus propios pronunciamientos de hace un mes, cuando le calificaba de «xenófobo» y «supremacista», también lo hace con los de algunos miembros de su Gabinete que sí reaccionan a las afrentas del líder catalán. El enfrentamiento entre el presidente de la Generalitat y el embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés, ya explicitó estas diferencias. Mientras que Sánchez –lejos de censurar el comportamiento de Torra– se limitó entonces a puntualizar que en España no hay presos políticos, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, salió en defensa del diplomático aplaudiendo su actitud porque «no podía permanecer impasible ante los ataques dirigidos contra España y su sistema judicial». Esta situación se ha vuelto a repetir en las comparecencias que están realizando los miembros del Ejecutivo en el Congreso para explicar su programa de gobierno. Mientras la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, defendía ayer que Torra tiene «derecho a exponer lo que considere conveniente» en su encuentro con Sánchez en La Moncloa, en alusión a las presiones independentistas para que se incluya en el orden del día de la reunión el referéndum de autodeterminación, Borrell intervenía en una sala contigua al mismo tiempo, alentando a los embajadores españoles a obrar siguiendo el ejemplo de Morenés. Así, anunció que su ministerio ha cursado a todas las legaciones diplomáticas españolas la intervención con la que Morenés desmontó el relato independentista –con alusiones a «presos políticos» incluidas– «para decirles que en cualquier ocasión en la que se produzca una situación parecida reaccionen exactamente de la misma manera». «Ningún embajador de España puede quedarse sentado escuchando cómo se descalifica a su país con cosas que, además, no son verdad», informa Andres Rojo.
Los guiños de Moncloa hacia la Generalitat para destensar la relación comenzaron desde el primer Consejo de Ministros. Entonces, el Ejecutivo decidió levantar el control del gasto que ejercía sobre Cataluña. Una medida que ya anunció Cristóbal Montoro, como consecuencia del levantamiento del 155, pero que el Gobierno vendió públicamente como un «gesto» para normalizar la situación. También en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, hizo gala de este medido silencio para evitar criticar el desplante de Torra al Rey en la antesala de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona. Bajo la premisa de la distensión se evitó afear abiertamente la actitud del presidente de la Generalitat. «Nosotros nos vamos a mantener en este tono de distensión que nos parece tan importante para abrir los procesos de diálogo», señaló entonces Celaá.
